Estalla la guerra en el Supremo entre el PSOE y el PP por la rebaja de pena a Aldama

La rebaja de pena que las acusaciones populares solicitarán este miércoles ante el Tribunal Supremo para el empresario Víctor de Aldama, por su colaboración durante el juicio del 'caso mascarillas', ha desatado un terremoto político entre PSOE y PP. Según ha podido saber El Independiente, la abogada de los socialistas en el 'caso Kitchen', Gloria de Pascual, se ha personado por sorpresa en el alto tribunal para trasladar a la Sala su rechazo a la petición que defenderá el resto de acusaciones.

A primera hora de este miércoles, la abogada De Pascual se ha presentado en el Supremo y, según ha podido saber este periódico, le ha asegurado al abogado de la acusación popular unificada del PP, Alberto Durán, su intención de intervenir para renegar la petición de rebajar la pena a Víctor de Aldama.

De Pascual se alinea así con el criterio de la fiscal general, Teresa Peramato, quien ha ordenado al jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, no solicitar la atenuante muy cualificada por colaboración para Aldama, una medida que habría permitido rebajar de forma sustancial la petición de condena.

Unificar la dirección de las acusaciones

En este procedimiento, la letrada representa a ADADE (Asociación de Abogados Demócratas por Europa), una de las acusaciones populares personadas. Durante la fase de instrucción, el magistrado Leopoldo Puente acordó unificar la dirección de estas acusaciones en el PP, como primera formación en personarse, que desde entonces encabeza su representación procesal.

La petición de la abogada socialista no solo ha tensado el debate en torno a la posible rebaja de condena a Aldama, sino que ha abierto un nuevo frente dentro de la propia estructura de las acusaciones populares personadas en la causa. La decisión de la representación de ADADE de desmarcarse del escrito de conclusiones presentado bajo la dirección unificada del Partido Popular pone de manifiesto, según sostiene, un conflicto interno sobre el alcance real de esa unificación acordada por el instructor y avalada posteriormente por la Sala.

No fue consultada ni participó

En su escrito al que ha tenido acceso El Independiente, la letrada insiste en que la inclusión de una atenuante de confesión “muy cualificada” para Aldama supondría una modificación sustancial de la estrategia acusatoria inicial, al reducir de forma notable las penas interesadas y situarlas, en ningún caso, cerca de los dos años de prisión para los delitos atribuidos. Este giro es el que precisamente ha motivado la reacción de ADADE, que sostiene que no le consultaron ni participó en la decisión de modificar el escrito provisional de acusación.

La asociación reprocha que la acusación unificada, tal y como se ha materializado en esta fase del procedimiento, ha terminado por invisibilizar posiciones discrepantes dentro de las acusaciones populares, lo que a su juicio afecta directamente a su derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución, así como al ejercicio de la acción popular del artículo 125, aunque es la primera vez que se presenta en el Tribunal Supremo.

Un elemento político

En paralelo, la intervención de la abogada del PSOE en la causa de la Kitchen introduce un elemento político adicional en un procedimiento ya altamente sensible. Su alineamiento con el criterio de la fiscal general, Teresa Peramato, refuerza la posición contraria a la aplicación de beneficios penales a Aldama, en contraste con la estrategia defendida por el resto de acusaciones populares lideradas por el PP.

Todo ello se produce en un contexto en el que las decisiones sobre la calificación jurídica y la aplicación de atenuantes adquieren un peso determinante en el desenlace del juicio, y en el que las discrepancias entre acusaciones amenazan con trasladar al plano procesal la ya intensa confrontación política entre los principales partidos.