El Consejo de Ministros de este martes invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para pedirle que investigue los delitos que X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante la inteligencia artificial, según informa EFE.

Así lo anunciado en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje en la red social X, en el que advierte de que "la impunidad de los gigantes debe acabar". "Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas. El Estado no lo puede permitir", denuncia Sánchez.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha destacado en Bluesky que con esta decisión el Gobierno da un paso más para garantizar los derechos de la infancia en las redes sociales. Recuerda la ministra que en enero solicitaron a la Fiscalía que investigase si X había cometido delitos de pornografía infantil y destaca que "hoy, activamos en Consejo de Ministros el Art. 8 del Estatuto del Ministerio Fiscal para investigar a las grandes plataformas".

El presidente del Gobierno anunció el pasado 6 de febrero a través de un vídeo en X una campaña de cinco medidas contra las redes sociales al considerar que hay aplicaciones que "dan refugio a actividades criminales, de pornografía, de violencia".

"Nuestra determinación es más fuerte que sus bolsillos", aseguró y subrayó que "las redes sociales, por desgracia, se han convertido en una suerte de salvaje Oeste, de Estado fallido".

En medio de su discurso mostró un cartel con el mensaje: "Los usuarios de Grok generaron tres millones de imágenes sexualizadas en X en 11 días, incluidas más de 23.000 menores".

Frente a ello, anunció como primera medida trabajar conjuntamente con el Ministerio Fiscal para que investigue posibles delitos cometidos en redes sociales, especialmente aquellos que afecten a menores.

El Gobierno también perseguirá la manipulación de algoritmos que utilice datos sin consentimiento y trabajará para imponer responsabilidades penales a las compañías si se niegan a retirar contenidos ilícitos de sus redes.

Crear una "huella de odio y polarización" para cuantificar y evidenciar cómo las plataformas digitales alimentan la división y el odio y limitar el acceso a las redes a los menores de 16 años son las otras medidas previstas por el Gobierno.