En apenas tres días, los 350 diputados que se sientan en el Pleno del Congreso deberán votar a favor o no de la convalidación del decreto anti-crisis que aprobó el bronco Consejo de Ministros extraordinario del pasado viernes. El foco está puesto en si el Ejecutivo de coalición podrá sacar adelante el texto tan solo con el respaldo de sus socios, o presuntos socios, parlamentarios o con el concurso del PP.

A juicio de los populares el texto "queda corto", según afirmó ayer la vicesecretaria de Regeneración Institucional popular, Cuca Gamarra, que compareció al término de la reunión del comité de dirección de todos los lunes. Es por ello que acordaron que la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja, Ester Muñoz, remitiera ayer mismo una carta al ministro de la Presidencia, Felix Bolaños, para proponerle otras dos medidas adicionales con las que paliar los efectos económicos del frente abierto por Donald Trump en Irán.

El PP considera "correcto que la norma recoja, al menos parcialmente, nuestras bajadas fiscales", dice Muñoz a Bolaños

Muñoz se felicitó en la misiva remitida a Bolaños, de que el Gobierno haya asumido propuestas ya enunciadas por el PP y hasta aprobadas en el Senado el pasado día 18. "En consecuencia, consideramos correcto que la norma recoja, al menos parcialmente, nuestras bajadas fiscales, hasta hace muy poco denostadas abierta e intensamente por el Gobierno."

Pero también lamenta que no incluya dos reivindicaciones clásicas de los populares. Y nada hace pensar que el Gobierno vaya a ser receptivo a ninguna de las dos, esto es, la deflactación de la tarifa del IRPF acorde a la inflación para asegurar el poder adquisitivo de los ciudadanos y alargar la vida útil de las centrales nucleares al objeto de disminuir nuestra dependencia energética. Y siempre que las ha puesto sobre la mesa -especialmente tras la invasion rusa de Ucrania- la conclusión ha sido la misma, esto es, el rechazo frontal.

En este sentido destaca Muñoz que dado que el Decreto estará en vigor 30 días "creemos que hay tiempo suficiente para que el Gobierno pueda incorporar estas cuestiones y dar, de este modo, una respuesta completa a las necesidades de las familias" además de abrir un imprescindible proceso de información a las Comunidades Autónomas, "que al fin y al cabo van a asumir financieramente el 50 por ciento de las rebajas fiscales propuestas y deben ser escuchadas y respetadas". 

No se pueden incluir enmiendas en un decreto-ley

Pero las propuestas del PP quedarán en papel mojado. Primero porque no se pueden incluir enmiendas en un decreto-ley, que se vota este jueves y no dentro de un mes. Significa que el decreto se convalida o se rechaza en el Parlamento, sin modificaciones respecto cómo salió del Consejo de Ministros. Habría, no obstante, otra vía, aprobar la tramitación del texto gubernamental como proyecto para acoger enmiendas. Pero el PP sabe que aceptar eso es caer en una trampa, porque la estrategia de la Mesa del Congreso siempre ha sido dilatoria, de modo que van ampliando sine die los plazos de enmiendas y jamás se termina dicha tramitación como proyecto de ley, mientras sus medidas están en vigor.

Eso ha pasado con no pocos decretos tramitados como proyecto de ley que nunca han podido ser enmendados. Es lo que el hoy secretario general del PP, Miguel Tellado, llamó el "congelador de Francina Armengol", presidenta del Congreso, y eso sin contar las leyes procedentes del Senado paralizadas en su tramitación. Un atasco legislativo que responde a la estrategia de no sacar adelante ninguna iniciativa de la oposición incluidos sus propios socios, si no que se lo digan a Ione Belarra con el embargo de armas a Israel.

Sentido del voto

Gamarra aseguró ayer que "maneras hay muchas, cuando alguien quiere las encuentra" en respuesta al modo en que el Gobierno podría aceptar estas medidas. Queda la posibilidad de un nuevo decreto, algo que ni por asomo aprobará el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ante esta tesitura habrá que ver cuál es el sentido de voto del PP. Es complicado un 'no' dado que buena parte de las propuestas pasan por rebajas impositivas del IVA, coincidentes con el PP. De hecho, no han dudado en calificarlo de "decreto de derechas" y aunque la posición de los populares es no dar ni un respiro a Moncloa, puede resultar complicado justificar un rechazo.

El primer partido de la oposición nunca adelanta el sentido de su voto "para no dar una baza a Sánchez. Que se aclare antes con sus socios", dicen fuentes de Génova. Y Podemos ya ha anunciado su abstención. Pide que se topen los precios de los carburantes, los alimentos y la energía y no se "regalen" 5.000 millones de euros a las grandes empresas de esos sectores en España. La pelota está en el tejado de Junts -partido que hizo una primera valoración positiva- y del PP. Porque si la derecha independentista catalana también fuera por la vía de la abstención, no le saldrían las cuentas a Sánchez salvo que también los de Alberto Núñez Feijóo se abstengan o respalden el texto.

No se cansan de recordar en el cuartel general de los populares que fue Sánchez el que dijo aquello de "somos más" en cuanto comenzó a echar cuentas tras los comicios del 23-J y vio que con Junts podía seguir en el poder. Tampoco olvidan cuando Feijóo le espetó en la sesión de investidfura que le haría de nuevo presidente que"no me busque cuando le fallen sus socios".