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El Gobierno vasco activa la comisión para evaluar 300 denuncias por abusos policiales

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El Gobierno vasco activa la comisión para evaluar 300 denuncias por abusos policiales
El 'lehendakari', Íñigo Urkullu, en el Parlamento vasco.

El 'lehendakari', Íñigo Urkullu, en el Parlamento vasco. EFE

Resumen:

El Gobierno vasco evaluará la petición de casi 300 solicitudes para ser reconocidas como víctimas de abusos policiales entre 1969 y 1999. Lo hará después de que el Ejecutivo aprobara hoy el decreto que habilita a poner en marcha la Comisión de Evaluación que será la encargada de analizar todos los expedientes presentados. Determinará en qué casos la denuncia esgrimida es susceptible de, tras un proceso de prueba, ser reconocida como un caso de abuso, tortura o vulneración de derechos humanos a manos de funcionarios públicos y si tiene derecho a algunas de las indemnizaciones que en concepto de reparación recoge la ley 12/2016. Una norma que contempla indemnizaciones de hasta 390.000 euros.

De esas 300 denuncias -aún podrían presentarse más hasta agotar el plazo de 21 de septiembre de 2021- alrededor de un centenar corresponden al periodo 1969-1978, un proceso que ya se abordó con un decreto anterior, pero que sin embargo el Ejecutivo también analizará. En aquella ocasión de los 239 casos analizados en 187 se reconoció la condición de víctima a los demandantes. Ahora, las 200 denuncias restantes son las correspondientes a los años entre 1978 y 1999.

El decreto regula el procedimiento que se seguirá para la tramitación y evaluación de estas denuncias que se sustentan en una ley de recnocimeinto y reparaqción de víctimas de vulneración de derechos humanos «por motivación política» que tanto el PP como Vox y Ciudadanos han decurrido ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno vasco y el español pactaron el pasado mes de abril una modificación de su articulado para revertir la denuncia que ante el Alto Tribunal presentó el Ejecutivo de Rajoy. La modificación pretendía reforzar las dudas sobre la principal argumentación de los recurrentes, la posible vulnerando competencial de ámbito jurídico y la lesión del derecho al honor, la presunción de inocencia y a la protección de datos de los funcionarios públicos que estuvieran implicados en los casos a analizar.

El decreto establece que el desempeño de la instrucción y evaluación del comité encargado deberá garantizar que «en ningún caso se produce una invasión de la función juridiscional». Se apunta además que en los casos en los que exista conocimiento de la existencia de causas judiciales o procedimientos administrativos abiertos «se deberá suspender la tramitación del procedimiento». De ester modo, aquellos procesos en los que ante una posible denuncia por malos tratos o torturas de un caso ya juzgado y sentenciado no se podría pronunciar el comité evaluador del Gobierno vasco.

Clasificación

Valiéndose de la protección a derechos fundamentales por posibles vulneraciones por causas políticas en el periodo 1978-1999 que recoge la ley, diversas asociaciones de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como formaciones como Vox, animaron a los funcionarios policiales y militares destinados en ese periodo en el País Vasco a solicitar su reconocimiento como víctimas al considerar que ellos padecieron como ninguna otra la vulneración por razones políticas. Entre las solicitudes que a partir de ahora se van a comenzar a analizar figuran las de varios funcionarios públicos. Un proceso que fue cuestionado por organizaciones de víctimas como la AVT y Covite por considerar que suponía confundir la situación de las víctimas y generar falsas expectativas al quedar claro que el contenido de la norma en ningún caso está dirigida al reconocimiento de este tipo de víctimas sino de las que denuncian presuntos «abusos policiales». Cuestionaron además que sería «un contrasentido» por apoyarse en una ley que sólo pretende «difuminar» a las víctimas reconociendo “otras situaciones que en ningún caso han sido impuestas por un pensamiento político”.

El comité que podrá trabajar una vez publicado el decreto en el BOPV comenzará a analizar las cientos de peticiones que ya constan y que en primer lugar se tendrán que filtrar para determinar cuáles entrarían en los supuestos de la ley y cuáles se quedarían fuera. Con las aceptadas como posibles se iniciaría un proceso de investigación, toma de declaraciones y documentación para emitir finalmente un informe sobre si cabe el reconocimiento de algún tipo de incapacidad, y de qué tipo, provocada a consecuencia de una vulneración de derechos humanos por motivaciones políticas. La clasificación de víctima abarcará desde los casos más graves, el fallecimeinto por la acción de funcionarios públicos, o el sufrimiento de lesiones permanentes con distintos grados de incapacidad o lesiones permanentes no invalidantes. También se reconocen víctimas de maltrato grave o de lesiones no permanente.

El decreto contempla que los miembros de la comisión de evaluación deberán adquirir un compromiso de confidencialidad sobre los casos analizados. La instrucción que lleven a cabo sobre cada uno de ellos deberá concluir en un informe técnico.

Hasta 390.000 euros

El Gobierno vasco reforzó en la modificación llevada a cabo en abril de la ley las garantías sobre «los derechos de terceras personas que concurran ebn los expedeintes adminsitrativos. Así, se pretende asegurar el derecho al honor, a la presunción de inocencia y a la protección de dato personales, «garantizando en todo caso la no afección a sus garantías jurídicas y constitucionales».

También se detalla el protocolo a seguir con las entrevistas, el sistema «voluntario» de colaboración con otras instituciones u organismos, así como la obligación de elaborar un informe motivado de cada caso al final de cada procedimiento y otro a la conclusión de la evaluación del conjunto de denuncias estudiadas.

Así, en los casos en los que la Comisión de Valoración consideré demostrado que las torturas o abusos provocaron el fallecimiento de la víctima, sus herederos tendrán derecho a una indemnización de 135.000 euros. La cuantía más elevada se establece para los casos de gran invalidez, en los que las víctimas tendrán derecho a cobrar 390.000 euros. Quienes por este tipo de prácticas contrarias a los derechos humanos quede demostrado que padecieron una incapacidad permanente absoluta percibirán 95.000 euros, 45.000 si sufrieron alguna incapacidad permanente total y 35.000 si es una incapacidad parcial.

En los casos en los que las víctimas padezcan una lesión no invalidante recibirán el triple de lo establecido en la normativa general aplicable a lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes, siempre que no se supere el importe máximo de 35.000 euros.

4.113 víctimas

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu estima en miles las persona que sufrieron algún tipo de tortura o abuso policial, especialmente durante los últimos años de la dictadura franquista y los primeros años de la democracia. En un primer informe, limitado al periodo 1960 a 1978, la Administración vasca llegó a analizar 239 casos de los que concluyó que en al menos 187 se pudo acreditar que existió abuso policial. Casos que ya han sido reparados.

En 34 de ellos la tortura provocó la muerte de la víctima, según detalla el estudio. Muertes que en la mayor parte de los casos se asignan a actuaciones provocadas por la Guardia Civil y la Policía, bien por disparos de bala o de pelotas de goma en intervenciones policiales. Además, en este primer análisis, titulado “Saliendo del olvido”, se cifró en 66 las personas que sufrieron heridas de bala, en varios casos menores de edad. Por último, se cuantificó en 72 las víctimas por torturas policiales. En estos casos la ley también permitirá, pese a que corresponderían a un periodo previo al establecido, reconocer indemnizaciones si no las percibieron ni fueron reconocidos como víctimas.

Sin embargo, el estudio del Gobierno vasco más ambicioso sobre los excesos policiales se presentó en diciembre de 2017 y estimó en 4.113 las denuncias por posibles casos. Se trataría de agresiones ilícitas sufridas por 3.417 personas entre 1960 y 2014, de las que sólo una cuarta parte se habrían cometido durante la dictadura y el resto, en los años de democracia, fundamentalmente a finales de los 70 y la década de los 80.

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