El Gobierno vasco ha instado a las más de 3.500 personas que han denunciado haber sido víctimas de torturas o malos tratos durante el periodo 1960-2014 a presentar la correspondiente denuncia ante los tribunales o, en su caso, si los hechos hubieran prescrito, a solicitar la reparación y reconocimiento en la ‘Ley vasca sobre abusos policiales’, que ahora está recurrida ante el Tribunal Constitucional. El portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, ha asegurado que el informe presentado ayer por el Instituto de Criminología de la Universidad del País Vasco, dirigido por el forense Francisco Etxebarria, -a petición del Ejecutivo de Urkullu la pasada legislatura- goza de un indudable “prestigio” y “rigor” al venir avalado por sus autores, “personas de referencia mundial” en el estudio y análisis de casos de vulneración de derechos humanos.

El citado estudio, que documenta 4.113 denuncias de posibles torturas o malos tratos por parte de Guardia Civil, Policía Nacional y Ertzaintza, ha suscitado una profunda división en el seno del Gobierno de coalición de Iñigo Urkullu. Su socio, el PSE, emitió este lunes un duro comunicado en el que cuestionaba el “rigor” del mismo y los intentos por “equiparar” la violencia de ETA con los posibles casos de torturas. Para el PSE las conclusiones que refleja “alimentan la teoría del conflicto que nunca ha existido”.

El Gobierno vasco minimiza las críticas del PSE, su socio; ‘la crítica a una investigación científica en lógica y normal, todas están sometidas a ella’

Preguntado al respecto, el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, ha señalado que las críticas no suponen en ningún caso cuestionar el “marco” que ya fija la ley vasca para abordar los casos de abusos policiales: “Entre los miembros del Gobierno puede haber una diferencia a la hora de evaluar el informe, es lógico y normal cuando hablamos de investigaciones científicas, están sometidas a la crítica”. Para Erkoreka la posición expresada por su socio de Gobierno “para nada pone en cuestión que ambas formaciones compartamos la apuesta de las instituciones vascas por reconocer y reparar las posibles vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia policial”.

Información ‘secreta’

En el informe, elaborado con más de 26.000 documentos recabados y medio millar de testimonios, se apunta hacia una preponderancia de denuncias contra la Guardia Civil (38%), la Policía Nacional (30%) y en menor medida contra la Ertzaintza, (10%). Cuestionado por si el Ejecutivo vasco va a tomar medidas para indagar sobre las entre 300 y 400 denuncias que afectan a la Policía Autonómica vasca, Erkoreka ha asegurado que no pueden hacerlo. El portavoz del Ejecutivo vasco ha recordado que se trata de denuncias “anónimas” que no se detallan: “Son datos secretos, la investigación no extrae conclusiones ‘caso a caso’ sino que sólo pretende una mera aproximación. Es un documento informativo, no declarativo”, ha señalado. Por ello, ha instado a las personas que han participado en la aportación de posibles casos a “emprender los procedimientos penales correspondientes ante la Ertzaintza o la Fiscalía” o en su caso, si se trata de hechos ya prescritos, a solicitar reparación y reconocimiento por ellos.

El PP vasco acusa al Gobierno Urkullu de «desacreditar a su propia policía» al avalar el informe

El citado informe, que será remitido a la ponencia de Convivencia y Derechos Humanos del Parlamento Vasco, reconoce que tan sólo existe una veintena de sentencias que la Justicia ha dado por probadas que existió maltrato y torturas por parte de agentes de la Policía y la Guardia Civil. Apunta que de “forma sistemática se han negado la existencia de tales prácticas” lo que ha derivado en una generalizada ausencia de investigación. El director de la investigación, Francisco Etxebarria, ha asegurado que la práctica de la tortura durante el periodo investigado era algo más que un hecho “esporádico”.

Además de las críticas del PSE, la investigación también ha sido cuestionada por el PP vasco que ha asegurado que no hace sino “avalar la teoría del conflicto” que siempre ha defendido la izquierda abertzale. El portavoz parlamentario, Carmelo Barrio, ha criticado que el Ejecutivo vasco no dude en “desacreditar a su propia policía”, en referencia a las cientos de denuncias que se asignan a la Ertzaintza en el informe, “es perjudicial y desproporcionado”. Barrio ha señalado que “siembra la desconfianza hacia nuestro estado de derecho”: “No hay equilibrio jurídico y no podemos tolerar que se manche el nombre de la Ertzaintza y de las Fuerzas de Seguridad el Estado”.

Desde EH Bildu se ha criticado la actiud del PSE que ha calificad de «profundamente vergonzosa» al poner distancia «ante vulneraciones de derechos humanos» que según la izquierda abertzale «le comprometen en su autoría»: «Se condena todo para no reconocer nada», ha asegurado el portavoz de EH Bildu, Julen Arzuaga.