Armengol se desvincula de la compra de mascarillas y Torres defiende la legalidad de los contratos con la empresa de la trama

La primera sesión del juicio del 'caso Mascarillas' ha arrancado este martes en el Tribunal Supremo con la lectura de las declaraciones por escrito, en calidad de testigos, de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Ambos, que dirigían durante la pandemia los gobiernos de Baleares y Canarias, han marcado distancias con la contratación de mascarillas con la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al presunto comisionista Víctor de Aldama: Armengol se ha desvinculado de la compra y Torres ha defendido la legalidad de los expedientes, al mismo tiempo que ha negado un trato de favor a esta mercantil.

La encargada de leer sus testimonios ha sido la letrada de la Administración de Justicia. En su declaración, Armengol ha enmarcado las decisiones adoptadas en el contexto de emergencia sanitaria, recordando que era presidenta de Baleares entre 2015 y 2023 y subrayando las particularidades del archipiélago. Ha asegurado que desconocía la tramitación de los expedientes administrativos y que las decisiones sobre la adquisición de material sanitario correspondían a los órganos de contratación.

Según ha explicado, la compra de mascarillas se produjo en un momento en el que no había material disponible y los canales habituales de suministro habían desaparecido, lo que obligó a recurrir a procedimientos de emergencia. A ello se sumaban, ha señalado, las dificultades añadidas derivadas de la insularidad. En ese contexto, ha defendido que se actuó con rapidez para disponer de material sanitario cuanto antes y que, hasta septiembre, Baleares adquirió mascarillas por valor de 38 millones de euros a empresas de diversa índole, en un mercado en el que la producción procedía fundamentalmente de China.

Asimismo, ha señalado que posteriormente supo que el exasesor ministerial Koldo García le había enviado algún mensaje de WhatsApp, pero que no lo recuerda ni tiene constancia de su contenido. En relación con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha afirmado que nunca mantuvo conversaciones sobre la adquisición de material sanitario y que sus contactos se limitaron a cuestiones como el cierre de puertos y aeropuertos. También ha negado haber hablado con Aldama sobre contrataciones y ha asegurado que no recibió presiones de ningún cargo público para comprar mascarillas ni para adjudicar el contrato a Soluciones de Gestión.

El exministro y su antigua mano derecha han seguido el testimonio de los cargos socialistas con semblante serio en la primera jornada de un juicio que se prolongará durante tres semanas. Ambos se sientan juntos, detrás de sus abogados, mientras un agente de la Policía Nacional está ubicado entre ellos y Víctor de Aldama. Tanto Ábalos como Koldo están en prisión provisional, por lo que acudirán todos los días al Supremo en un furgón de la Policía desde el centro penitenciario de Soto del Real.

Torres niega trato de favor

Posteriormente, se ha procedido a la lectura de la declaración de Torres, quien ha asegurado que no dio ninguna orden a favor de la empresa Soluciones de Gestión y ha defendido la legalidad de su tramitación. Según ha afirmado, todas las instancias que han analizado los expedientes relativos a esta compañía han concluido que se llevaron a cabo con rigor técnico y administrativo, sin que en ningún momento se apreciara riesgo de ilegalidad.

El expresidente canario ha indicado que la empresa vinculada a Aldama entregó más de cinco millones de mascarillas por un importe de 12,3 millones euros, de los cuales 11,8 millones correspondieron al suministro de mascarillas y 447.061 euros a los gastos de transporte. Torres ha explicado que fue conocedor de los expedientes de contratación cuando Koldo contactó con él para trasladarle "su preocupación por la falta de respuesta e incumplimiento de condiciones contractuales" con Soluciones de Gestión.

Asimismo, ha indicado que hizo un seguimiento de estos expedientes para "tener la tranquilidad de que se le daba la correcta respuesta administrativa", reconociendo que intervino en el proceso en un momento posterior a la contratación, cuyas principales decisiones y resoluciones fueron adoptadas por los servicios competentes del Servicio Canario de la Salud. "En todo este proceso no di ninguna orden ni formalicé ninguna resolución a favor de la mercantil", ha defendido Torres.

Este es el primer juicio del 'caso Koldo', que tiene más piezas en la Audiencia Nacional, en el que la Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 y medio para Koldo, una pena inferior a los 30 que solicitan las acusaciones populares que lidera el Partido Popular. Aldama, por su parte, afronta una petición menor de siete años después de haber reconocido los hechos y colaborar con la Justicia.

Estaba previsto que el juicio arrancara con la declaración como testigo del hijo del exministro, Víctor Ábalos, pero finalmente se ha procedido a leer las testificales de Armengol y Torres. La abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, se ha quejado ante el tribunal por el hecho de que las declaraciones no se hayan producido en persona.