Tres guardias civiles destinados en la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Madrid (USECIC) se sientan en el banquillo acusados de haber cometido, presuntamente, una cadena de delitos mientras se encontraban en servicio activo, principalmente en el entorno de la Cañada Real Galiana.

Según la Fiscalía de Madrid, los agentes actuaron “abusando del ejercicio de su cargo y prevaliéndose del mismo”, desarrollando una dinámica continuada en la que el robo, la intimidación, las agresiones y el acceso a información confidencial de la Benemérita se convirtieron en herramientas para extorsionar y proteger a terceros.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso El Independiente, sostiene que uno de los acusados utilizó de forma continuada los sistemas informáticos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para localizar a personas con causas judiciales pendientes y poder chantajearlas. En febrero de 2020, el agente averiguó, “haciendo un uso indebido de las bases de datos”, que Javier J., consumidor habitual de drogas de la Cañada Real, tenía en vigor una orden de búsqueda y detención para ingreso en prisión.

500 euros a cambio de "no denunciarlo"

Lejos de actuar conforme a su obligación legal, el acusado aprovechó esa información para iniciar un chantaje económico. Según la Fiscalía, obligó a Javier J. a entregarle dinero “a cambio de no denunciarlo”, instaurando un sistema de pagos periódicos. El escrito cifra en “una cantidad total de 8.000 euros” el dinero obtenido mediante esta extorsión continuada, sostenida gracias al conocimiento de la situación judicial de la víctima.

La acusación detalla que esa presión se articulaba también a través de terceros. El 14 de julio de 2020, el guardia civil envió desde su teléfono móvil “una foto de Javier J. y un pantallazo con datos internos de la Guardia Civil a M. M., una persona que frecuentaba la Cañada Real y que colaboraba en ocasiones con él. Junto a esa información reservada, el agente escribió: “Qué pasa niño dile a Javier de los cojones que todas las semanas me tiene que dar 500 pavos que si no hago una nota informativa y le rompo la cara”.

Pese a conocer que sobre Javier J. pesaba una orden judicial firme de ingreso en prisión dictada por el Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga, el acusado “no procedió a ponerlo a disposición judicial”. Para la Fiscalía, esta omisión deliberada no fue casual, sino el elemento que permitía mantener vivo el chantaje, ya que mientras la orden no se ejecutara, el pago semanal continuaba.

"Lolo" tenía una orden de ingreso en prisión

El escrito recoge también un segundo bloque de hechos centrado en la relación del acusado con M. M., que constituye, a ojos de la Fiscalía, otro ejemplo del uso ilícito de las bases de datos policiales. El 22 de septiembre de 2020, tras intercambiar mensajes por WhatsApp, el agente accedió “aprovechando su condición de agente de la Guardia Civil” a consultar la situación procesal de "Lolo", quien tenía abierto un expediente y tenía vigente una orden de ingreso en prisión.

El resultado de la consulta fue trasladado directamente al interesado mediante mensajes breves y técnicos: “Penal 4”, “Hasta enero 2025”, “3 años de prisión. Denegada suspensión de sentencia”. Ese mismo día, el acusado volvió a realizar una nueva consulta en las bases policiales “sin estar justificada”, repitiendo una conducta que, según la Fiscalía, no respondía a ninguna necesidad operativa.

El intercambio continuó días después. El 2 de octubre de 2020, ante el mensaje de M. M. M. —“Qué es que hay de nuevo”—, el acusado respondió: “Hay que vernos macho”, antes de volver a acceder al expediente judicial. Para el Ministerio Público, estas consultas reiteradas evidencian un uso personal y consciente de información reservada.

La Fiscalía subraya que con esta conducta el acusado “no sólo transmitió sin estar autorizado datos de las bases policiales a un tercero”, sino que además, “a sabiendas de que existía una orden de detención no lo comunicó a las autoridades competentes”, incumpliendo nuevamente su deber como agente de la Guardia Civil.

Documentación falsa

El uso fraudulento del sistema policial alcanzó incluso a la elaboración de documentación falsa. Antes del 24 de noviembre de 2020, uno de los acusados confeccionó una denuncia por pérdida de documentación “que en realidad no se había producido”, utilizando un formulario en blanco de la Guardia Civil, números de identificación profesional que “no se correspondían con ningún Guardia Civil” y un sello oficial que conservaba sin autorización. La denuncia fue introducida en un sobre y depositada en una ventana del domicilio de M. M. “con la finalidad de que pudiera identificarse con ella” y evitar que se detectara la orden de ingreso en prisión en vigor.

El posterior registro del domicilio del agente acusado permitió comprobar, además, la apropiación de material de la Guardia Civil. En la vivienda se intervinieron chalecos antibalas, mochilas oficiales, aerosoles de defensa, etilómetros y diverso material sanitario, todo ello “estando prohibido su uso de manera particular” y sin que el agente estuviera autorizado a llevárselo fuera del servicio.