La adjudicación de contratos públicos por parte de la Administración navarra lleva meses en el punto de mira. El conocido como 'caso Koldo' y las actividades de varios empresarios vinculados a Santos Cerdán y el exasesor ministerial en la tierra natal de ambos han puesto en entredicho el cumplimiento por parte del Ejecutivo de María Chivite de la Ley Foral de Subvenciones o de Contratos Públicos.

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Además de las pesquisas dirigidas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que acabaron con la entrada en prisión del exdiputado navarro (puesto en libertad desde el pasado 19 de noviembre), José Luis Ábalos y el que fuera su mano derecha, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra ha iniciado al menos dos investigaciones que apuntan a la existencia de notables irregularidades en contratos públicos adjudicados por el Ejecutivo del PSOE de Navarra por valor de 86 millones de euros.

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El último informe emitido por Anticorrupción de Navarra el pasado 15 de enero, al que ha tenido acceso El Independiente, apunta a la existencia de actuaciones "constitutivas de irregularidades en materia de contratación pública" en cuatro contratos adjudicados a la misma empresa por 797.692 euros. El órgano independiente señala que existen indicios de que la Administración pudo fraccionar "el contrato indebidamente" para evitar tener que abrir un concurso público para las obras de construcción y urbanización del parque de naturaleza Sendaviva, incendiado en 2022.

El organismo insiste en que existe entre los cuatro contratos adjudicados a Adentro Construimos SL -empresa señalada por Vox por haber realizado la reforma integral del piso de Ramón Alzórriz, entonces 'número dos' de los socialistas navarros-, "una unidad funcional que los haría inseparables para el logro de la misma finalidad". Es decir, que estos cuatro contratos podrían haberse unificado en una sola licitación pública.

"No parece que exista una razón objetiva", apunta la Oficina Anticorrupción, para que el Gobierno navarro optara por fraccionar la adjudicación en cuatro contratos por un valor escasamente inferior a los 200.000 euros, cantidad a partir de la cual se debe realizar un concurso público.

El informe alerta también sobre la ejecución de trabajos fuera de presupuesto que fueron facturados 'a posteriori' sobre los cuales "no se ha encontrado en los expedientes remitidos por el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo justificación alguna". "Estos trabajos por estos importes no figuraban en los proyectos originales en los que se fijó el valor estimado de cada contrato por debajo de 200.000 euros, IVA excluido. Con estos trabajos fuera de presupuesto el importe superaría los 200.000 euros, por lo que de haberse incluido en el proyecto original no habría podido licitarse por el procedimiento simplificado", reza el escrito.

La existencia de irregularidades administrativas en contratos concedidos por el Gobierno de Navarra, con María Chivite como presidenta, no es algo exclusivo de las obras para la remodelación del parque de naturaleza Sendaviva, ya el 12 de septiembre la Oficina Anticorrupción de Navarra emitió un informe tras haber detectado irregularidades administrativas en algunas de las adjudicaciones que el Gobierno foral le pidió que analizara tras darse a conocer el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del el 'caso Koldo'.

Irregularidades en la obra el túnel de Belate

En concreto, se encontraron irregularidades en el proceso de adjudicación de las obras para la duplicación del túnel de Belate por 62,8 millones. Posteriormente, se aprobó la ampliación del presupuesto para el contrato concedido a la UTE formada por Acciona y la empresa vinculada a Santos Cerdán, Servinabar 2000 SL, alcanzando así los 76 millones.

En este caso las irregularidades halladas en el contrato, que sí fue sometido a concurso público, concedido a dos de las empresas investigadas en el conocido como 'caso Koldo', eran referentes a la actuación de algunos miembros de la mesa de contratación. La OANA concluyó que dicha adjudicación es nula de pleno derecho al haberse concedido sin la convocatoria de una reunión presencial.

El órgano independiente alertó de que las actas incluidas en el expediente fueron confeccionadas tras "el intercambio de correos electrónicos entre los miembros de la mesa", eso sí, sin que para ello se convocara una reunión al efecto, "ni se aprobara norma alguna que estableciera un plazo" para el intercambio de dichas comunicaciones o para la adopción de acuerdos".

Otro de los contratos señalados por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra por presuntas irregularidades es la adjudicación por 8,3 millones para las obras de construcción de 46 viviendas públicas en Ripagaina (Pamplona). En este caso se detectaron deficiencias formales como la falta de informes previos y fue adjudicado a la UTE formada por Acciona y la empresa de Antxón Alonso.

La conexión entre estos contratos señalados por presuntas irregularidades por la OANA, tienen un nexo común en la figura del 'exnúmero dos' del PSN, Ramón Alzórriz. La empresa adjudicataria de las obras de construcción y urbanización del parque de naturaleza Sendaviva, fue la encargada de realizar la reforma en la vivienda del exalto cargo socialista. Además, la pareja de Alzórriz trabajó para la empresa vinculada a Cerdán entre 2021 y 2024, época en la que la entidad se benefició de diferentes obras públicas adjudicadas por el Gobierno de Chivite.

Este hecho denunciado por Vox en su querella presentado ante los juzgados de instancia de Pamplona, provocó la dimisión de Alzórriz. Ahora, el Juzgado de Instrucción Número 5 de Pamplona ha abierto diligencias previas por los cuatro contratos fraccionados concedidos a Adentro Construimos SL.