En abril de 2014, Pilar Urbano publicó La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar. En aquel libro, la periodista que había investigado el 23-F tres décadas atrás –en 1982 había escrito Con la venia... yo indagué el 23-F– exponía una documentada versión de los acontecimientos que habrían conducido a la intentona golpista de 1981: los desencuentros entre Adolfo Suárez y don Juan Carlos, el quorum de la clase política para forzar el relevo de Suárez y la supuesta Operación Armada destinada a formar un Gobierno de unidad nacional con varios ministros socialistas. Urbano logró nuevos testimonios de los protagonistas que confirmaban algunas hipótesis y sospechas que hasta entonces solo se habían publicado desde los márgenes y que no eran tenidas en cuenta por la versión oficial. "Cuando esas personas ocupaban el poder te podían contar poca cosa, porque tenían poca libertad y mucho que perder, pero cuando dejan de tener que perder y están en sus cuarteles de invierno, empiezan a hablar", nos explicó durante una larga entrevista en su despacho madrileño. Pero también Urbano, que entonces se sintió liberada de los off the record del pasado, se vio obligada a recomponer lo que sabía y contarlo. "Ha habido una gran complicidad entre políticos y periodistas, nos contaban muchas cosas que han quedado silenciadas, guardadas... Pero ha pasado el tiempo y como aquí no se desclasifica nada yo me he desclasificado, porque si no una se va de esta vida y no completa el puzle".

El libro de Urbano, desmentido expresamente por la Casa del Rey –que lo calificó de "pura ficción imposible de creer"–, causó una gran conmoción. Venía de alguien que formaba parte de la aristocracia del periodismo español y que en 1996 había escrito un autorizadísimo libro de entrevistas con la reina Sofía. Su publicación fue síntoma y preludio de lo que estaba por venir: la abdicación del rey solo dos meses después y la reevaluación del legado de Juan Carlos, incluyendo el relato providencialista de su intervención el 23 de febrero de 1981 para abortar el golpe y salvar la democracia.

Doce años después de aquella particular desclasificación de Urbano, y cuarenta y cinco desde que el teniente coronel Antonio Tejero entrara en el Congreso de los Diputados pistola en mano durante la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, el Gobierno ha anunciado la publicación de los documentos clasificados relacionados con aquel acontecimiento clave de la Transición. Pero ¿qué cabe esperar del repertorio que publiquen el BOE y Moncloa este miércoles?

Escepticismo y expectación

Desde que en 2001 publicó 23-F: el golpe del Cesid, Jesús Palacios es uno de los autores que más tiempo y esfuerzo ha dedicado a esclarecerlo. Ante el anuncio de Moncloa, el periodista e historiador reconoce a El Independiente que es "bastante escéptico", pero también que no puede evitar estar "algo expectante". "Ignoro lo que el Gobierno quiere desclasificar mañana, pero dudo de su tratamiento. Se trata de una decisión política, y por lo tanto puede estar manipulada", planteada con "interés espurio" y "para desviar la atención".

Tanto en aquel libro como en 23-F, el rey y su secreto (2010), Palacios ha defendido que no se trató de un golpe involutivo llevado a cabo por un puñado de nostálgicos del franquismo enemigos de la democracia, sino de una operación consensuada de corrección del sistema, ejecutada por un peón más o menos ignorante de las intenciones de sus mandos –Tejero– que se rebeló en el último momento y les dejó al descubierto. Ya desde 1979, la clase política había llegado al convencimiento de que Suárez no estaba haciendo las reformas necesarias y llevaba al país al precipicio. "Suárez no soporta más democracia y la democracia no soporta más a Suárez", había dicho Alfonso Guerra durante el debate de la moción de censura de mayo de 1980. Todos, políticos de diverso signo, el poder económico, la Iglesia, incluso los países que tutelaban la transición española, como Estados Unidos o Alemania, trasladan directa o indirectamente al rey el convencimiento de que no solamente había que derribar a Suárez: había que hacerlo mediante un nuevo pacto político, la formación de un Gobierno de concentración nacional integrado por personalidades de todos los partidos e independientes y presidido por un hombre de consenso bendecido institucionalmente como el general Armada. Según Palacios y otros autores, cuando el Cesid, el servicio secreto español encargado de ejecutar la operación, le traslada el plan al rey, este la bendice sin mancharse: "A mí, dádmelo hecho".

Pilar Urbano asegura que el jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, le cuenta los detalles de la operación "en presencia del rey al menos a dos personas: Paddy Gómez-Acebo y Jaime Carvajal y Urquijo, que lo anota en sus diarios el 5 de julio de 1980". Para ella, sin lugar a dudas, la Operación Armada, "que tiene como placenta a La Zarzuela, como musa al Cesid y como actores a la crema de los partidos democráticos –algunos críticos de UCD, sí, pero esencialmente el PSOE, que quiere tocar poder cuanto antes–" es "un borboneo real". Un diseño "ofrecido por el Cesid que ya conocía Rodríguez Sahagún [entonces ministro de Defensa], una operación correctora del sistema desde dentro. No era un golpe de Estado, sino un golpe de Gobierno. ¿Eso es constitucional? Sí, hasta los límites; un poquito más allá rompe las costuras (...). ¿Para qué lo hace el rey? Para parchear una situación muy conflictiva que le habían creado con los militares, los empresarios, los banqueros, los obispos... todo el país". Según Urbano, la elección de Calvo-Sotelo por Juan Carlos, un hombre de orden que en su discurso de investidura se había comprometido a entrar en la OTAN, paralizó la Operación Armada. Pero para entonces el general y exsecretario del rey "ya tenía puestos los patines" (en expresión de José Luis Cortina, comandante del Cesid): se sentía presidente in pectore y decide no renunciar a presentarse en el Congreso como salvador de la patria con un Gobierno de concentración en el bolsillo. Quizá por ello, todavía hoy Juan Carlos pueda permitirse decir en sus memorias aquello de que "no hubo un golpe, sino tres golpes. El golpe de Tejero, el de Armada y el de los políticos cercanos al franquismo".

"Un material explosivo"

¿Qué puede aflorar de todo esto en los documentos desclasificados el miércoles? "Teniendo en cuenta que el 23-F es principalmente una historia oral (obviando el sumario del proceso, juicio y sentencia de Campamento y del Supremo, que no son documentos clasificados), lo único verdaderamente de interés sería conocer las conversaciones grabadas la tarde noche y la madrugada del 23 al 24 de febrero", asegura Jesús Palacios. Y entre estas, las conversaciones entre Zarzuela, el general Armada, Milans del Bosch y Tejero", los cabecillas de la rebelión y su peón. "Cuando Juan José Rosón, ministro del Interior, supo de su contenido, afirmó que ese material era explosivo y que lo mejor era que no se conociera nunca".

"Se grabó todo", aseguraba Urbano cuando se publicó La gran desmemoria. "Eran teléfonos de línea normal, no había radioteléfonos, sólo uno, el que tenía Suárez en el coche, por el que habla Tejero, pero todas las conversaciones de Zarzuela con las capitanías generales y algunos regimientos, entre Francisco Laína [presidente provisional durante el secuestro del Gobierno en el Congreso] y la Junta de Jefes de Estado Mayor, entre Laína y Zarzuela, entre Zarzuela y Congreso... todo eso está grabado. Y lo sé por Salvador Sánchez-Terán, entonces presidente de Telefónica [fallecido en 2022]: todo está grabado y esas cintas no se han oído". Conocer esas grabaciones sería fundamental para confirmar o desmentir algunos relatos clave de aquella noche. Como el "ni está ni se le espera" que Sabino Fernández Campo le espetó al general Juste de la División Acorazada Brunete cuando este le preguntó si Armada estaba en Zarzuela.

Para Palacios, las conversaciones con las distintas capitanías generales serían en sí mismas irrelevantes o de escaso valor", dado que, según sostiene, "el golpe político institucional del 23-F no fue un golpe militar y el ejército como tal fue ajeno al mismo". Pero un asunto de relevancia que a su juicio puede quedar esclarecido con la documentación hasta ahora clasificada es el llamado Informe Jáudenes, un documento interno realizado en el seno del Cesid "para dirimir la responsabilidad de diferentes agentes implicados en la ejecución del 23-F", entre ellos el comandante José Luis Cortina, absuelto en el juicio. Un informe que se ha desclasificado parcialmente en varias ocasiones para volver a clasificarse, del que se sospecha que podría estar mutilado porque al parecer han desaparecido varias declaraciones.