El Gobierno y Podemos han alcanzado un acuerdo para poner en marcha una regularización extraordinaria de personas migrantes mediante un real decreto que no requerirá convalidación parlamentaria. La medida, que podría beneficiar a más de un millón de personas, permitirá acceder a la regularización a quienes acrediten al menos cinco meses de residencia en España y se aplicará hasta el 30 de junio.

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Según fuentes de Podemos, el acuerdo se ha negociado durante meses y se articulará a través de un real decreto , lo que permitirá su aprobación directa por el Consejo de Ministros. La formación sostiene que se trata de una medida "urgente y de justicia social" destinada a reconocer derechos básicos a personas que viven y trabajan en España en situación administrativa irregular.

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La regularización extraordinaria beneficiará a aquellas personas que acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales relevantes y hayan permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de presentar la solicitud. Este requisito podrá demostrarse mediante documentos como el padrón, informes médicos, certificados de asistencia a recursos sociales, contratos de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.

Con la presentación de la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso. Una vez admitida a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos como la asistencia sanitaria. En caso de resolución favorable, se otorgará una autorización de residencia por un año, tras la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

Con este Real Decreto, el Ejecutivo retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por más de 700.000 firmas y cuya toma en consideración fue apoyada en 2024 por todos los grupos parlamentarios menos Vox (310 votos a favor y 33 en contra), aunque sigue varada en la Cámara Baja. El texto entró en el Parlamento antes, en la pasada legislatura, pero no decayó porque las ILP no decaen cuando se disuelven las Cortes. Aunque en esta legislatura ha dado algunos pasos, la difícil artimética parlamentaria no ha permitido que avance más allá de su toma en consdieración.

Dada la situación, grupos parlamentarios como Sumar o Podemos se inclinaron por que el Ejecutivo aprobara un decreto que no requiriera de validación parlamentaria. Paralelamente, el Ejecutivo aprobó el año pasado la modificación del nuevo Reglamento de Extranjería, que entró en vigor el 20 de mayo, con el objetivo de dotar de flexibilidad al sistema y concretamente a la regularización por arraigo, pero con la advertencia de diferentes organizaciones de que dejaba en el limbo a los solicitantes de asilo rechazados, que no podrían optar a esa regularización, y la presentación por este motivo de un recurso ante el Tribunal Supremo para invalidar la norma.

Para intentar arreglar esta situación, el PSOE presentó a los grupos de la Cámara Baja también en mayo de 2025 una propuesta para regularizar a los migrantes que hubiesen llegado a España antes del 31 de diciembre de 2024, a través de una "autorización de circunstancias excepcionales única". El objetivo era desbloquear la tramitación de la ILP con unas negociaciones que lideró la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.

De 107.000 personas en 2017 a 840.000 en 2025

Precisamente, este mismo lunes Funcas ha hecho una estimación del número de migrantes en situación irregular en España -del que no hay estadísticas oficiales-. Según su investigación, la cifra habría aumentado un 685% en los últimos ocho años, pasando de 107.000 personas en 2017 a 840.000 en 2025. De este modo, indica que la irregularidad afectaría a un 17,2% de la población extranjera no comunitaria que vive en el país.

Del total de personas en situación irregular, según el estudio, el 90,4% pertenecen al continente americano, es decir, 760.000 migrantes. Entre ellos, colombianos (290.000), peruanos (110.000) y hondureños (90.000). En cuanto a los migrantes procedentes de África, contabiliza a unas 50.000 personas; de Asia, unas 15.000; y de Europa, 14.000.

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, durante el período comprendido entre el 20 de mayo -entrada en vigor de la flexibilización del arraigo- y el 31 de octubre del año pasado, 95.000 personas vieron regularizada su situación por alguna de las vías de arraigo.