El sindicato SICAP FEPOL ha denunciado lo que considera un intento de la Generalitat de Cataluña de silenciar al personal penitenciario mediante un procedimiento de autorización previa para cualquier intervención en medios de comunicación o redes sociales. “Intentan instaurar la cultura del silencio”, asegura el sindicato, que advierte que la medida vulnera derechos fundamentales y que estudiará todas las vías legales para impugnarla.

El documento, al que ha tenido acceso El Independiente, fue remitido a los trabajadores por la Dirección General de Administración Penitenciaria (DGAP) y detalla un procedimiento estricto para regular la participación de los profesionales de prisiones en entrevistas, reportajes, debates o cualquier comunicación pública vinculada a su actividad.

Según la instrucción, ningún trabajador puede acudir a medios de comunicación o difundir información en redes sociales sin la autorización previa de la unidad directiva competente. El circuito para que se acepte la participación de algún funcionario de prisiones comienza en el Gabinete de Comunicación del Consejero y requiere la validación expresa de la unidad directiva, que decide si la intervención es de interés para la Administración y quién debe asumirla en representación institucional.

"De interés para la Administración"

Según la instrucción de la DGAP, a la que ha tenido acceso este diario, toda participación de los trabajadores en medios de comunicación o redes sociales debe ajustarse, entre otros, al Artículo 52 del Estatuto Básico del Empleado Público, relativo a los principios éticos y de conducta, y al Artículo 53.1.a), d) y f., que establecen los deberes de lealtad institucional, objetividad, neutralidad y reserva sobre los asuntos conocidos por razón del cargo.

Además, la instrucción establece que cualquier solicitud debe dirigirse primero al Gabinete de Comunicación del Consejero, que la remite a la unidad directiva competente para valorar si la intervención es de interés para la Administración. Solo en caso afirmativo se designa expresamente al profesional autorizado. La norma deja claro que no está permitido acudir a medios ni difundir información por iniciativa propia y que cualquier incumplimiento, incluyendo la divulgación de datos sobre internos, incidencias o funcionamiento del servicio, podría ser considerado falta grave o muy grave, con consecuencias disciplinarias severas.

El sindicato subraya que esta instrucción implica un control absoluto sobre la comunicación de los profesionales penitenciarios, limitando incluso la posibilidad de informar sobre problemas internos o deficiencias del servicio. Según el texto de la Generalitat, la difusión de cualquier información relacionada con los internos, la gestión del centro, incidencias o resultados del servicio puede ser considerada una falta grave o muy grave, lo que “paraliza la iniciativa de los trabajadores y genera un clima de autocensura”, advierten desde SICAP FEPOL.

“Un ataque frontal a la libertad de expresión”

Para los funcionarios, esto supone que cualquier declaración pública, aunque sea veraz y de interés social, debe pasar por un filtro administrativo que decide qué pueden decir y quién puede hablar, un sistema que el sindicato califica de “censura previa incompatible con la Constitución”.

Para SICAP FEPOL, la instrucción representa un ataque directo a la libertad de expresión e información, protegida por el Artículo 20 de la Constitución. “Exigir autorización antes de hablar sobre la realidad que vivimos diariamente no tiene precedente y es completamente inconstitucional”, afirma el sindicato.

El sindicato subraya además la paradoja moral de que la Generalitat invoque la ética y el “prestigio de la institución” para restringir la voz de los trabajadores, cuando la Dirección General de Servicios Penitenciarios está dirigida por Domingo Estepa Camacho, el único director general de Europa sancionado administrativamente por golpear a un interno enfermo terminal. “Ni se debe golpear a internos ni golpear la libertad de expresión. No tiene autoridad moral para erigirse en juez de lo que los profesionales pueden comunicar”, asegura SICAP FEPOL.

Un retroceso histórico

SICAP FEPOL exige la retirada inmediata de la instrucción, el cese del director general de Servicios Penitenciarios y garantías de no represalia para los trabajadores que señalen disfunciones del servicio o problemas internos. “No se puede sancionar a un trabajador por decir la verdad sobre lo que ocurre en las prisiones”, asegura el sindicato.

Además, advierten que estudiarán todas las vías legales y contenciosas para impedir que se consolide un modelo de control absoluto sobre la comunicación de los profesionales penitenciarios. “Pretender que los trabajadores pidan permiso antes de hablar es un retroceso histórico. No estamos en una época de censura previa, sino en democracia”, concluyen.