La Fiscalía del Tribunal Supremo apoya el indulto parcial al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al considerar que la sentencia que le condenó por un delito de revelación de datos reservados ha generado "consecuencias extrapenales intensas y desproporcionadas".
En el informe remitido a la Sala de lo Penal, al que ha tenido acceso El Independiente, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, sostiene que la medida de gracia debería aplicarse exclusivamente sobre la pena de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado, que aún se encuentra en ejecución y que, de mantenerse íntegra, se prolongaría hasta diciembre de 2027.
García Ortiz fue condenado por la Sala de lo Penal a una multa de 12 meses —a razón de 20 euros diarios—, el pago de 10.000 euros de indemnización por daños morales y la pena de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado durante dos años. El tribunal le atribuyó un delito de revelación de datos reservados, después de que "él o una persona de su entorno inmediato" filtrasen el correo en el que el abogado del empresario Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso— reconocía que "ciertamente" su cliente había cometido dos delitos de fraude fiscal.
En su escrito, el Ministerio Público recuerda que la indemnización ya ha sido abonada y que la multa se encuentra consignada en la cuenta judicial, mientras que la inhabilitación continúa en ejecución.
La Fiscalía enmarca su posición en la propia naturaleza excepcional del indulto, concebido como un mecanismo para evitar "las consecuencias siempre lamentables de la inflexibilidad de la sentencia ejecutoria", y considera que concurren razones de "justicia, equidad y utilidad pública" que justifican un indulto parcial, sin cuestionar en ningún momento la sentencia firme ni los hechos probados.
Así, la teniente fiscal subraya que la condena ya ha cumplido su función de reproche penal, al haber evidenciado que "incluso las más altas autoridades del Estado están sometidas a control judicial". En esa línea, incide en que la concesión del indulto no supondría revisar el fallo, sino valorar si la ejecución íntegra de la pena resulta "necesaria, proporcionada y útil".
También destaca que García Ortiz abandonó su cargo tras conocerse la sentencia, ha estado "a disposición del Tribunal" durante todo el proceso y ha cumplido con las obligaciones económicas derivadas de la condena. A ello suma que existe "imposibilidad práctica de reiteración delictiva".
En este contexto, el Ministerio Público considera que la prolongación de la inhabilitación "carece de gran relevancia", dado que el cargo ya ha sido cubierto y no cabe la renovación del condenado en el mismo puesto.
Asimismo, apunta que la actuación por la que fue condenado se produjo "ausente todo motivo de lucro" y con la finalidad de "preservar el buen nombre de la institución" en un contexto de alta exposición mediática, lo que otorga al caso una dimensión "institucional y constitucional".
Por todo ello, la Fiscalía interesa a la Sala de lo Penal que informe favorablemente al indulto parcial, limitado a la pena de inhabilitación pendiente de cumplimiento, lo que tendría como efecto principal acortar los plazos para la cancelación de antecedentes penales.
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