La investigación que dirige el juez Juan Carlos Peinado contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, cumplirá dos años en las próximas semanas. La instrucción ha estado marcada por varios episodios polémicos y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recibido distintas quejas por la actuación del magistrado, la última la pasada semana, a raíz de una presunta filtración.

El promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, ha abierto diligencias informativas, el trámite previo para determinar si procede incoar un expediente disciplinario, tras recibir una queja por una supuesta filtración a 'Okdiario'. No es la primera vez que ocurre. En agosto de 2025, el órgano de gobierno de los jueces ya abrió diligencias informativas a Peinado tras una queja presentada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, después de que declarara como testigo en esta misma causa.

Bolaños amplió posteriormente su queja cuando el Tribunal Supremo archivó la exposición razonada que Peinado había remitido solicitando investigar al ministro por el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez en Moncloa y por un presunto delito de falso testimonio.

Además, el propio Pedro Sánchez llegó a querellarse contra Peinado por prevaricación el mismo día en que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acudió al Palacio de la Moncloa para tomarle declaración. El presidente del Gobierno se acogió entonces a su derecho a no declarar contra su esposa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la querella.

Cinco delitos

El magistrado mantiene investigada a la mujer de Sánchez por la presunta comisión de cinco delitos: corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional, malversación y tráfico de influencias. También investiga a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés.

Peinado tiene en el foco dos cartas de recomendación en favor de Barrabés que Gómez firmó para que el empresario concursara a adjudicaciones públicas que dependían del Gobierno. En un informe, Hacienda varias irregularidades en esas cartas, destacando que pudieron "adulterar" la valoración técnica de los proyectos a los que se presentaba el empresario, que posteriormente fue uno de los patrocinadores de la Cátedra de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Sobre Álvarez, el magistrado cree que intervino en actividades privadas de la mujer de Pedro Sánchez. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló que Álvarez participó en decenas de gestiones del máster. Tanto la asesora como Barrabés han mantenido su inocencia desde que se abrió la causa, asegurando que no han cometido ningún delito.

Pese al intenso ruido político y mediático, la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado el núcleo de la investigación. No obstante, en su último auto reprochó al juez la falta de fundamentación jurídica de la decisión por la que comunicó a los tres imputados que, en caso de juicio, este se celebraría ante un jurado popular, tal y como establece la ley para algunos de los delitos que se les atribuyen.

El tribunal anuló esos autos y retrotrajo las actuaciones al momento previo a su dictado. Con la jubilación obligatoria de Peinado prevista para el próximo mes de septiembre, cuando cumplirá 72 años, este movimiento retrasará inevitablemente la investigación. Además, todavía quedan informes pendientes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por lo que previsiblemente el juez solicitará una nueva prórroga de la instrucción cuando ésta cumpla dos años en los próximos días.