Estados Unidos ha anunciado este viernes nuevas sanciones contra personas, entidades y buques supuestamente vinculados al comercio “ilícito” de crudo iraní, una medida que coincide en el tiempo con la reanudación de contactos indirectos entre Washington y Teherán en Omán, que Irán ha descrito como “un buen comienzo” para rebajar la tensión bilateral.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha informado de que está sancionando a “múltiples entidades, individuos y buques para frenar el flujo de ingresos que el régimen de Teherán utiliza para apoyar el terrorismo en el extranjero y reprimir a sus ciudadanos”, según un comunicado conjunto de los departamentos de Estado y del Tesoro.
Las medidas afectan a 14 buques de la denominada flota ‘fantasma’ iraní, 15 entidades —con sede en países como India o Turquía— y dos personas asociadas a la comercialización de crudo y productos petroquímicos de Irán. Washington sostiene que las exportaciones energéticas iraníes se mantienen gracias a “una red de facilitadores de transporte marítimo ilícito en múltiples jurisdicciones” que recurre al ocultamiento y al engaño para colocar el petróleo en mercados de terceros países.

El anuncio llega el mismo día en que Estados Unidos e Irán mantuvieron en Mascate una nueva ronda de negociaciones indirectas, con Omán como mediador. Desde Teherán, fuentes oficiales calificaron el encuentro como “un buen comienzo”, en una señal cauta de deshielo tras meses de máxima tensión.
Se trata de los primeros contactos formales desde los ataques cruzados de junio entre Irán e Israel y los bombardeos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes, que, según Washington, habrían paralizado la capacidad de enriquecimiento de uranio de la República Islámica. Las conversaciones anteriores, celebradas también en Mascate el año pasado, quedaron interrumpidas tras el estallido de la denominada guerra de los 12 días entre Irán e Israel.
La coincidencia entre el endurecimiento de las sanciones y la apertura de un canal diplomático refleja la estrategia de “presión máxima” de la administración del presidente Donald Trump, que combina castigos económicos con la disposición a explorar una salida negociada.
Las conversaciones se producen, además, en un momento especialmente delicado para la República Islámica, sacudida en enero por las protestas más multitudinarias desde su fundación en 1979 y golpeada por una profunda crisis económica, una severa sequía, escasez de electricidad y gas y un creciente descontento social que limita el margen de maniobra del régimen tanto en el frente interno como en el internacional.
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