El Gobierno vasco ha dado por documentadas y reconocidas a 187 víctimas de abusos policiales cometidas durante los últimos años del franquismo. El lehendakari Iñigo Urkullu ha recibido hoy el informe final de la comisión encargada de documentar las vulneraciones de derechos humanos y determinar las circunstancias en las que se habrían cometido los abusos de poder y torturas por parte de la Guardia Civil y la Policía. El documento, titulado “Saliendo del olvido”, aborda casos ocurridos en el periodo 1960-1978 e incluye los testimonios de las víctimas. Además analiza en profundidad los hechos de vulneración de derechos humanos que denuncian. En total, la comisión ha analizado 239 casos, si bien finalmente algunos han sido desestimados por no acogerse al rango fijado por el decreto del Gobierno vasco aprobado tal efecto en 2012 o por no haber podido acreditarse suficientemente. De todas las peticiones tramitadas, 52 no han sido reconocidas como abusos y han sido desestimadas.

En 34 casos el empleo de la violencia y los abusos policiales se saldaron, según el informe dado a conocer hoy, con la muerte de la víctima, entre ellas cuatro menores de edad. De ellos casi la mitad se produjeron por disparos de la Guardia Civil o la Policía Armada al dispersar una manifestación, bien con armas de fuego, bien con pelotas de goma. Tres de las muertes violentas se registraron a consecuencia de disparos en controles de carretera; cuatro por disparos en discusiones callejeras; cinco por disparos policiales mientras realizaban acciones cotidianas y que las fuerzas de seguridad consideraron sospechosas. Además de los fallecidos, entre las víctimas reconocidas figuran 66 con heridas de bala, de ellas una docena menores de edad. La comisión también da por acreditados 72 casos de torturas, la mayor parte tras ser detenidas. Por último, se han documentado dos casos de agresión sexual.

De los 239 casos analizados se han reconocido 187. Las torturas y abuso policial provocó, según el informe, la muerte en 34 víctimas y heridas de bala a 66

El citado informe se ha llevado a cabo de acuerdo a lo previsto en el decreto 107/2012 de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneración de derechos humanos aprobado por el Ejecutivo vasco hace cinco años. En ‘Saliendo del olvido’ se incorporan los relatos de las víctimas, historias recabadas por la comisión constituida al efecto y que ha trabajado esta cuestión a lo largo de los últimos cinco años. Al frente de la misma han estado Carlos Martín Beristáin, Alvaro Gil Robles, Sabino Ormazabal, Mónica Hernando y Aintzane Ezenarro.

En manifestaciones, controles de carretera…

Se trata de víctimas que sufrieron agresiones bien en manifestaciones o controles de carretera o bien en distintos tipos de operativos policiales, fusilamientos al margen de los procesos legalmente establecidos o incluso abusos en forma de violencia sexual y tortura practicadas por las fuerzas de orden público de la época. Muchos de ellos se registraron en los últimos años del franquismo durante incidentes o altercados registrados en Euskadi con motivo del llamado ‘Proceso de Burgos’, los incidentes del 3 de marzo de Vitoria por protestas obreras o movilizaciones en favor de la amnistía de los presos políticos del franquismo. En algunos casos se trata de torturas que dejaron secuelas importantes en quienes los padecieron y en otros incluso que provocaron la muerte.

La mayor parte de los casos ocurrieron hace 40 o 50 años atrás, buena parte de ellos bajo una dictadura y los últimos, tras la muerte de Franco y hasta la aprobación de la Constitución en 1978. Los autores del informe subrayan que “las memorias de esos hechos están afectadas por el paso de los años, y por el tiempo en que muchas de esas experiencias se tuvieron que guardar, en un recorte de periódico, en un cajón de la casa o en el corazón de las víctimas”. Señalan que durante décadas las familias de muchas de las víctimas evitaron hablar de lo sucedido “para no preocupar más a otros familiares, para mostrarse fuertes o activos, o también por miedo a posibles represalias y en la mayor parte de los casos las experiencias permanecieron en el ámbito familiar”.

Ahora el Gobierno vasco también quiere reconocer las víctimas de abusos policiales en democracia, de 1978 a 1999

La Comisión ha señalado hoy que es consciente de la existencia de otros casos similares ocurridos entre el final de la guerra civil y 1960, pero su trabajo se ha limitado al periodo establecido en el decreto aprobado en 2012.

El siguiente paso que el Gobierno quiere documentar es el relativo al periodo de recuperación de la democracia. Al igual que ahora, se quiere constituir una comisión que documente los “abusos policiales” que se pudieron cometer por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. La dificultad radica en que el Estado ha recurrido la Ley aprobada por el Gobierno vasco para darle respaldo a la medida. El ejecutivo del PP considera que el Gobierno de Urkullu se extralimita en sus funciones al erigir una comisión constituida ad hoc como tribunal para determinar la comisión de delitos como las torturas policiales.