El próximo 7 de abril, el Tribunal Supremo abrirá la vista oral de uno de los procesos judiciales más relevantes surgidos tras la pandemia en España. En el banquillo se sentarán el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García Izaguirre y el empresario Víctor de Aldama, acusados de participar en una presunta trama de comisiones vinculada a contratos públicos de mascarillas durante los primeros meses de la crisis sanitaria del COVID-19 en España.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los tres formaron parte de una red que utilizó contactos políticos y administrativos para facilitar adjudicaciones de material sanitario en plena emergencia. Por esos hechos, el Ministerio Público solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete años para Aldama, en un procedimiento que prevé la declaración de más de 70 testigos y una veintena de peritos.

El caso, conocido como caso Koldo, se convirtió en 2024 en uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años al destapar una investigación de la Guardia Civil sobre contratos de emergencia firmados durante la pandemia. Seis años después del estallido del coronavirus en España, la justicia examinará ahora si detrás de algunas de esas adjudicaciones existió una red organizada de comisiones y tráfico de influencias.

Contratos de emergencia

Para entender el origen del caso hay que retroceder a marzo de 2020, cuando el Gobierno decretó el estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus. En aquellos primeros meses de la pandemia, España, como la mayoría de países, se enfrentó a una escasez mundial de mascarillas, guantes y equipos de protección.

Ante la urgencia sanitaria, las administraciones públicas recurrieron de forma masiva a los contratos de emergencia, un mecanismo previsto en la legislación española que permite adjudicar compras sin concurso público cuando existe una situación excepcional que requiere una respuesta inmediata.

Gracias a ese procedimiento, ministerios, comunidades autónomas y empresas públicas pudieron comprar material sanitario en cuestión de días. Sin embargo, ese sistema también reducía algunos de los controles administrativos habituales, lo que facilitó la entrada de intermediarios que ofrecían acceso rápido a proveedores internacionales. Fue en ese contexto donde surgieron múltiples operaciones de compra de mascarillas que posteriormente serían revisadas por los tribunales.

El asesor que dio nombre al caso

La figura central de la investigación es Koldo García, asesor personal del ministro de Transportes entre 2018 y 2021. Antiguo escolta y militante socialista en Navarra, García se convirtió durante aquellos años en uno de los colaboradores más cercanos de Ábalos dentro del ministerio.

Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, García habría actuado como intermediario entre empresarios interesados en vender material sanitario y responsables de diferentes administraciones públicas. Las pesquisas sostienen que su posición dentro del Ministerio de Transportes le habría permitido facilitar contactos, abrir canales de comunicación y favorecer determinadas operaciones comerciales durante los meses más críticos de la pandemia.

En febrero de 2024, una operación policial acabó con la detención de García y varios empresarios vinculados a la trama. Aquella actuación marcó el inicio público de un caso que rápidamente adquirió dimensión política al implicar al entorno de un exministro del Gobierno.

El papel del exministro Ábalos

El juicio que comenzará en abril tratará de determinar si José Luis Ábalos, ministro de Transportes entre 2018 y 2021, tuvo algún tipo de participación o conocimiento de las actividades de su asesor. Durante la pandemia, el Ministerio de Transportes gestionaba importantes organismos públicos, entre ellos ADIF y Renfe, que también realizaron compras de material sanitario para sus trabajadores.

La acusación sostiene que el entonces ministro podría haberse beneficiado de la actividad de la trama o haber tenido conocimiento de algunas de sus operaciones. Entre las pruebas analizadas por los investigadores figuran informes policiales, registros telefónicos y documentación vinculada a empresas proveedoras de mascarillas. Ábalos ha negado reiteradamente cualquier implicación en los hechos investigados. Desde que estalló el escándalo ha defendido que nunca participó en ninguna red de comisiones y que desconocía las actividades de García.

El tercer acusado en este primer gran juicio del caso es el empresario Víctor de Aldama, a quien los investigadores consideran uno de los principales intermediarios de la red. Según la Fiscalía, Aldama habría participado en la obtención de contratos públicos durante la pandemia y en la gestión de operaciones empresariales relacionadas con la venta de mascarillas. Parte de la acusación se basa en documentación vinculada a sus empresas y en su relación con otros implicados en la investigación.

El empresario ha reconocido algunos delitos en el marco del procedimiento judicial y ha solicitado una reducción de la pena solicitada por el Ministerio Público. Su testimonio es considerado relevante para esclarecer el funcionamiento de la red y la forma en que se habrían canalizado determinadas operaciones comerciales.

Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas

Uno de los elementos centrales del proceso judicial son los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia a empresas que actuaban como intermediarias entre proveedores internacionales y administraciones públicas españolas.

Entre las compañías mencionadas en la investigación aparece Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que firmó contratos millonarios para suministrar mascarillas a diferentes administraciones durante los primeros meses de la crisis sanitaria.

La investigación judicial analiza si algunos de esos contratos pudieron incluir comisiones irregulares o sobrecostes vinculados a la intermediación empresarial. En varios casos, además, surgieron dudas sobre la calidad del material suministrado o sobre el procedimiento seguido para realizar las compras.

En algunos de esos contratos, los investigadores detectaron incrementos significativos en el precio del material respecto a otras operaciones realizadas en el mismo periodo, lo que llevó a examinar el papel de los intermediarios en la negociación de las compras.

La Guardia Civil sostiene que determinadas empresas actuaron como puente entre fabricantes extranjeros y administraciones españolas que buscaban abastecerse con rapidez. Los investigadores también analizan si parte de los beneficios obtenidos por las empresas proveedoras se destinó al pago de comisiones por facilitar el acceso a los contratos públicos.

Según la hipótesis de la acusación, algunos de los implicados habrían utilizado sus contactos políticos y administrativos para favorecer determinadas adjudicaciones durante los meses más críticos de la pandemia.

La investigación también estudia la trazabilidad de los pagos realizados tras las adjudicaciones con el objetivo de esclarecer si parte del dinero acabó canalizándose hacia comisiones o contraprestaciones por la obtención de los contratos.

Febrero de 2024

Aunque los hechos investigados se remontan a 2020, el caso no salió a la luz pública hasta varios años después. En febrero de 2024, la Guardia Civil llevó a cabo una operación contra una presunta trama de comisiones vinculada a contratos de mascarillas. Aquella investigación, dirigida inicialmente por la Audiencia Nacional y posteriormente elevada al Tribunal Supremo en la parte que afecta a aforados, incluyó registros y detenciones que revelaron la existencia de una red empresarial con conexiones políticas.

La investigación acabó centrando su atención en Koldo García y en varios empresarios que habrían participado en operaciones comerciales relacionadas con la venta de material sanitario. A medida que avanzaron las pesquisas, la causa fue ampliándose hasta incluir al exministro Ábalos y a otros implicados.

Las primeras informaciones sobre la operación policial provocaron una fuerte repercusión política y mediática, ya que señalaban directamente al entorno de un antiguo ministro del Gobierno.

La dimensión política del caso creció cuando la investigación comenzó a apuntar hacia el entorno del exministro Ábalos. Aunque el exministro ha negado reiteradamente haber participado en cualquier irregularidad, su relación con algunos de los implicados situó el caso en el centro del debate político.

Un juicio con fuerte impacto político

El juicio contará con la declaración de decenas de testigos, entre ellos varias figuras relevantes de la política española. Entre los citados figuran la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que deberán declarar en relación con contratos de mascarillas firmados durante la pandemia en los territorios que gobernaban entonces.

El tribunal, sin embargo, rechazó citar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Más allá de su dimensión judicial, el caso Koldo ha tenido desde el principio un fuerte impacto político. La oposición ha utilizado el escándalo para cuestionar la gestión del Gobierno durante la pandemia y exigir explicaciones sobre los contratos de emergencia firmados en aquellos meses.