Vox ha respondido a las críticas de Isabel Díaz Ayuso al pacto de Gobierno en Extremadura defendiendo el principio de “prioridad nacional” y advirtiendo de que exigirá su aplicación en Madrid tras las próximas elecciones autonómicas, al tiempo que ha retado a la presidenta madrileña a recurrir el acuerdo si lo considera ilegal.

El líder del partido, Santiago Abascal, ha replicado este viernes que ese concepto no implica exclusión, sino preferencia, y ha sostenido que significa situar a los españoles “en primer lugar” en el acceso a ayudas sociales o vivienda. “Prioridad nacional no es exclusividad”, ha subrayado, antes de emplazar a Ayuso a acudir a la Justicia: “El que piense que no es legal lo que hacemos, lo que tiene que hacer es recurrirlo”.

En la misma línea, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha ido más allá y ha advertido de que su formación reclamará medidas similares en la Comunidad de Madrid en ámbitos como la vivienda, la sanidad o las ayudas. Ha dado por hecho que PP y Vox tendrán que pactar tras los comicios de 2027 y ha asegurado que ese planteamiento se impondrá pese al rechazo de la presidenta regional. "Te guste o no. Tápalo con titulares o escóndete detrás de leyes que habéis redactado junto al PSOE. Pero no vas a frenar el sentido común. 2027. Tic, tac", ha manifestado Moñino en su perfil de redes sociales

Ayuso: "Se tiene que cumplir la ley"

Las declaraciones de Vox llegan después de que Ayuso haya cuestionado públicamente el acuerdo alcanzado entre su partido y la formación de Abascal en Extremadura, que permitirá la investidura de la popular María Guardiola. Desde Bruselas, la presidenta madrileña ha considerado que algunos de los requisitos incluidos “no son legales” y ha insistido en que cualquier medida debe ajustarse al marco jurídico.

A su juicio, “no se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido” ni excluir del acceso a derechos a quienes cumplen los requisitos establecidos. Ayuso ha defendido que “se tiene que cumplir la ley” y ha augurado que “el tiempo pondrá todo en su sitio”.

El acuerdo extremeño incorpora el principio de “prioridad nacional” para orientar el acceso a ayudas sociales y vivienda protegida hacia personas con arraigo en el territorio, siempre “adecuado a la legalidad vigente”, según el texto. La discrepancia sobre este punto no solo ha suscitado la advertencia del Gobierno central, sino que ha abierto un nuevo foco de tensión dentro del espacio de la derecha, mientras Vox lo presenta como un modelo que pretende extender a otros territorios.