El exabogado de Puigdemont presenta una querella contra el traslado de las pinturas de Sijena en nombre de cinco ex consellers de Cultura

Cinco exconsellers de Cultura de la Generalitat han decidido llevar a los tribunales el traslado de las pinturas murales de Sijena. La iniciativa, anunciada este martes, añade un nuevo frente jurídico a un litigio que lleva años enfrentando a Cataluña y Aragón, y que parecía que la sentencia emitida por el Supremo en mayo de 2025 había resuelto.

Según ha adelantado Europa Press, Lluís Puig, Joan Manuel Tresserras, Ferran Mascarell, Laura Borràs y Àngels Ponsa han presentado una querella contra el movimiento de las pinturas desde el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) al Monasterio de Santa María de Sijena, en Huesca. La acción se formaliza a instancias del abogado y exdiputado de Junts y exabogado de Puigdemont Jaume Alonso Cuevillas.

Lluís Puig ha enmarcado la decisión en una doble obligación –legal y cívica– vinculada a la protección del patrimonio. En declaraciones a TV3, ha sostenido que los firmantes actúan “al amparo de la legislación española y de la del Parlament de Catalunya”, que, según ha dicho, les obligaba cuando ejercían el cargo y les sigue interpelando ahora como ciudadanos.

Señalan a Urtasun

El exconseller ha calificado el proceso que conduce al traslado como un “desbarajuste judicial” y lo ha atribuido a “presiones políticas” que considera excesivas. En ese contexto, ha señalado directamente al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al que ha acusado de ignorar informes internacionales contrarios al movimiento de las obras y de no haber solicitado un nuevo pronunciamiento al Instituto del Patrimonio Cultural de España.

Puig ha insistido en que ejecutar el traslado pese a conocer los riesgos implicaría asumir una responsabilidad directa sobre los posibles daños a las pinturas, cuya fragilidad ha sido uno de los argumentos centrales en la oposición técnica al retorno. La querella se presentará públicamente esta tarde en un acto en las Cotxeres de Sants, en Barcelona, donde los exconsellers detallarán su contenido.

Resistencia de Cataluña

El movimiento judicial se produce en un contexto marcado por la obligación legal de devolver las pinturas a Aragón tras la sentencia firme del Tribunal Supremo, y por la resistencia técnica y política expresada desde Cataluña en los últimos meses. La Generalitat ha defendido de forma reiterada que cualquier ejecución debe ser compatible con la preservación de unas obras que considera en situación de “máxima fragilidad”, y ha insistido en que su actuación se rige por criterios técnicos y de conservación.

En paralelo, el MNAC ha sostenido ante los tribunales que carece de capacidad para acometer el traslado sin poner en riesgo la integridad de los murales. Diversos informes, incluidos los de organismos internacionales especializados en conservación, han advertido de la posibilidad de “daños irreparables” si se lleva a cabo el movimiento en las condiciones actuales. Al mismo tiempo, organizaciones independentistas como Omnium y la ANC se han movilizado en contra del traslado. Aragón ha exigido en varias ocasiones la ejecución de la sentencia, que a su juicio ha tenido en cuenta todas los condicionantes técnicos de la operación.