Es la segunda ocasión en la que el PP recurrirá la ley vasca de Abusos Policiales, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy ya lo hiciera en el último año de su mandato. La retirada de aquel recurso de inconstitucionalidad contra la norma llamada a indemnizar a posibles victimas de excesos policiales cometidos en Euskadi fue una de las primeras cesiones del Ejecutivo del PSOE al PNV a cambio de su apoyo en la moción de censura. A cambio de pactar una leve modificación del articulado más controvertido de la ley, el Gobierno de Pedro Sánchez accedió a no continuar con el recurso iniciado en tiempos de los populares.

La nueva ley fue publicada el 3 de mayo de este año después de que la modificación de su articulado se aprobara el 4 de abril. La norma había sido cuestionada por una veintena de asociaciones de víctimas del terrorismo que habían solicitado que fuera recurrida ante el TC. La modificación de los cuatro artículos que permitió la nueva versión de la norma, y que el Gobierno vasco considera que es plenamente constitucional, insiste en que lo que pretende es únicamente una acreditación «administrativa» de posibles vulneraciones de derechos fundamentales por casos de maltrato policial o torturas cometidos entre 1978 y 1999.

Ahora el PP en el Senado ha anunciado que también recurrirá la última versión de la norma por considerar que «continúa vulnerando el principio de Estado de Derecho y del sometimiento de los poderes públicos a la Constitución». El PP de la Cámara Alta señala que también ataca el derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia, el principio de seguridad jurídica e invade competencias del Estado.

Comisión de valoración

La norma mantiene la herramienta más polémica, como es la conformación de un comité de expertos que evaluarán y emitirán una conclusión sobre posibles casos de abusos o torturas policiales a partir de una denuncia.

Hoy el PP ha recordado que la norma vasca invade competencias que corresponden al poder judicial». Considera que la Comisión de Valoración que se constituyó en la ley una vez modificada no evita la vulneración. Subraya que este comité de expertos reconocerá el derecho a percibir indemnizaciones económicas a posibles víctimas de malos tratos policiales. Denuncia además que otro de los propósitos de la norma es el «desprestigio y desacreditar» a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Añaden que han sido cientos los agentes de la policía y la Guardia Civil que han sido asesinadas por ETA y que son ahora estos cuerpos policiales, junto a la Ertzaintza, las que quedarían desamparadas en el proceso que prevé la ley.

El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó ha apuntado que el único modo de determinar una vulneración de derechos de estas características es a través de una resolución judicial «que reconozca hechos ilícitos» pero sin que ello suponga una vulneración a su vez de derechos como «la tutela efectiva o el derecho al honor». Añaden que lo que se busca desde el Gobierno vasco es constituir la citada comisión en una suerte de «comisión de la verdad» pero sin garantías judiciales.