Un informe sobre la práctica de la tortura y los malos tratos policiales en el periodo 1960-2014 y que analiza la actuación de la Guardia Civil, la Policia Nacional y la Ertzaintza ha abierto una grieta importante en el seno del Gobierno vasco de Iñigo Urkullu. Su socio de coalición, el PSE de Idoia Mendia, ha reaccionado con dureza al citado estudio dado a conocer este lunes por la Secretaría de Derechos Humanos y que concluye que en esos años en el País Vasco se registraron 4.113 denuncias de tortura y malos tratos –que habrían afectado a 3.415 personas-. La mayoría de las denuncias analizadas estarían dirigidas contra actuaciones de la Guardia Civil, algo más de 1.500, la Policía Nacional, 1.200 casos, y en menor medida, cerca de 400 contra la Ertzaintza.

En una nota el PSE ha tildado de “error” entender que “medio siglo de terror de ETA se resume en 840 asesinatos y 3.400 torturados”. Añade que el documento encargado la pasada legislatura por el anterior Gobierno de Urkullu no cuenta con su respaldo “ni como partido ni como Gobierno vasco”. Denuncia que trata la cuestión de la tortura y el maltrato policial de modo inadecuado al hacerlo con una evidente “simplificación que alimenta la teoría de un conflicto que nunca ha existido”. Denuncia que extiende la “falsa idea de una tortura generalizada” durante las algo más de cinco décadas analizadas.

El PSE arremete contra el informe: ‘Es un error resumir medio siglo de terror de ETA en 840 asesinatos y 3.400 torturados’

El PSE rechaza que basándose en los testimonios recabados, alrededor de 500, y el material incorporado al estudio -26.000 documentos- se intente marcar el camino de las medidas de actuación a las instituciones. Los socialistas apelan a la necesidad de abordar la cuestión “con rigor” y de acuerdo a la Ley 12/2016 de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de motivación política entre 1978 y 1999 aprobada por el Parlamento Vasco. Critica que el informe obvie la existencia de esta ley en la que considera que debería regirse todo el proceso de reparación de posibles abusos a las víctimas de posibles torturas.

También reprocha a los autores del informe que apele a la necesidad de una ley vasca de prevención “cuando quien debe aprobarla son las Cortes Generales”. El PSE lamenta que no hayan sido “más precisos en sus consideraciones” y reclame a las instituciones vascas la toma de decisiones que no les competen. Reitera además que el informe debería haber planteado medidas reparadoras pero fijarse “exclusivamente en las víctimas, no en los victimarios”.

Reparar a los torturados

El PSE se reafirma en su condena a la violencia, “nadie debió matar, secuestrar, torturar ni amenazar” y denuncia la práctica de la tortura. Añade que “nadie que murió o resultó herido por excesos policiales debe quedar desamparado por falta de reconocimiento y de reparación” y reclama que se depuren “todas las responsabilidades en la comisión de un delito tan grave como la tortura”.

Sin embargo, defiende que sea en el seno de la ponencia de Memoria y Convivencia en el que se aborde esta cuestión. Anuncia que incorporará el informe a la misma para que sea abordada como otras cuestiones relevantes y aún pendientes: el esclarecimiento de los 300 asesinatos pendientes, la reparación de “miles de víctimas de persecución”, el “daño sin medir de los menores que sufrieron la amenaza” o la búsqueda de “restos de asesinados sin aparecer” o el modo en el que “los penados reconozcan el daño causado”.

El informe registra 4.113 denuncias por malos tratos o tortura, el 38% contra la Guardia Civil, el 30% contra Policial Nacional y el 10% contra la Ertzaintza

El informe que ha suscitado la airada reacción del PSE ha sido presentado esta tarde en San Sebastián. Se trata de un documento que encargó el Gobierno vasco la pasada legislatura para investigar los casos de tortura y malos tratos que se pudieron producir en el País Vasco en el periodo 1960-2014. El equipo del Instituto Vasco de Criminología (IVAC-KREI) de la Universidad del País Vasco que ha investigado los casos y denuncias ha estado dirigido por el forense Francisco Etxebarria y ha logrado recabar medio millar de testimonios y documentar 4.113 denuncias por torturas o malos tratos. En total, se señala que se han podido constatar las denuncias de 3.541 personas, algunas de las cuales habrían presentado más de una denuncia. En su inmensa mayoría, el 83%, son hombres.

Los autores sin embargo consideran que el impacto de estas prácticas por parte de los cuerpos policiales ha podido ser “mucho mayor”, en especial durante los años del franquismo y cuya dificultad para acreditar es más elevada. El informe concluye que la práctica de la tortura y los malos tratos en los cuerpos policiales se mantuvo hasta los años 90, descendiendo desde entonces de modo paulatino. Se afirma que a partir de 2004 decrece de forma importante hasta no contar ni un solo caso en los años 2015 y 2016.

20 condenas por tortura

Respecto a las sentencias por torturas, el equipo de expertos que ha analizado los casos señala que tan sólo existen una veintena de sentencias en el periodo 1979-1992 por parte del Tribunal Supremo, nueve de ellas contra la Policía Nacional y 11 contra la Guardia Civil. Sentencias que condenan a 49 funcionarios policiales por torturas o malos tratos ejercidos contra 31 víctimas. El informe encargado por el Gobierno vasco también subraya que no existe ninguna condena contra la Ertzaintza por este tipo de prácticas.

Una de las críticas va dirigida contra la falta de diligencia e interés mostrada por los sucesivos Gobiernos de España en estos años para analizar e investigar las denuncias por torturas. El informe apunta que han sido varios los organismos internacionales “tales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura o el Comité de derechos Humanos” los que han condenado a España “por el incumplimiento de las obligaciones contraídas para la investigación de la tortura y su prevención”, se señala.

El Supremo ha condenado a 49 funcionarios policiales por tortura o malos tratos en el periodo 1979-1992

El estudio de Etxebarria añade que “de forma sistemática” las autoridades españolas han venido negando la existencia de estas prácticas y no han llevado a cabo investigaciones, “lo cual es un indicador más de la falta de voluntad de llevar a cabo una erradicación de dichas prácticas o en su caso de proteger a los agentes de posibles denuncias falsas”.

El estudio aborda incluso la evolución en las formas de maltrato que se habría aplicado por parte de Policía y Guardia Civil en estos años. Se apunta a que los métodos como “la bañera”, la “aplicación de electricidad” o “las palizas con fuertes evidencias de hematomas” fueron desapareciendo a partir de los años 90. Añaden que desde entonces las denuncias hablan de “métodos más difíciles de detectar en exámenes forenses superficiales”: “Tales como maniobras de asfixia como ‘la bolsa’, las posturas forzadas o ejercicios extenuantes, las amenazas y las humillaciones, el desnudo forzado y las vejaciones sexuales”.