El sindicato SICAP FEPOL ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Barcelona contra el Departament de Justícia al considerar que existe un sistema de nombramientos irregulares de mandos intermedios en prisiones que beneficia a delegados sindicales. Según la organización, hasta 37 delegados de UGT, CCOO, CATAC e Intersindical estarían cobrando como mandos de forma irregular, en un mecanismo que, a su juicio, vulnera los acuerdos laborales vigentes.

La denuncia, a la que ha tenido acceso El Independiente, acusa de un presunto delito de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y nombramientos ilegales.

Además sostiene que estos nombramientos se habrían hecho de manera temporal para delegados sindicales pese a que los acuerdos laborales vigentes desde 2012 prohíben expresamente este tipo de prácticas. Según la documentación recopilada por el sindicato, el sistema permitiría a los beneficiados percibir el sobresueldo asociado a puestos de mando sin ejercer las responsabilidades del cargo, ya que se encuentran exentos de trabajar por su actividad sindical de forma parcial o total.

Los "mandos fantasma"

SICAP FEPOL describe este mecanismo como el esquema de los “mandos fantasma”, ya que, según afirma, los delegados nombrados mantienen el salario del puesto sin desempeñar sus funciones. Entre los 37 casos incluidos en la denuncia figura, según el sindicato, “un liberado total de CC.OO que cobra de mando sin pisar la cárcel”. Además, la organización sostiene que estas designaciones bloquearían las plazas, impidiendo que otros funcionarios puedan promocionar mediante procesos basados en méritos.

El secretario general de SICAP FEPOL, Miguel Pueyo, critica duramente la situación y sostiene que “es inadmisible que UGT, CCOO, CATAC se llenen la boca hablando de derechos laborales mientras permiten que el 15% de sus delegados accedan de manera irregular a puestos de mando”. A su juicio, “este es el precio que paga el Departament de Justicia por la paz social y silenciar la corrupción, un coste que sale del bolsillo de todos los ciudadanos”.

La denuncia remitida a la Fiscalía subraya que estos 37 casos “no son errores administrativos, sino una política deliberada de los Secretarios Generales del Departament de Justicia para favorecer a las siglas subvencionadas”, en contra del Acuerdo de Condiciones Laborales que prohíbe este tipo de prácticas. Además, el sindicato sostiene que el nombramiento de Domingo Estepa Camacho “no ha producido cambio alguno, sino que se ha ratificado el mismo modus operandi”.

Ante esta situación, SICAP FEPOL exige al Departament de Justícia la anulación inmediata de los 37 nombramientos que se encuentran en situación de liberación sindical o crédito horario de manera irregular. También reclama la devolución de las cantidades percibidas indebidamente si se demuestra dolo en los nombramientos y que UGT, CCOO y CATAC den explicaciones públicas sobre por qué, según la denuncia, sus representantes ocupan plazas de mando que deberían estar destinadas a otros trabajadores.