La guerra en Irán y su repercusión en las economías internacionales ha hecho moverse a Sumar, que exige al PSOE dentro del marco de Gobierno de coalición un nuevo escudo social ampliado para que los sectores económicos y la ciudadanía puedan afrontar subidas de precios. Especialmente en el ámbito de los combustibles y la energía. "Los españoles ya lo están notando en su bolsillo, los precios del petróleo están disparados tras el cierre de estrecho de Ormuz -ubicado entre el golfo pérsico y el de Omán-". "Consideramos que los Estados y los Gobiernos existen para que en momentos así se proteja a la ciudadanía", dijo este lunes la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, durante una rueda de prensa este lunes en el madrileño Espacio Rastro.

La líder de Movimiento Sumar, uno de los cuatro partidos que integran Sumar y su refundación, incidió en la necesidad de que los socios de Gobierno se pongan a trabajar en un nuevo paquete de medidas de calado, que comparó con el desplegado en abril de 2022 para hacer frente a la guerra en Ucrania. Enumeró una decena de reclamaciones a los socialistas. Principalmente, se pide a Pedro Sánchez y los suyos que se "recupere la excepción ibérica, para intervenir el mercado del gas con un tope de 30 euros de máximo". Por otro lado, se hace hincapié en volver a aprobar "el impuesto a los beneficios extraordinario a las empresas energéticas que se cargaron las tres derechas".

En enero de 2025, PP, Vox y Junts, pero también PNV y UPN, tumbaron este apartado de la reforma fiscal del Gobierno, que quedó diluido. Con ello, los magentas estiman la capacidad de recaudar unos 1.000 millones de euros anuales que creen que pueden ir a la bonificación del transporte, algo elemental como alternativa, dicen, a esa subida de precios. Frente a esa mayoría de derechas en cuanto al ámbito energético, el Gobierno, en minoría con sus socios externos, tendrá una notable complicación para sacarlo adelante cuando se lleve al Congreso. Llenar el depósito ya llega a los 100 euros.

Hernández añadió medidas como el "aumento del bono social eléctrico" para que llegue a más familias. Habló del blindaje de las empresas electrointensivas y gasintensivas. Y, especialmente, se refirió a las bonificaciones a "los sectores del gasóleo". Es decir, a los transportistas, a los taxistas o al sector primario que depende del combustible para sus trabajos. Fue más allá: "Si el precio de los combustibles se sitúa en más de 2 euros, habría que pensar en recuperar bonificaciones generales a los usuarios". No se plantea en estos momentos al PSOE, pero en vistas de que el conflicto "será largo", no renuncian a "estudiar medidas de compensación para particulares", aunque la prioridad son los profesionales.

Sumar alude al sector profesional del transporte, pero plantea la posibilidad de estudiar bonificaciones a todos los usuarios si el litro de combustible supera los dos euros

Por último, Sumar añade la prórroga de los contratos de alquiler y el control de precios de los alimentos básicos "como se hizo durante la pandemia" del coronavirus "con las mascarillas". Hernández reafirmó el compromiso con la transición energética verde: "Si queremos proteger a la gente, hay que ser lo más independientes posible de la economía fósil".

El ministerio de Bustinduy, al frente de las negociaciones

Al tratarse de cuestiones sociales y de Consumo, el ministro que ostenta esas competencias, Pablo Bustinduy, estaría encabezando los diálogos con el socio mayoritario. Por ahora, desde Movimiento Sumar descartan que este asunto pueda llevarse este martes a la reunión del Consejo de Ministros, pero insisten en que debe hacerse una propuesta lo antes posible. "No es tanto el cómo sino el qué", se asegura, dejando abierto un abanico de propuestas de cómo materializar el asunto. Aunque fuentes de Sumar creen que lo idóneo será que pasen por el Congreso para que se vote. La legislación tampoco deja otro margen, cabe destacar.

"No está previsto que vaya mañana. Estamos en una fase de diálogo y hacemos esfuerzos para que se apruebe cuanto antes. Al PSOE es ha quien hay que preguntarle", dicen. Aunque Hernández ve al PSOE alineado con sus demandas por ese posicionamiento asumido con rapidez del 'No a la guerra' frente a Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Creen que si las decisiones ya se tomaron por Ucrania, esta situación más complicada impide al PSOE descartarse.

"Nosotros entendemos que estamos en otra pantalla, en una situación distinta ante una crisis de enormes dimensiones internacional que ya afecta a la economía europea y española". "Entendemos que hace falta una protección a todo el conjunto de la sociedad", indican. Preguntados por la dificultad de afrontar trámites en el Congreso, sobre todo cuando hace unas semanas decayó por el voto contrario de PP, Vox y Junts un escudo social más limitado -incluía la moratoria antidesahucios-, en Sumar creen que debe retratarse la derecha. Más PP y Junts, que en el pasado si se movieron frente a esa crisis derivada de Ucrania.

"El escudo social" que se presentó en el Congreso "ha quedado pequeño en un momento de riesgo de la economía", dijo Hernández. Desde el partido esperan que el PSOE actúe con "valentía" y no se limite a una rivalidad "cosmética" con la derecha en previsión a que votará en contra de esas medidas de tope y de impuestos a los beneficios. Confían en que la voluntad del PSOE es total y dejan en el aire hasta definir un texto el cómo se articulará, si en conjunto o en partes para facilitar los asuntos. Creen que todo el Parlamento debe mojarse "en un momento en el que 2 de cada 3 españoles rechazan la guerra y se ha mostrado pacifista".

Dentro de Sumar se deja la puerta abierta a conversar previamente con otras formaciones, incluso con el PP. "Esto tiene que caer por su propio peso, a nadie se le escapan los problemas económicos que va a haber. Ya se verán que intereses defiende cada uno", afirman fuentes de la formación, que califican esta crisis bélica como algo crítico desde la II Guerra Mundial e inigualable con la guerra de Irak.