El recurso se presentó apenas dos días después de estrecharse la mano, de sellar el acuerdo que abrió un nuevo tiempo de entendimiento entre ambos. Cuando el Gobierno de Mariano Rajoy recababa los apoyos necesarios del PNV para sacar adelante sus cuentas de 2017, sus servicios jurídicos ultimaban el recurso que sólo dos días más tarde, el 5 de mayo, aprobaría el Consejo de Ministros. La decisión suponía presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la denominada Ley de Abusos Policiales aprobada por el Gobierno de Iñigo Urkullu la pasada legislatura.
El anuncio provocó un profundo malestar en el Ejecutivo del PNV que consideró que se atacaba una cuestión clave y pendiente desde hacía décadas para consolidar la convivencia en el País Vasco. Con aquella norma los nacionalistas pretendían resarcir a un colectivo que consideran que ha sido injustamente tratado, el que padeció los abusos de grupos de extrema derecha y la policía, -la Guardia Civil y la Policía Nacional fundamentalmente-, durante el periodo 1978-1999 y que aún no han sido reconocidas. La norma fue apoyada por el PNV y el PSE y rechazada por PP y UPyD. EH Bildu se abstuvo por considerarla insuficiente. El Ejecutivo del PP sin embargo decidió recurrirla ante el TC alegando que se excedía en sus funciones al establecer que correspondería a una comisión constituida ‘ad hoc’ determinar quién podría ser considerado o no víctimas de un abuso policial. Un informe encargado por el ejecutivo de Urkullu había estimado en algo más de 4.000 las personas que sufrieron este tipo de abusos en las últimas cinco décadas en Euskadi.
Un informe encargado por el Gobierno vasco estimó en más de 4.000 las víctimas de abusos policiales entre 1960 y 2013
Hoy la Cámara de Vitoria ha abordado esta cuestión en la que el PNV se ha mostrado especialmente crítico con la posición del Gobierno de Rajoy al que ha acusado de “tener miedo” al camino emprendido en el País Vasco para resarcir a este tipo de víctimas no reconocidas. Para el partido de Andoni Ortuzar haber recurrido la norma ante el TC es una demostración de su “nula voluntad política y compromiso” con estas víctimas.
Debatir un proyecto alternativo
La formación de Urkullu insiste en que la ley aprobada por el Parlamento Vasco el 28 de julio de 2016 es plenamente constitucional y que la presentación del recurso estaba decidida incluso antes de que ésta fuera aprobada, “había ya prejuicios establecidos y miedo al camino que desde aquí podíamos iniciar para resarcir a estas víctimas”. El portavoz del PNV en el Parlamento, Iñigo Iturrate, ha llegado a afirmar que con esta actitud se vuelve a victimizar a las víctimas pese a que tienen reconocidas “todos sus derechos por la legislación internacional”: “No es de recibo que cuando teníamos la oportunidad de comenzar a saldar esta deuda el Estado nos ponga esta piedra en el camino.
“No es de recibo que cuando teníamos la oportunidad de comenzar a saldar esta deuda el Estado nos ponga esta piedra en el camino.
Desde el PNV se invita al ejecutivo del PP a presentar un proyecto de ley alternativo, debatirlo y contar con su apoyo para sacarlo adelante, “si cree que estas víctimas deben ser reparadas”. En una nota hecha pública esta tarde el PNV asegura que al existencia real de estas víctimas de abusos policiales, así como el apoyo de la sociedad vasca a su reconocimiento y el respaldo de instituciones y expertos juristas “nos obligan a seguir luchando por una ley justa, necesaria y dotada de seguridad jurídica”.
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