El Gobierno Vasco ha reconocido como víctima de abusos policiales a Mikel Zabalza, detenido el 26 de noviembre de 1985 en San Sebastián por la Guardia Civil y cuyo cadáver apareció en aguas del río Bidasoa, después de que la Comisión de Valoración de la Ley vasca haya determinado por unanimidad que se trata de una "muerte ilícita" precedida de "graves torturas, y tratos inhumanos y degradantes".
Este reconocimiento llega horas antes de que mañana domingo el Gobierno Vasco celebre en la localidad navarra de Orbaizeta un acto de reconocimiento a Mikel Zabalza. En él participarán la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, y la presidenta de la Comisión de Valoración de la denominada Ley de Abusos Policiales, Juana Balmaseda, así como representantes de la familia de la víctima.
El homenaje se desarrollará junto a la casa familiar de los Zabalza Garate, el caserío Lorentxo, en presencia de hermanos de Mikel Zabalza y otros familiares, y concluirá con un aurresku de honor y una ofrenda floral ante el monumento que recuerda a esta víctima de abusos policiales. En el acto también estarán presentes la consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo Hualde, representantes del Ayuntamiento de Orbaizeta, y de las entidades memorialistas "Mikel gogoan" del municipio navarro y de San Sebastián-Donostia.
Este reconocimiento a Zabalza como víctima de vulneración de derechos humanos, al amparo de la denominada 'Ley de abusos policiales', se produce 36 años después de la muerte de este conductor de autobuses, de 32 años y vecino de la localidad navarra de Orbaizeta, que fue detenido por la Guardia Civil en un operativo antiterrorista, tras lo que se demostró, según el informe de los expertos de la comisión, que ni este ni el resto de detenidos pertenecían o colaboraban con ETA.
Versión oficial "improbable e increíble"
De hecho, todos ellos, salvo Mikel Zabalza, que falleció, fueron puestos en libertad sin cargos. La Comisión de Valoración considera, en su dictamen, "muy improbable, por no decir simplemente increíble", con los datos disponibles, la versión oficial que apuntaba a que huyó cuando guardias civiles le llevaron a localizar un zulo en Endarlatza, junto al río Bidasoa, lugar al que el propio grupo de expertos se trasladó para analizar esta hipótesis.
El informe destaca que "se trataría de un supuesto compatible, según un estándar suficiente de probabilidades, con hechos de naturaleza violenta, de etiología médico-legal homicida", como apunta el equipo pericial de la comisión, que considera "altamente improbable" e incluso "prácticamente descartable" que la muerte se produjera por "sumersión vital en el río Bisasoa", de forma accidental.
A su juicio, son más verosímiles otras dos hipótesis apuntadas por los propios tribunales, que sobreseyeron la causa, de "sumersión en un medio líquido distinto" (que podría ser al practicársele 'la bañera') o por "otro método de asfixia violenta que no deje alteraciones macroscópicas".
El dictamen considera que se violaron los derechos humanos, "con manifiesta indefensión, del derecho a la vida precedida de graves violaciones a su integridad física, psíquica y moral, en forma de graves torturas y tratos inhumanos y degradantes" cuando estaba detenido.
Conversación de Alberto Perote
Entre la numerosa documentación analizada se encuentra la supuesta conversación, de la que existe grabación, en la que el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto confesaba al coronel Juan Alberto Perote, del Cesid, que Mikel Zabalza falleció como consecuencia de la tortura en el cuartel de Intxaurrondo.
En su informe, de 57 páginas, la Comisión de Valoración señala que "se trataría de un supuesto compatible con hechos de naturaleza violenta, de etiología médico-legal homicida". Por ello, tras realizar una valoración "ponderada, razonable y contrastada" de los elementos probatorios, llega a la convicción de que "han quedado suficientemente acreditados" los hechos ocurridos entre el 26 de noviembre y el 15 de diciembre de 1985, con su detención "y torturas", así como "la implicación de agentes del Estado-Guardia Civil", de conformidad con el artículo 2 de la Ley 12/2016 de abusos policiales.
En este sentido, apunta que, tanto para la familia como para las personas más allegadas a Mikel Zabalza Garate, resulta "un imperativo de justicia que las instituciones públicas adopten las medidas oportunas para que se produzca un reconocimiento oficial de la violación de los derechos humanos". "Aunque llegue tarde para Mikel Zabalza, debe producirse como ejercicio legítimo del derecho a la verdad y a la reparación que asiste tanto a las víctimas como a la sociedad en su conjunto, para que se conozca y quede constancia de lo que ocurrió en aquellos días de 1985", ha añadido.
Otras víctimas
Por ello, propone por unanimidad su reconocimiento "como víctima de vulneración de sus derechos humanos, producida en el contexto de la violencia de motivación política vivida en la Comunidad Autónoma del País Vasco en el periodo comprendido entre el 29 de diciembre de 1978 y el 31 de diciembre de 1999".
La Comisión insta al Gobierno y al Parlamento vasco a que, "en consideración al deber público para con la memoria de estas víctimas, se incluya a Mikel Zabalza Garate en todas aquellas actividades individuales o colectivas de reconocimiento de su condición de víctima, y de la injusticia del sufrimiento padecido". Asimismo, les recomienda que se dirijan a las instituciones del Estado "para que actúen en idéntico sentido, habida cuenta de la responsabilidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en los hechos analizados".
El pasado mes de junio, el Ejecutivo vasco también reconoció oficialmente como víctimas de "vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política" a otros tres detenidos con Mikel Zabalza que, según determinó, también fueron "torturados": la novia de Zabalza Idoia Aierbe Iribar; su primo, Manuel Vizcay; y el director artístico Ion Arretxe.
135.000 euros de compensación
En aquel momento, no se oficializó también la condición de víctima de Zabalza debido la complejidad de su expediente, lo que motivó la búsqueda de nuevas pruebas periciales y documentales hasta poder completar el estudio sobre su detención y muerte.
La solicitud para este reconocimiento la realizó una hermana de Mikel Zabalza en febrero de 2020 y, una vez analizada, la Comisión de Valoración, reunida el 30 de diciembre de 2021, decidió otorgárselo. De esta forma, resolvió reconocer a Mikel Zabalza la condición de víctima de abusos policiales y otorgar a sus ocho hermanos una compensación económica a repartir entre ellos a partes iguales. La Ley establece, por fallecimiento, una compensación económica de 135.000 euros.
Esta comisión de valoración acredita a las víctimas de "vulneración de derechos humanos" por parte de instituciones policiales o funcionarios entre 1978 y 1999 de cara a su reconocimiento público y, en su caso, al derecho a la reparación con una compensación económica o una asistencia sanitaria para "superar los daños sufridos". En total, han sido 710 las solicitudes de supuestas víctimas de abusos policiales las que analiza esta comisión, de las que ya han sido reconocidas 35.
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