Tal y como adelantó El Independiente el pasado mes de febrero, el debate sobre la posibilidad de que personas en situación de prisión preventiva pudieran acceder a procesos de regularización ya había abierto una fuerte polémica entre administraciones y cuerpos policiales. Esto se debía a distintas comunicaciones internas que apuntaban a que los centros penitenciarios debían informar a los internos extranjeros de la existencia de este procedimiento para poder participar.

Aquella información, que generó ya entonces controversia política y operativa, vuelve ahora al centro del debate tras la confirmación de que alrededor de 3.500 personas en prisión preventiva —3.300 hombres y 200 mujeres no comunitarias— podrán solicitar la regularización si cumplen los requisitos establecidos.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha reaccionado con dureza a esta posibilidad, que considera un nuevo elemento de tensión dentro de un sistema migratorio que, a su juicio, acumula disfunciones estructurales. En su valoración, la organización policial advierte de que este tipo de decisiones no pueden analizarse de forma aislada, sino dentro del funcionamiento global del sistema de extranjería y expulsión.

Ejecuciones de expulsiones

“Certifica el colapso de un sistema que ni expulsa ni controla”, denuncian en relación con la posibilidad de que personas en situación de prisión preventiva puedan iniciar estos trámites administrativos. Para el sindicato, el problema no reside únicamente en el acceso formal al procedimiento, sino en el contexto en el que se produce, marcado por lo que califican como un déficit histórico en la ejecución de expulsiones.

Según recuerdan, España arrastra desde hace años un desfase entre las órdenes de expulsión dictadas y las que finalmente se ejecutan, debido a factores como la falta de documentación de los afectados, la limitada cooperación de determinados países de origen o la saturación de los propios procedimientos administrativos. Este escenario, sostienen, genera un sistema en el que las decisiones judiciales o administrativas no siempre se traducen en medidas efectivas.

En este contexto, el sindicato policial considera que ampliar el acceso a la regularización a personas que se encuentran en prisión preventiva añade una nueva capa de complejidad a un sistema ya tensionado. En su análisis, no se trata de un debate sobre derechos individuales, sino sobre la capacidad real del Estado para gestionar y ejecutar sus propias decisiones en materia migratoria.

Evaluación individual

“Sin resolver los problemas estructurales, el sistema pierde capacidad de control”, advierte el SUP, que insiste en que cualquier modificación del marco de extranjería debe ir acompañada de un refuerzo operativo y de una revisión de los mecanismos de verificación de antecedentes. En particular, alertan de las dificultades para acceder a información policial internacional completa, lo que, a su juicio, limita la capacidad de evaluación de riesgos en este tipo de procedimientos.

Desde el Ministerio del Interior, sin embargo, se ha querido rebajar el alcance de la polémica. Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska subrayan que no existe ninguna automatización del proceso ni una regularización colectiva derivada de la situación penitenciaria. Según estas explicaciones, lo que se ha trasladado a las direcciones de los centros penitenciarios es la obligación de informar a los internos sobre la existencia del procedimiento, en caso de que quieran iniciarlo de forma voluntaria.

Interior insiste en que no es Instituciones Penitenciarias quien tramita ni decide las regularizaciones, sino la Dirección General de Migraciones, que evaluará cada caso de manera individual conforme a la normativa vigente. En este sentido, recuerdan que la situación de prisión preventiva no implica condena firme, y que, por tanto, no excluye automáticamente la posibilidad de acceso a determinados procedimientos administrativos si se cumplen los requisitos legales.

El problema es operativo

La polémica se produce en un contexto especialmente sensible para la gestión migratoria, en el que se entrecruzan debates sobre seguridad, integración y capacidad administrativa del Estado. La cifra de 3.500 personas en prisión preventiva con nacionalidad no comunitaria que podrían entrar potencialmente en este proceso ha reactivado las críticas de muchos agentes, que insisten en que el problema de fondo no es jurídico, sino operativo.

A su juicio, el riesgo es que el sistema avance hacia un escenario en el que se amplían los mecanismos de regularización sin haber resuelto previamente las limitaciones en la ejecución de expulsiones. Una combinación que, según su análisis, puede derivar en una pérdida progresiva de control efectivo sobre los flujos migratorios y sobre la aplicación de las propias resoluciones administrativas.