El ministerio de Asuntos Exteriores ha desclasificado una serie de documentos sobre la intentona golpista del 23-F. El bloque más relevante a priori es el expediente AGMAE, R39017, Exp. 4, que promete reconstruir a partir de los textos oficiales el "conflicto diplomático" entre España y Estados Unidos que siguió a la operación del teniente coronel Antonio Tejero. Pero nada más lejos de la realidad. Los documentos publicados tienen como pieza principal una crónica del New York Times enviada a la sede de Exteriores por la embajada española a EEUU el 12 de marzo de 1981.
El resto son el intercambio posterior -a partir del 24 de febrero- entre Ronald Reagan y el rey Juan Carlos I además de la mantenida con el presidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo y los jefes de la diplomacia de ambos países y la resolución tardía del Congreso americano en apoyo a la joven democracia española, fechada el 4 de marzo.
En realidad, no se trató de una ruptura formal entre Madrid y Washington, pero sí de un momento de fricción política provocado por una declaración inicial del secretario de Estado estadounidense, Alexander M. Haig.
El Ministerio sistematizó el episodio en un documento fechado el 13 de marzo de 1981 bajo el título “Mensajes y declaraciones oficiales de los Estados Unidos sobre los sucesos del 23 y 24 de febrero en Madrid”. En esa relación cronológica el primer punto es revelador: “23 de febrero: Comentario del Secretario de Estado Haig (18,00 horas en Estados Unidos; 24,00 horas en España)”. Ese comentario es el origen del expediente.
El contenido de la declaración generó malestar. El documento 14 incorpora la crónica publicada el 11 de marzo por The New York Times y firmado por James M. Markham bajo el título “Comment by Haig draws fire in Spain” («El comentario de Haig desata la polémica en España», en inglés). En la transcripción conservada por Exteriores se recoge que una observación de Haig en la que aseguraba que la toma del Parlamento por Tejero como un “Spanish ‘internal matter’” —un “asunto interno español”— “ha suscitado duras críticas tanto desde la derecha como desde la izquierda”. El texto añade que, aunque diplomáticos estadounidenses insistían en que no debía interpretarse como una declaración de política oficial, el comentario fue percibido en España como indicativo de las “verdaderas actitudes estadounidenses”.
Ambigüedad inquietante
La misma crónica señala que la opinión pública española es “extremadamente sensible a las políticas estadounidenses hacia las naciones de América Latina” y que muchos españoles creen que las actitudes hacia América Latina “probablemente se aplican también a su propio país”. En ese contexto, la referencia al golpe como “asunto interno” fue interpretada como una ambigüedad inquietante. El texto recoge la advertencia de un diplomático europeo occidental que calificó la polémica de “desafortunada”, especialmente si los generales llegaban a convencerse de que lo que leían en su prensa sobre la postura de Estados Unidos era cierto, porque “eso podría persuadirles de que nada se perdería intentando de nuevo”.
Frente a ese comentario inicial, el expediente documenta la reacción oficial posterior de Washington. El 24 de febrero el Departamento de Estado difundió un comunicado cuyo texto íntegro figura en el documento 3 bajo el título “Text of U.S. Statement on Spain”, cuando ya el intento de asonada había fracasado y la transición había superado aquella angustiosa noche de los transistores. En el comunicado de Exteriores estadoundinense se afirmaba: “Estamos satisfechos de que la democracia en España haya sobrevivido”. El comunicado añadía que “la abrumadora mayoría de las fuerzas armadas y del pueblo español permanecieron leales al Rey y a la Constitución” y subrayaba que “el papel y el liderazgo del Rey Juan Carlos fueron claramente decisivos para poner fin a la crisis y merecen particular admiración”.
Dos días después, el 26 de febrero, Alexander M. Haig escribió al entonces ministro español de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca: “Quiero felicitarle a usted y al pueblo español por la exitosa resolución de la situación en las Cortes”. En la misma línea, el embajador de Estados Unidos en Madrid, Terence A. Todman, remitió una carta en la que transmitía el mensaje de Haig y adjuntaba el texto del anuncio oficial del Departamento de Estado sobre la “supervivencia de la democracia en España”, señalando que su Gobierno estaba “profundamente complacido de que las instituciones democráticas de España resistieran la tensión de una prueba tan ardua”.
El propio Haig, en su carta fechada en Washington el 26 de febrero, había escrito: “Quiero felicitarle a usted y al pueblo español por la resolución satisfactoria de la situación en las Cortes. Siento la más alta admiración por la determinación con la que se resolvió el problema y creo que el resultado refleja la fortaleza de las nuevas instituciones democráticas de España”.
Dudas sobre un encuentro con el embajador estadounidense previo al 23-F
El expediente recoge asimismo que el 4 de marzo el Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución elogiando las instituciones democráticas españolas. La secuencia documental muestra un esfuerzo claro de Washington por reafirmar públicamente su respaldo a la democracia española tras la controversia inicial.
Pero los papeles desclasificados incorporan además un elemento especialmente sensible. El “Informe sobre la participación de miembros de la AOME (CESID) en los hechos del 23 de febrero de 1981” señala que “de las investigaciones realizadas se ha podido comprobar que algunos miembros de esta Unidad participaron activamente en los hechos del 23 de Febrero”. El texto detalla que esa participación “se concreta en número de 6 personas que o bien conocían los hechos antes del 23 o que planificaron un apoyo operativo que lo llevaron a efecto y que posteriormente trataron de encubrir su participación activando una operación que justificara sus movimientos del día 23”.
En el apartado “Conocimiento previo de los hechos” el informe precisa que “El Capitán García Almenta, el Capitán Gómez Iglesias, el Sargento Miguel Sales así como el Cabo Monge Segura, conocían los hechos concretos del 23 de Febrero antes de que ocurrieran” y añade que “el Comandante Cortina, no está comprobado que lo supiera, pero hay indicios de que así fuera”.
En la página 4 del mismo informe aparece la referencia más delicada desde el punto de vista diplomático: “Se conocen contactos del Comandante Cortina con el Nuncio Su Santidad y con el Embajador de EE.UU. Mr. Todman en fechas previas al día 23, según manifestó el Capitán Gómez Iglesias”.
El documento no desarrolla el contenido de esos contactos ni establece responsabilidades adicionales, pero su inclusión en el expediente confirma que el Ministerio manejó información sensible sobre posibles reuniones previas entre uno de los mandos investigados y el embajador estadounidense.
Los papeles no muestran una protesta formal contra Washington ni una acusación directa hacia la representación diplomática norteamericana. Respalda la existencia de una fricción con la única prueba de una crónica del New York Times. La expresión “asunto interno español” fue suficiente para generar inquietud política y abrir un seguimiento diplomático exhaustivo. La declaración posterior —“Estamos satisfechos de que la democracia en España haya sobrevivido”— contribuyó a reconducir el episodio.
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