El director del centro penitenciario de Topas, en Salamanca, Carlos García García ha sido denunciado por un presunto delito de “violencia doméstica y de género” contra una subordinada con la que tuvo una relación sentimental hace más de una década. 

PUBLICIDAD

El relato de la denunciante del director de la cárcel, al que ha tenido acceso El Independiente, presenta similitudes con la denuncia al ex DAO de la Policía. En ambas se describe una relación sentimental previa entre un alto mando y una mujer de menor rango, con una diferencia de edad significativa, que años después coincidieron de nuevo dentro de la misma estructura bajo una relación jerárquica directa. En ambos casos, las denunciantes sitúan el origen del conflicto en ese vínculo pasado que, lejos de quedar atrás, reaparece cuando el superior ocupa una posición de poder sobre ellas.

PUBLICIDAD

Como en aquel episodio, la denuncia contra el director de Topas no se limita a hechos aislados, sino que describe, siempre según el testimonio de la denunciante, un patrón prolongado en el tiempo en el que el responsable la citaba de forma recurrente en su despacho o buscaba encuentros en el entorno laboral, combinando ese contacto personal con decisiones que afectaban a su situación profesional.

La denuncia y la documentación, a la que ha tenido acceso El Independiente, describen un presunto abuso de poder que se extiende a lo largo de los años desde una presunta agresión física en plena calle en el año 2011 hasta un reciente acorralamiento a nivel administrativo en su entorno laboral, ya que la víctima es una subordinada del mismo centro penitenciario del que él es director. 

2011: “Mucho cuidadito con lo que cuentas”

Según el relato de la víctima “en el 2006, cuando me estaba preparando en la academia, inicié una relación con el profesor de la academia, Carlos García García, él estaba casado, yo no”. Esta relación termina en el año 2011, porque “me pegó en plena calle”, según asegura la denunciante. El parte de la policía local de Salamanca, a la que ha tenido acceso este periódico, específica que en enero de 2011 una persona avisó a unos agentes que estaban patrullando de que “una mujer está siendo agredida” en plena calle. Cuando los agentes llegaron al lugar se encontraron a una pareja y el identificado como Carlos García García, el actual director de Topas, explicó que “estaban discutiendo acerca de algunos asuntos pero sin más, sin contacto, ni insulto de una de las partes a la otra”. 

Si bien en aquél momento la mujer corroboró la versión del actual director de la cárcel, en la denuncia que interpone ante la Guardia Civil años más tarde, explica que aquella noche de 2011 él le pegó un “empujón hacia la pared, le golpeó con el puño en la cabeza varias veces y luego le tiró hacia adelante, cayendo al suelo. Acto seguido él se retiró y ella quedó tirada en el suelo”, justo después fue cuando apareció la policía local. Tanto el escrito como la víctima reiteran que cuando ven a los agentes llegar él le dice que tenga “cuidadito con lo que va a contarles”. A partir de ese momento, rompen la relación. 

Aún después de haber terminado la relación, el atestado explica que en numerosas ocasiones él intenta volver a contactar con ella hasta que en 2013 se marcha a La Coruña, a ejercer el puesto de Director del Centro Penitenciario de Teixeiro. 

2017: vuelta a Topas como Director 

Tras el regreso de Carlos García como director al Centro Penitenciario de Topas en 2017, la funcionaria comenzó a vivir lo que describió en sede judicial como un auténtico "calvario". García García no tardó en retomar el contacto de forma personal, interesándose por su reciente matrimonio y utilizando su posición de mando para abordarla en los módulos de la prisión, zonas donde, por motivos de seguridad, no es habitual que un director transite sin escolta. Según consta en la denuncia ante la Guardia Civil, el director aprovechaba estos encuentros para realizar tocamientos no consentidos: “aprovechaba para entrar la mano por la abertura y acariciarla”, o para agarrarla del brazo y la cintura mientras insistía reiteradamente en quedar fuera del horario laboral para tomar café.

La denunciante explica que se vio obligada a transformar su día a día para evitar cualquier encuentro fortuito con su superior. “Yo ya me llevaba bocadillo, ya ni salía a cafetería. Si tenía que subir algún papel a la oficina, se lo pedía a algún compañero por no encontrarme con él”. Incluso tras reincorporarse de una prolongada baja de un año, el patrón de conducta no cesó. El director llamaba a la subordinada con la que había tenido una relación a su despacho “aproximadamente cada quince días”, donde, lejos de tratar asuntos de servicio, García García aludía constantemente a la relación sentimental que habían mantenido años atrás, recordándole “lo mucho que la quería” y cuestionando por qué no quería volver con él, según figura en la declaración de ella. 

Un cese automático 

Este asedio constante se apoyaba en una amenaza implícita sobre la estabilidad laboral de la funcionaria. Según las fuentes consultadas, el director le recordaba su poder jerárquico sugiriendo que podía “llamar a Madrid” para que le quitaran la plaza que ocupaba, lo que obligó a la mujer a "aguantar lo que pudo" por miedo a perder su trabajo. Esta tensa situación de control administrativo y acoso personal estalló definitivamente a finales de noviembre de 2024, cuando la funcionaria le advirtió tajantemente desde la puerta del despacho: “Si vuelves a llamarme a tu despacho por algo ajeno a mi trabajo, te denuncio por acoso”, explica el atestado.

Apenas tres días después, el miércoles 4 de diciembre, la trabajadora fue citada de urgencia para comunicarle su cese fulminante en el puesto que desempeñaba, lo que la presunta víctima considera “un castigo”. 

Tal y como revela el documento oficial al que ha tenido acceso El Independiente, la resolución que puso fin a su labor profesional fue firmada por el Subdirector General de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias, Eugenio Arribas López. Sin embargo, la defensa de la funcionaria denuncia una irregularidad, ya que "el cese carece de cualquier tipo de motivación técnica o legal que justifique por qué fue apartada de su puesto". 

Tras meses bajo tratamiento psiquiátrico, la funcionaria decidió dar dar el paso ante su posible regreso al centro. Según ha podido saber El Independiente, el 7 de noviembre de 2025 la mujer formalizó una denuncia ante la Guardia Civil por un presunto delito de "violencia de género y maltrato habitual". El detonante de esta decisión fue el "pánico" ante la finalización de su baja médica y la necesidad de protegerse legalmente. "Tengo que volver a trabajar y él no hace nada más que llamar a la inspección de sanidad para que me den el alta", denuncia la víctima, quien sostiene que su única intención es que se "repare el daño causado" y pueda recuperar su puesto de trabajo en condiciones de seguridad.

Denuncia y posterior propuesta de jubilación

La respuesta a esta acción judicial por parte de Carlos García García fue prácticamente instantánea, ya que, según ha podido saber este diario, el 10 de noviembre de 2025 se le notificó oficialmente a Carlos García la existencia de la denuncia por violencia de género y tres días más tarde, el 13 de noviembre el director firmó un oficio dirigido a la Subdelegación del Gobierno proponiendo la "jubilación por incapacidad permanente" de la funcionaria. 

Por su parte, el director de Topas sostuvo ante la justicia que la denuncia es una represalia profesional. Según su declaración del 16 de diciembre de 2025, la funcionaria busca “hacerle daño a nivel personal y profesional” tras la revocación de su comisión de servicios y la apertura de un expediente disciplinario. Además, el director se desvincula del cese asegurando que se limitó a “remitir el informe que hizo el subdirector de seguridad”. 

El pasado 2 de marzo de 2026, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Salamanca dictó un auto de sobreseimiento provisional de la causa. Esta resolución no supone el archivo definitivo ni la inocencia del investigado, sino una paralización temporal del proceso que la víctima plantea recurrir, argumentando que la falta de testigos directos se debe precisamente a que "el presunto acoso se producía en la intimidad del despacho del director y bajo un clima de temor jerárquico".

El Independiente se ha puesto en contacto con Carlos García García quien ha declinado dar ningún tipo de declaración al respecto sobre los hechos, "no tengo absolutamente nada que decir", ha sentenciado.