El recurso fue presentado el día después de haberse estrechado las manos para un acuerdo presupuestario. Hoy, menos de seis meses después de aquella escena de sintonía entre el Gobierno de Rajoy y el de Urkullu, entre el PNV y el PP, no sólo se ha enfriado sino que amenaza con resquebrajarse. La decisión conocida este martes del Tribunal Constitucional de mantener en suspenso los artículos recurridos por el Ejecutivo de la Ley de Víctimas de Abusos Policiales aprobada por el Parlamento Vasco no hace sino profundizar aún más las distancias.

El Alto Tribunal ha emitido este martes un auto en el que resuelve el recurso presentado por el Gobierno de Urkullu y en el que solicitaba que levantara la suspensión sobre los seis artículos de la ley que impulsó el Gobierno vasco a finales de la pasada legislatura y que aprobó la Cámara de Vitoria. La norma pretende arbitrar un procedimiento para reconocer e indemnizar a las víctimas de abusos policiales registrados entre 1979 y 1999.

El TC suspende los artículos que fijan la creación de una comisión de valoración que acredite las circunstancias y condición de víctimas

Entre los artículos cuya suspensión se mantiene, hasta la resolución definitiva sobre el fondo de la ley que deberá hacer el Constitucional, sobresalen los referidos a la creación de un comité evaluador, previsto en la ley vasca, y que sería el encargado de reconocer y documentar las circunstancias y condición de víctima de abuso policial en cada caso. Una potestad que el Gobierno del PP considera inconstitucional por arrogarse competencias que corresponden únicamente al poder judicial.

“Retrasa” la reparación a las víctimas

El Gobierno vasco acaba de valorar la resolución del TC y considera que se trata de una decisión “mala para la sociedad vasca”, ha asegurado Josu Erkoreka, al retrasar aún más “la reparación de las víctimas” y establece una dificultad para un reconocimiento igualitario para todo tipo de víctimas de violencia.

La norma, aprobada el 28 de julio de 2016 con el único voto favorable del PNV y el PSE –la abstención de EH Bildu, por considerarla insuficiente, y en contra de PP y UPyD, por tildarla de inconstitucional- generaría según el Gobierno Central “inseguridad jurídica”. La conocida como Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999 es una de las normas a las que mayor importancia ha dado el Gobierno de Urkullu por considerar que es un compromiso firme y necesario para asentar la convivencia en Euskadi.

El Gobierno Urkullu ya ha reconocido a 187 víctimas de abuso policial entre 1960 y 1978

En junio el Ejecutivo vasco presentó un informe que daba por documentadas y reconocidas a 187 víctimas de abusos policiales cometidas durante los últimos años del franquismo. La comisión encargada de documentar las vulneraciones de derechos humanos y determinar las circunstancias en las que se habrían cometido los abusos de poder y torturas por parte de la Guardia Civil y la Policía suscribe el documento, titulado Saliendo del olvido, en los que se abordan casos ocurridos en el periodo 1960-1978 e incluye los testimonios de las víctimas. Además analiza en profundidad los hechos de vulneración de derechos humanos que denuncian.

En total, la comisión ha analizado 239 casos, si bien finalmente algunos han sido desestimados por no acogerse al rango fijado por el decreto del Gobierno vasco aprobado tal efecto en 2012 o por no haber podido acreditarse suficientemente. De todas las peticiones tramitadas, 52 no han sido reconocidas como abusos y han sido desestimadas.