La investigación sobre el espionaje a figuras relacionadas con el independentismo catalán amenaza con tocar las puertas del alto tribunal. El Juzgado de Instrucción Número 2 de Barcelona ha dictado una resolución por la que imputa a los exdirectores generales de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y María Gámez; y a la exdirectora del CNI, Paz Esteban.

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La citación de Félix Vicente Azón, actualmente magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, abre la puerta a que el caso acabe elevándose al alto tribunal por su condición de aforado. El artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la Sala de lo Penal conocerá de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los magistrados del Tribunal Supremo, por lo que, si finalmente se aprecian indicios contra el magistrado, el caso saltaría al Supremo.

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La jueza Julia Tortosa acordó el pasado mes de septiembre admitir a trámite la querella presentada por cinco empresarios del sector tecnológico. Este procedimiento judicial es el primero en indagar en el papel de la Guardia Civil en el espionaje con Pegasus al entorno independentista; hasta ahora las diferentes investigaciones se habían centrado en la labor de los servicios de inteligencia y, en concreto, sobre la exdirectora del CNI, Paz Esteban.

El siguiente paso a seguir, tras la decisión de la instructora de "comunicar la imputación" a los querellados, será, si así lo considera, elevar una exposición razonada al Supremo. La jueza tendrá que describir en su escrito los presuntos indicios que concurren contra el aforado y por los que se considera que este intervino en los hechos denunciados.

De prosperar la investigación contra el actual magistrado de la Sala de lo Social, será alguno de sus compañeros de tribunal sobre el que recaería la instrucción por presuntos delitos de revelación de secretos y por el acceso ilegal a sistemas informáticos para el espionaje vinculado a los empresarios Joan Arús, Joan Matamala, Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives. Aunque la querella corresponde a hechos acontecidos cuando Azón no ejercía como magistrado, la actual condición de este como aforado prevalecería como norma principal.

La asociación de víctimas Sentinel Alliance denunció ante la Audiencia Nacional, donde la querella fue desestimada, y posteriormente ante los juzgados de Barcelona, que los dispositivos de los querellantes fueron infectados con Pegasus y Candiru para extraer datos privados. Asimismo, esta querella también incluye a la Guardia Civil por dirigir presuntas vigilancias contra el empresario Jordi Baylina, referente en el sector tecnológico.

Respecto al papel del CNI, ya son cuatro los procedimientos abiertos contra su exdirectora. Paz Esteban acumula con esta cuatro imputaciones por el espionaje de Pegasus. Destacan los procedimientos seguidos por los ataques a Pere Aragonès, a los exdirigentes de ERC, Josep María Jové y Diana Riba; al abogado de dicha formación Andreu Van den Eynde, y al ex eurodiputado, Jordi Solé.

Cabe recordar que la causa abierta en la Audiencia Nacional por el espionaje a varios ministros del Gobierno ha sido archivada en dos ocasiones. El magistrado José Luis Calama archivó el pasado 22 de enero la causa abierta por la infección con el programa informático Pegasus de los dispositivos móviles del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente. 

El instructor entendió que la falta de cooperación de Israel y la no contestación de las comisiones rogatorias por parte de las autoridades israelíes "impide investigar sobre la atribución de la autoría de los hechos investigados a persona concreta alguna".

Calama archivó inicialmente la investigación en julio de 2023 y la reabrió unos meses después para incorporar la información facilitada por las autoridades judiciales francesas. La justicia gala investiga la infección con el software Pegasus de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como varios miembros del gobierno francés, incluido el presidente Emmanuel Macron.