El sistema penitenciario catalán atraviesa una crisis sin precedentes, según alerta el sindicato SICAP FEPOL. En apenas una semana, tres internos se han suicidado, dos en Puig de les Basses, uno de ellos en el Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT), y uno en Quatre Camins, mientras que varios funcionarios han sido agredidos en varios centros y se han registrado episodios de violencia con connotación religiosa y delitos sexuales por parte de los internos hacia los trabajadores de prisiones.

El sindicato asegura que la situación refleja “la falta absoluta de control de la Generalitat sobre los centros penitenciarios” y reclama la destitución inmediata del director general de Asuntos Penitenciarios, Domingo Estepa. Además, acusa al conseller de Justicia, Ramon Espadaler, de “negligencia criminal” y exige su intervención directa ante lo que califica de políticas “suicidas para la seguridad pública”.

Uno de los episodios más graves tuvo lugar el pasado 5 de marzo en Brians 2, donde un interno identificado como E.K.J. “se atrincheró gritando repetidamente ‘ALLAHU AKBAR’ (Alá es grande) mientras agredía brutalmente a tres funcionarios”, causando contusiones faciales y traumatismos. El sindicato pide que estos hechos se consideren atentado contra la autoridad y que se investigue quién autorizó el traslado del interno desde el departamento de sancionados a vida ordinaria.

Negligencia criminal

La crisis se extiende también a Lleida, en el DERT de Ponent, donde cuatro funcionarios fueron agredidos. Además, el sindicato denuncia un nuevo delito contra la libertad sexual. Un interno reincidente “se masturbó delante de varias trabajadoras”, un hecho que evidencia, según SICAP FEPOL, “la falta absoluta de protección específica para las mujeres trabajadoras” en el ámbito penitenciario.

Para el sindicato, los suicidios y agresiones reflejan “la prueba irrefutable de que los departamentos más sensibles están totalmente desbordados y que Justicia no garantiza la integridad física de los internos”. SICAP FEPOL reclama también un refuerzo de plantillas y una protección jurídica real para los funcionarios, con la personación de oficio de la Generalitat en cada agresión, a fin de garantizar su seguridad y respaldar su labor.

El secretario general del sindicato, Miguel Pueyo, subraya que “la profesionalidad de los funcionarios es lo único que mantiene el sistema derecho, pero nuestra paciencia ha llegado al límite”, y añade: “Estamos ante una crisis sistémica que Espadaler ya no puede seguir ignorando”.

A esta crisis se le suma la de una reciente investigación que ha puesto bajo el foco a la administración penitenciaria al revelar la designación de 37 cargos directivos que no desempeñan funciones efectivas, denominados 'mandos fantasma'. La denuncia apunta a que estos puestos serían una contraprestación de Justicia para mantener el control sobre los sindicatos y evitar filtraciones sobre irregularidades en las prisiones.