El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que ni él ni su departamento tuvieron conocimiento previo de la denuncia por agresión sexual contra el ya cesado Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, y ha llegado a argumentar que, de haber existido cualquier indicio, “los sindicatos policiales o los medios de comunicación” habrían tenido constancia de los hechos.

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“Evidentemente no sabíamos nada”, aseguró el ministro este miércoles ante los periodistas, en referencia a la querella presentada por una subordinada contra el máximo responsable operativo del cuerpo policial. Marlaska insistió en que, de haber tenido “el mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad”, habría actuado de inmediato solicitando su renuncia o procediendo a su cese.

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Para reforzar su argumento, el titular de Interior señaló que el propio abogado de la víctima habría mantenido los hechos en secreto y añadió que tampoco los sindicatos policiales habían tenido conocimiento previo. “Si hubiera habido algún conocimiento, cualquiera de los medios de comunicación o sindicatos policiales podrían haberse hecho eco”, sostuvo.

Hechos "graves"

Según explicó el ministro, la decisión de apartar al DAO se tomó inmediatamente después de que el Ministerio del Interior tuviera acceso al contenido de la querella. Marlaska afirmó que solicitó información urgente a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la Dirección General de la Policía y que, una vez examinados los hechos denunciados, ordenó su relevo.

El ministro calificó los hechos descritos en la querella como “graves” y expresó su “decepción manifiesta”, aunque subrayó que corresponde ahora a la justicia determinar las responsabilidades. Interior también ha abierto una “información reservada” sobre el entorno profesional del mando cesado, después de que la denuncia apunte a la posible implicación indirecta de otros responsables policiales.

La denuncia contra el ahora exDAO, José Ángel González, se produce porque una agente de la Policía Nacional le acusa de un presunto delito de agresión sexual. Según la querella, la relación previa entre ambos estuvo marcada por una evidente asimetría de poder, y tras el fin de la relación, él habría ejercido acoso y presiones para obtener contactos sexuales no consentidos, aprovechando su autoridad jerárquica y física dentro del cuerpo.

Sindicatos policiales

Las explicaciones del ministro han sido recibidas con escepticismo por parte de varias organizaciones sindicales, que han intensificado sus críticas contra el Gobierno. La Confederación Española de Policía (CEP) ha convocado una concentración frente al Ministerio del Interior el próximo 24 de febrero para exigir la dimisión de Marlaska.

El sindicato considera que el cese del DAO se produjo de forma tardía y denuncia que el alto mando recibió un trato de favor durante su etapa al frente de la estructura operativa del cuerpo. En particular, CEP recuerda que el ministro impulsó en noviembre de 2024 una modificación legal que permitió al DAO prolongar su permanencia en el cargo más allá de la edad ordinaria de jubilación, una medida excepcional en la Policía Nacional.

Según esta organización, la estrecha vinculación entre el ministro y el alto mando cesado cuestiona la credibilidad de Interior y hace insuficiente su relevo como única respuesta a la crisis. Frente a estas acusaciones, Marlaska ha negado tajantemente cualquier intento de encubrimiento. Y ha reiterado que el Ministerio actuó con la máxima rapidez en cuanto tuvo conocimiento formal de la denuncia.

El ministro también acusó a algunos sindicatos y a la oposición de “instrumentalizar un hecho de tal gravedad”, defendiendo que la prioridad del Gobierno es garantizar el respaldo a la víctima y preservar el prestigio de la Policía Nacional.