La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional espera ahora el siguiente movimiento del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Tras la batería de registros y diligencias acordadas este martes en el marco de la investigación sobre el rescate de Plus Ultra. Fuentes policiales consultadas por El Independiente sostienen que la eventual detención del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero “no va a ser a iniciativa policial”, sino que dependerá exclusivamente de una orden judicial expresa.
“Ni la Policía ni la Guardia Civil lo detendrían de oficio. Es el juez el que tiene que decidir.", explican. Y añaden que al tratarse de un tema de "tanto calibre", es necesaria una "autorización judicial" para poder detener al expresidente socialista.
Los investigadores, sin embargo, admiten internamente que el volumen de indicios acumulados en las diligencias es ya elevado. “Hay bastante carga probatoria para hacerlo”, señalan fuentes policiales conocedoras de la causa. Estas fuentes recuerdan que el magistrado ya ha dado un salto cualitativo en la investigación al citar a Zapatero como investigado y ordenar registros simultáneos en sociedades y oficinas vinculadas a su entorno más próximo.
Zapatero en el centro de la red
El auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 describe una supuesta estructura “organizada y estable” dedicada presuntamente al tráfico de influencias, el blanqueo de capitales, la falsedad documental y la canalización de fondos a través de sociedades instrumentales. Según la resolución judicial, el expresidente socialista se situaría “en el vértice” de esa red y habría utilizado su posición institucional y sus contactos para obtener decisiones administrativas favorables tanto en España como en el extranjero.
La resolución judicial sitúa como centro operativo de la trama la oficina ubicada en la calle Ferraz 35 de Madrid, desde donde —según el juez— se impartían instrucciones, se elaboraban documentos y se coordinaban operaciones societarias y financieras. Precisamente ese despacho fue registrado este martes por agentes de la UDEF y de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, que también actuaron en sedes relacionadas con las empresas Whathefav, Softgestor e Inteligencia Prospectiva.
El magistrado acordó además intervenir dispositivos electrónicos, clonar información digital y acceder a cuentas de correo y repositorios telemáticos vinculados a los investigados. Incluso autorizó la incautación de criptomonedas y activos virtuales. Todo ello, según el auto, ante la sospecha de que parte de los fondos investigados fueron desviados a estructuras internacionales destinadas a dificultar su trazabilidad.
Plus Ultra
Uno de los puntos centrales de la investigación es el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado durante la pandemia. La Audiencia Nacional sostiene que existieron dos vías de influencia política para facilitar esa ayuda: una vinculada al entonces ministro José Luis Ábalos y otra articulada presuntamente a través de Zapatero. Según el juez, esta segunda terminó teniendo un papel predominante.
Las pesquisas sostienen que directivos y accionistas de Plus Ultra recurrieron al entorno del expresidente para desbloquear operaciones financieras y facilitar contactos institucionales. El auto recoge, entre otros elementos, comunicaciones internas en las que se alude a gestiones realizadas “por instrucciones del Presidente, D. José Luis Rodríguez Zapatero”, así como mensajes en los que se anticipaba la aprobación de la ayuda antes incluso de la decisión formal del Consejo de Ministros.
Un entramado societario
La investigación también apunta a un entramado de contratos presuntamente ficticios firmados entre Plus Ultra y sociedades vinculadas al entorno de Zapatero. Entre ellas aparece Análisis Relevante SL, definida por el juez como una “pieza instrumental” para canalizar fondos hacia personas próximas al expresidente. Según la resolución, esa sociedad remitió 490.780 euros a Zapatero y otros 239.755 euros a Whathefav, empresa administrada formalmente por sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa.
Los investigadores consideran además que parte de los fondos terminaron desviándose mediante estructuras internacionales como Landside Dubai Fzco, una sociedad radicada en Dubái y vinculada a Idella Consulenza Strategica. El auto sostiene que esa estructura offshore habría sido diseñada para recibir pagos fuera de España y dificultar el seguimiento del dinero.
La causa también investiga supuestas influencias ejercidas en Venezuela para garantizar permisos de vuelo de Plus Ultra. En ese contexto aparece Manuel Aarón Fajardo García, identificado por los investigadores como “la pieza de ZP en Venezuela”, así como contactos con el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil venezolano.
No entraron en su casa
El movimiento del juez llega además después de que otros implicados en la causa sí hayan sido objeto de medidas policiales más contundentes. En fases previas de la investigación, agentes de la UDEF practicaron registros, incautaciones y detenciones sobre varios de los investigados relacionados con el entramado societario y financiero. Fuentes jurídicas recuerdan que la citación como investigado de Zapatero y la ejecución simultánea de registros supone ya “un escalón procesal de máxima gravedad” en una investigación de corrupción económica.
Pese a ello, el magistrado descartó por el momento registrar el domicilio particular del expresidente al considerar que existía una alternativa “menos intrusiva” con el registro de la oficina de Ferraz. También optó inicialmente por citarle a declarar el próximo 2 de junio en calidad de investigado, acompañado de abogado.
La expectativa en los investigadores se centra ahora en el análisis de toda la documentación intervenida este martes. Fuentes policiales admiten que el contenido de los dispositivos electrónicos y de las comunicaciones intervenidas será clave para determinar el siguiente paso judicial. Entre las posibilidades procesales abiertas figura desde nuevas imputaciones hasta medidas cautelares más severas si el magistrado considera que existen riesgos de destrucción de pruebas, fuga o reiteración delictiva.
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