La ley, tras sus modificaciones en el articulado aprobadas el pasado 4 de abril, ya es oficial después de que hoy haya sido publicada en el Boletín Oficial del Estado y de que hace poco más de dos semanas lo hiciera el Boletín Oficial del País Vasco. La norma ha sido fuertemente cuestionada por una veintena de asociaciones de víctimas del terrorismo que han solicitado que sea recurrida ante el Tribunal Constitucional. El PP ya ha anunciado que la denunciará ante el TC y Ciudadanos, instó al defensor del Pueblo a que la recurriera ante la alta instancia, al igual que el Sindicato Unificado de Policía.
Lo que hoy se publica en el BOE es en realidad la modificación de cuatro artículos, la eliminación de una disposición adicional y la inclusión de una nueva a la ley inicial 12/2016 que en su día ya remitió al TC por inconstitucional el Gobierno de Mariano Rajoy. Tras la llegada de Pedro Sánchez, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu llegó a un acuerdo para que se procediera a la retirada del recurso a cambio de una adaptación normativa que dejara claro, al criterio del PNV y PSE, que no se incurría en ninguna vulneración de competencias con el poder judicial. La conocida como Ley de Abusos Policiales tiene por objeto la acreditación a objetos únicamente "administrativo" de casos de vulneración de derechos humanos "en el contexto de la violencia de motivación política" cometidos por cuerpos y fuerzas policiales entre 1978 y 1999. La norma aspira a reconocer a posibles víctimas de abusos policiales en ese periodo, bien por posibles casos de tortura o de excesos policiales y proceder a su posterior reparación.
El recurso de Rajoy contra la ley que reconocerá y reparará torturas y excesos policiales fue desestimado por Sánchez
Tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo de Urkullu, ambas administraciones pactaron la modificación de parte del articulado cuestionado por el TC y tras lo cual se procedió al desestimiento del recurso presentado por el PP. La anterior administración consideraba que se producía una vulneración de competencias al arrogarse la comisión de valoración -encargada de reconocer los posibles casos de abuso- que prevé constituir la norma, competencias que corresponden en exclusiva al poder judicial. En las modificaciones del articulado publicadas hoy se señala que existe la "convicción de que no se invaden competencias reservadas exclusivamente al poder judicial".
Recursos ante el Constitucional
Además, se justifica el derecho y el papel de la administración vasca en esta tarea en la obligación que tienen "todos los poderes públicos" de reconocer y proteger "a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos". Limitan su acción a una tarea únicamente administrativa, no penal, "tendente al examen de los hechos" y con el único fin de activar "los correspondientes mecanismos de reparación y compensación en favor de los perjudicados" y siempre "netamente diferenciado de las depuraciones de eventuales responsabilidades penales".
El presidente del PP anunció el recurso de inconstitucionalidad contra esta ley por considerar que suponía un "insulto" de modo "indignante" hacia la labor de la Policía y la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo, además de una humillación hacia las víctimas. Por su parte, Ciudadanos instó al defensor del Pueblo a presentar el recurso, al carecer entonces del mínimo de representación en el Congreso -que hoy si dispondría- para hacerlo por su cuenta. Distintos sindicatos policiales han denunciado que la ley supone dejar indefensos a los agentes que serán señalados en los casos que se puedan considerar acreditados por la comisión de expertos designada por el Gobierno vasco.
La norma ha modificado cuatro artículos, pactados entre PNV y PSE, para evitar una posible vulneración de competencias propias del poder judicial
El propio Ejecutivo vasco ha cuantificado en más de 4.100 los posibles casos de abusos policiales que se podrían haber producido en el periodo establecido por la norma publicada hoy en el BOE.
Una ley cuya aprobación fue posible gracias a los votos de PNV y PSE y la abstención de EH Bildu y Podemos -el PP votó en contra-, en el pleno del Parlamento Vasco del pasado 4 de abril que se produjo en un clima de gran tensión. El portavoz de la coalición de la izquierda abertzale, Julen Arzuaga llamó "nazis y genocidas" y "lobby infecto y asqueroso" a los representantes de los sindicatos policiales que habían sido invitados a la sesión. Las graves acusaciones provocaron que el PP abandonará la Cámara y que el episodio se traduzca en un cruce de denuncias ante los tribunales. Diversos sindicatos policiales han llevado ante la Justicia a Arzuaga y éste respondió ayer con una denuncia contra las centrales acusándoles de un posible delitos de amenazas, injurias y atentado contra él.
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