En el PNV el malestar ayer se palpaba. El anuncio del presidente de la desclasificación de los papeles del 23-F les pilló por sorpresa. Nadie les había avisado de que la medida se iba a adoptar hoy en el Consejo de Ministros. Más aún, hasta ayer, el único mensaje que habían recibido por parte del Ejecutivo era que "eso no se podía hacer". La respuesta ha sido constante incluso cuando el partido le reprochaba al Ejecutivo que, si el Consejo de Ministros clasificaba, también podría desclasificar documentos: “Siempre nos han dicho que no podían y ahora, de repente, parece que sí pueden”, aseguraban fuentes de la formación.

La reforma de la Ley de Secretos Oficiales ha sido el ‘mantra’ que, a modo casi de letanía, ha venido reclamando al Gobierno el hoy presidente del PNV, Aitor Esteban. En los últimos años ha situado esta cuestión como una de sus batallas casi personales. Ayer, tras conocer que el intento de golpe de Estado del 23F se desclasificaría, recordó que a ellos se les había negado “durante años” que eso se pudiera hacer: “Ahora vemos que es posible con voluntad política”. En el PNV insisten en que vuelve a acreditarse que, cuando el Gobierno tiene interés, “puede hacer lo que hasta ahora ha negado: desclasificar documentos”.

La lista negra del PNV: GAL, Mikel Zabalza y el Bar Aldana

El PNV quiere más. La medida ahora anunciada por el Ejecutivo se le queda corta. En realidad, desde 2016 intenta que se tramite y apruebe una nueva norma que pueda poner fin a la ley que regula los secretos oficiales en España desde 1968. Modificar esa norma franquista ha sido una cuestión presente en los acuerdos de investidura de Sánchez y en no pocas sesiones de control al Ejecutivo. “Esto no es suficiente”, afirma Esteban.

El líder del PNV lo intentó hasta el último día; incluso en su última intervención en el Congreso antes de ocupar la presidencia del partido, volvió a reclamarlo. Ese día, Pedro Sánchez se comprometió desde la tribuna a reformarla e incluso le puso fecha: antes del final de la legislatura. Hasta ahora, es la enésima promesa que el PNV ve incumplida.

Mientras esa reforma legal llegue o no, los nacionalistas quieren exprimir la vía de la desclasificación vía Consejo de Ministros que ahora se abre. Si ha sido posible con un episodio tan sensible como el 23F, podrá hacerse con otros muchos que siguen sumidos bajo la Ley de 1968. El PNV ya tiene la lista de sucesos del pasado sobre los que exigirá transparencia: la ‘guerra sucia’ contra ETA, los GAL, los atentados de la extrema derecha, la muerte de Mikel Zabalza en Intxaurrondo, el atentado contra el bar Aldana, las muertes del 3 de marzo en Vitoria o los sucesos de los Sanfermines de 1978. La portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, reclama al Gobierno que no deje la memoria “bajo llave”.

Plazos automáticos: 25 años para desclasificar

“Le pedimos que, con la misma voluntad política que ha mostrado hoy, desclasifique muchos más documentos declarados secretos”, apuntan desde la formación. Recuerdan que solo así demostrará que está en la defensa de los derechos civiles y democráticos, en busca de la verdad y la transparencia, con la intención de homologar la legislación del Estado a la de los países de nuestro entorno.

El PNV no solo quiere una reforma, sino que esta se realice en unas condiciones específicas. La norma actual, aprobada por Franco, no fija plazos. Desde la primera proposición de ley de 2016, urgen a que la nueva norma establezca plazos automáticos de desclasificación: 25 años para documentos secretos (ampliables diez años más solo con justificación) y 10 años para documentos reservados.

Historial de incumplimientos: De Rajoy a la investidura de 2023

Justo al final de la última legislatura de Mariano Rajoy, la propuesta del PNV se aceptó para iniciar su tramitación parlamentaria, pero la convocatoria electoral frenó el intento. En la siguiente legislatura, con Sánchez ya como presidente, el PNV volvió a registrar la iniciativa, pero las sucesivas prórrogas de los plazos de enmiendas frustraron la tramitación.

En 2020, la negociación de la investidura fue otra oportunidad perdida. En 2022, el Gobierno presentó su propia propuesta, la ‘Ley de Información Clasificada’, pero no gustó al PNV por fijar plazos de hasta 50 años, el doble de lo solicitado por Aitor Esteban. En el pacto de investidura de 2023 se incluyó de nuevo la reforma para los primeros seis meses de legislatura. A poco más de año y medio para que concluya, la promesa de Sánchez sigue paralizada entre "excusas" sobre la falta de mayoría suficiente.