El Tribunal Supremo acaparará todas las miradas a partir del próximo 7 de abril, cuando comience en la Sala de lo Penal la vista oral por el 'caso Mascarillas', la primera pieza del 'caso Koldo' que llega a juicio. En el banquillo de las acusaciones se sentará, entre otros, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Luzón pide 24 años de cárcel para el exministro de Transportes José Luis Ábalos, 19 años y medio para el exasesor ministerial Koldo García y siete para el empresario Víctor de Aldama, quien desde el inicio de la investigación se mostró dispuesto a colaborar con la Justicia, una circunstancia que ha mejorado su situación procesal. Como expuso el Ministerio Público en su escrito de acusación, Aldama aportó detalles que permitieron a los investigadores aclarar varios extremos clave de la trama.
La instrucción de la parte del 'caso Koldo' que recayó en el Supremo mientras Ábalos era diputado y estaba aforado fue rápida y quirúrgica. El juez instructor Leopoldo Puente, junto a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, avanzó con agilidad apoyado, en buena medida, en el testimonio de Aldama. El magistrado acordó la prisión provisional del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en línea con el criterio de Luzón, y adoptó la misma medida meses después respecto a Ábalos y Koldo.
Aunque acumula más de 30 años de carrera, este será previsiblemente el juicio más mediático al que se enfrente Luzón. No obstante, ya ha participado en causas de gran relevancia, como el 'caso Banesto', donde encabezó la acusación contra Mario Conde; el 'caso de los fondos reservados', contra José Luis Corcuera, José Barrionuevo y Rafael Vera; o el 'caso Bankia', incluida la causa de las tarjetas black, que acabó con condenas para antiguos directivos y consejeros por el uso fraudulento de esos gastos.
Nacido en Madrid en 1964, Luzón —cuyo padre llegó a ser teniente fiscal del Supremo— es jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada desde 2017, cargo que renovó en 2022. Ingresó en la carrera en 1989 y estuvo destinado en las fiscalías de Toledo y Madrid antes de incorporarse a Anticorrupción en 1995, el mismo año de su creación. Allí permaneció durante dos décadas, hasta que en 2015 fue nombrado teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Dos años después regresó a Anticorrupción ya como jefe y fiscal de Sala.
Al frente de esta Fiscalía, su mandato ha estado marcado por investigaciones de gran impacto, como las diligencias en torno a la fortuna en el extranjero del rey Juan Carlos I, así como por tensiones internas en el Ministerio Público. Entre ellas, la polémica derivada de las denuncias del fiscal del 'caso Villarejo', Ignacio Stampa, contra la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado y el que era jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz, a quienes acusó de maniobrar para apartarle de la investigación sobre el comisario jubilado.
Luzón respaldó el trabajo desarrollado por los fiscales Stampa y Miguel Serrano en el 'caso Villarejo', aunque se mostró crítico con la actitud del primero y no apoyó su exigencia de explicaciones a la Fiscalía General, al considerar que su comportamiento perjudicaba la imagen del Ministerio Público, una institución cuyo funcionamiento y prestigio ha tratado de preservar a lo largo de su trayectoria.
El nombre de Luzón ha estado en el foco mediático en los últimos meses, no solo por su papel como fiscal en el Supremo en el 'caso Koldo', sino también porque fue uno de los objetivos de la exmilitante del PSOE Leire Díez, que durante meses se reunió con empresarios y fiscales —entre ellos, el propio Stampa— en busca de información sensible que pudiera contribuir a desestabilizar causas que afectan al Gobierno.
Caprichos del destino, Díez fue detenida a finales de 2025 por la UCO por su presunta vinculación con el 'caso SEPI', en una operación de la Audiencia Nacional que fue coordinada por la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón.
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