Las defensas de Begoña Gómez, de su exasesora de Moncloa Cristina Álvarez y del empresario Juan Carlos Barrabés han vuelto a solicitar este miércoles el archivo de la causa que investiga el juez Juan Carlos Peinado sobre la actividad profesional de la esposa del presidente del Gobierno. A esa petición se ha sumado también la Fiscalía, mientras que las acusaciones populares han reclamado la práctica de nuevas diligencias de investigación, según explicaron fuentes jurídicas a El Independiente a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla.

La vista arrancó sobre las 12.20 horas en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid y se prolongó hasta pasadas las 15.00 horas. Ninguno de los tres investigados acudió a la cita, ya que en este tipo de trámite no es obligatoria su presencia, por lo que únicamente comparecieron sus representantes legales.

El instructor había citado a las partes para comunicarles su intención de dirigir la causa a un tribunal del jurado si finalmente llega a juicio. En concreto, el magistrado investiga a la esposa del presidente del Gobierno por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación de fondos públicos.

El nuevo movimiento de Peinado llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid tumbara el 23 de febrero su primer intento de dirigir la causa hacia un jurado popular. Los magistrados estimaron entonces el recurso presentado por la defensa de Gómez al considerar que no existían "indicios racionales de criminalidad" suficientes y reprocharon al juez que no hubiera realizado "un mínimo esfuerzo argumentativo" para justificar la tipicidad de los delitos y la participación de los investigados.

Tras esa resolución, Peinado dictó el pasado 20 de marzo un nuevo auto en el que trataba de subsanar ese reproche. En él sostiene que durante la instrucción sí se han detectado indicios de delitos que serían competencia del jurado popular —principalmente tráfico de influencias y malversación—, por lo que considera procedente dirigir la causa hacia ese tipo de tribunal.

Hasta ahora, la investigación estaba dividida en dos piezas separadas. La primera se centraba en las actividades de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, como su acceso a una cátedra extraordinaria, el supuesto tráfico de influencias en favor de Barrabés y el uso de un software vinculado al proyecto. La segunda analizaba una posible malversación relacionada con el fichaje de Álvarez para realizar supuestamente tareas privadas ajenas a sus funciones en Presidencia del Gobierno. El instructor decidió finalmente unificar ambas líneas al considerar que todos los hechos estaban conectados y debían examinarse de forma conjunta.

Recursos de las defensas

Las defensas de los tres investigados ya habían solicitado el archivo de la causa la semana pasada tras recurrir el último auto de Peinado. El abogado de Gómez, el exministro del Interior Antonio Camacho, tildó la resolución de "mera reiteración de conjeturas" y afirmó que la única conclusión que se desprende es que su defendida está siendo investigada "por ser cónyuge del presidente del Gobierno".

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez cuestionó los indicios utilizados por el magistrado, explicando que dedicar "medio minuto al día" a tareas privadas de Gómez no puede constituir un delito de malversación. Además, subrayó que algunos de los delitos incluidos en la causa no son competencia del tribunal del jurado.

En la misma línea, el empresario Juan Carlos Barrabés pidió el archivo al considerar que "no existe ni una sola evidencia" de los delitos que se le imputan.

Nuevas diligencias

Frente a la petición de archivo, las acusaciones populares han reclamado que continúe la investigación y han solicitado la práctica de nuevas diligencias. Entre ellas, han pedido actualizar la información sobre el salario de Cristina Álvarez, así como incorporar íntegramente la vida laboral de la esposa del presidente del Gobierno, según han precisado fuentes jurídicas a este periódico.