La Audiencia Nacional apunta a que la organización bajo el presunto liderazgo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero no limitó su actividad al rescate de Plus Ultra, sino que también abarcaba su intervención directa en "operaciones internacionales de alto valor económico", entre las que el magistrado enumera explícitamente el comercio de oro, junto al petróleo, el petcoke, la compraventa de acciones y el mercado de divisas.
Así consta en el auto el que el juez José Luis Calama ha acordado la imputación del socialista, al que ha tenido acceso El Independiente. De acuerdo con Calama, Zapatero se sitúa en "el vértice" de una presunta organización dedicada al blanqueo de capitales y el tráfico de influencias, valiéndose de sus "contactos institucionales y empresariales de alto nivel". La oficina del socialista en la madrileña calle Ferraz operaba como el "centro de coordinación de la red". Desde este despacho se gestionaban las "comunicaciones sensibles", se redactaba documentación, se daban órdenes y se estructuraba toda la "operativa financiera y societaria".
"La investigación ha permitido identificar una trama de tráfico de influencias dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, que utiliza sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado", señala el juez.
El extenso auto pone el foco en el papel de los hermanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Según el juez, su nivel de intervención en negocios internacionales y política, especialmente en lo relacionado con Venezuela, sobrepasa con creces las capacidades y funciones propias de un empresario ordinario. Sus gestiones incidían directamente en asuntos de Estado de primer nivel, alejándose por completo "de la operativa habitual de una sociedad mercantil".
Esta excepcionalidad queda en evidencia al analizar cómo se estructuraban las operaciones de compraventa de materias primas y petróleo. Los mensajes interceptados en el teléfono de Julio Martínez Martínez revelan que cualquier comprador potencial estaba obligado a canalizar sus gestiones exclusivamente a través de la red de influencia liderada por Zapatero. El trámite para entrar en el negocio era enviar una preceptiva carta dirigida a la atención directa y la dirección postal del expresidente.
China y Venezuela
Según señala la Audiencia Nacional, los intermediarios y compradores a menudo ni siquiera sabían el tipo exacto de crudo que iban a adquirir, admitiendo en los chats que necesitaban esa información para poder redactar la carta de intenciones. En otras comunicaciones previas, simplemente se daban instrucciones directas y escuetas como "Coke" (en referencia al coque de petróleo) seguidas de la orden: "Preparen LOI".
Las conversaciones también destapan la implicación directa de las más altas esferas del gobierno venezolano. En enero de 2024, Domingo Amaro Chacón confirmaba a la trama estar "listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro Petróleo". Esta "Dama" es identificada por los investigadores como la presidenta venezolana Delcy Rodríguez, a quien los miembros de la red señalan expresamente como la figura clave que "maneja la asignación directa de los barcos" petroleros.
Además de los nexos con Venezuela, en los chats intervenidos se menciona a Philippe Apikian, presidente de Swissoil Trading SA, y se asegura que "los chinos están listos para comprar barcos". Los propios implicados eran conscientes de la magnitud geopolítica del negocio, advirtiendo en sus mensajes: "Debemos tener claro qué vamos a ofertar. Esta es una empresa que depende del Partido Comunista Chino".
Como prueba definitiva de la "influencia determinante" de Zapatero en estos negocios de Estado, el juez destaca el hallazgo de un documento revelador: una carta de intenciones fechada el 30 de octubre de 2023 y remitida por la entidad asiática China International Cultural Technology Resources Group. Este documento no iba dirigido a ninguna empresa comercializadora de petróleo, sino que fue enviado explícitamente a la "Oficina del Presidente Zapatero", confirmando que el exmandatario disponía de un acceso directo para facilitar negocios entre actores estatales del más alto nivel político.
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