El pasado martes, los representantes de PSOE y Sumar de la Mesa del Congreso volvieron a ampliar el plazo de presentación de enmiendas de una proposición de ley del PP que pide se reconozca a la Guardia Civil como profesión de riesgo. Se trata de una cuestión de plena actualidad tras el reciente fallecimiento de dos agentes en Huelva mientras perseguían una narcolancha y la polémica posterior alimentada por la candidata socialista a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero. Lo llamativo es que se trata nada menos de la prórroga número 71, un mecanismo abusivamente empleado por los socios de Gobierno para bloquear de manera sistemática las propuestas de la oposición y evitar su debate en el pleno del Congreso.
La decisión de la Mesa el pasado martes se tomó tras una ronda telefónica, no de forma presencial, y PSOE y Sumar volvieron a hacer valer su mayoría absoluta. Ambos partidos suman cinco votos en el órgano de gobierno de la Cámara Baja frente a los cuatro representantes del PP. La nueva prórroga alcanza hasta el miércoles de la próxima semana, día 20, aunque todo apunta a que volverá a alargarse el plazo, muy probablemente hasta el final de la legislatura y la proposición decaiga. Nada nuevo bajo el sol.
La proposición de ley fue aprobada en el Senado en junio de 2024
La proposición de ley va camino de cumplir dos años desde que en junio de 2024 se aprobó en el Senado gracias a la mayoría absoluta del PP. Defendía incluir a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, así como a los funcionarios de Servicio de Vigilancia Aduanera, dentro de los colectivos que gozan de coeficiente reductor de la edad de jubilación debido a la peligrosidad de su trabajo.
En su exposición de motivos, los populares recordaban las actuales actividades profesionales consideradas de riesgo y, por tanto, con condiciones especiales para poder acogerse a una jubilación anticipada. A saber: los incluidos en el Estatuto
Minero, el personal de vuelo de trabajos aéreos, los trabajadores ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos, miembros del Cuerpo de la Ertzaintza, Policías Locales, miembros del Cuerpo de Mossos d’Escuadra y Policía foral de Navarra.
Diferenciar a las FSE del resto de funcionarios
Por ello defendían era de justicia y sentido común enmendar dicha situación diferenciando a Policía, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera "del resto
de funcionarios integrados en las clases pasivas, por sus peculiaridades y riesgos al
ejercer su profesión, y así poder igualar sus pensiones de jubilación" al de los agentes de las policías autonómicas.
Igualmente, "hay que tener en cuenta la peligrosidad, y el quebrantamiento social en los últimos años de la condición de agente de la autoridad, que conlleva que de media en España cada día sean agredidos 30 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según los datos del propio Ministerio del Interior", aducían los popualres en su proposición de ley de hace dos años.
La decisión de prorrogar de nuevo el plazo de emmiendas contrasta con el aparente compromiso de Interior para reconocer a las FSE la aplicación de los coeficientes reductores para la obtención de la jubilación digna por profesión de riesgo.
Preacuerdo entre las FSE e Interior
Los principales sindicatos de la Policía y asociaciones de la Guardia Civil hicieron público un comunicado el pasado 29 de abril en el que informaban de que, como resultado de la presión ejercida y la unidad de acción mantenida, se había conseguido que la Secretaría de Estado de Seguridad "asuma un compromiso firme, público y verificable para avanzar hacia el reconocimiento de la Policía Nacional y de la Guardia Civil como profesiones de riesgo". A esos efectos se creó una Mesa Técnica además de establecer un calendario de reuniones de trabajo y seguimiento ya fijado, para los meses de mayo, junio, julio y septiembre.
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