La exvicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este lunes en el Senado la "legalidad" del rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra, apoyándose en el archivo de la primera investigación judicial sobre esta operación. Ante las preguntas de los grupos parlamentarios en la comisión de investigación sobre la SEPI, ha sostenido que los tribunales analizaron durante dos años el caso y concluyeron que "se había procedido según la legalidad".

En enero de 2023, la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, acordó el sobreseimiento de la causa al considerar que en la aerolínea no se ocultaron datos con ánimo de defraudar. La magistrada adoptó esta decisión, además, ante la imposibilidad de practicar nuevas diligencias después de que la Audiencia Provincial de Madrid concluyera que la investigación había superado el plazo legal sin que se hubiera acordado prórroga. No obstante, la causa fue reabierta posteriormente y remitida a la Audiencia Nacional ante la "nueva dimensión" del procedimiento.

Más allá de ese caso concreto, Montero ha defendido que las ayudas concedidas a aerolíneas a través de la SEPI, tanto a Plus Ultra como a Air Europa, siguieron un procedimiento "perfectamente establecido" y autorizado por la Comisión Europea. En este sentido, ha subrayado que no se trató de un rescate, sino de préstamos avalados por distintas instancias nacionales y europeas, entre ellas la justicia comunitaria, el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado.

Asimismo, la líder del PSOE andaluz también ha rechazado cualquier tipo de injerencia política en estos procesos. Ha asegurado que nunca recibió indicaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con el rescate de Air Europa ni de ninguna otra empresa, y ha negado haber tenido conocimiento de una eventual intervención de su esposa, Begoña Gómez, cuya implicación ha calificado de insinuación "ofensiva". Asimismo, ha afirmado desconocer cualquier papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la operación de Plus Ultra y ha recalcado que no está investigado.

En paralelo, Montero ha desvinculado su etapa al frente del Ministerio de Hacienda de la investigación que afecta al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, actualmente bajo la lupa de la Audiencia Nacional. Durante su comparecencia, ha subrayado que los hechos que se le atribuyen se refieren a un periodo posterior a su salida del organismo, en octubre de 2019, por lo que, a su juicio, no guardan relación con su gestión.

El denominado 'caso SEPI', que permanece bajo secreto, apunta a una presunta trama que la Guardia Civil sitúa en el llamado 'grupo Hirurok', integrado por el propio Fernández, la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso. Los investigadores sospechan que habrían utilizado su influencia en la Administración para favorecer adjudicaciones públicas a determinadas empresas a cambio de comisiones ilegales.

La comparecencia de Montero se produce a escasos días del inicio de la campaña para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo y fue impulsada por la mayoría del PP en el Senado, que reclama explicaciones sobre lo que considera un "pozo sin fondo para la corrupción y el despilfarro" en la SEPI. Hasta ahora, la comisión ha acogido tres comparecencias, las de la actual cúpula del organismo y la del propio Fernández, en las que los populares han puesto el foco especialmente en el rescate de Plus Ultra.