El juez rastrea la marca de las joyas que puede desmentir a Zapatero mientras estudia si imputarle malversación

La investigación sobre las joyas halladas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero trata ahora de esclarecer la principal incógnita que rodea al ajuar: su origen. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama encargó este martes a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que identifique al autor de la marca que aparece grabada en 12 de las piezas, después de que el informe pericial de la Joyería Yanes examinara la 'firma' y concluyera que sus características inducen a descartar países con controles estrictos de identificación de alta joyería, entre ellos los países árabes. En su resolución, a la que tuvo acceso El Independiente, el instructor autorizó además a los agentes a solicitar la colaboración de Interpol y Europol de considerarlo necesario.

Esa marca es conocida como punzón, y la pericial de Yanes describe, precisamente, un mismo punzón en todas las piezas: una marca rectangular con una T mayúscula en el centro, el número 18 a la izquierda y una K a la derecha. Para las dos especialistas que desarrollaron el informe —que ha sido consultado por este periódico—, la coincidencia identifica que los tres lotes tienen una procedencia común, aunque los contrastes no ofrecen información suficiente para determinar su origen. Así, las joyeras apuntan a que la T podría corresponder a la inicial del fabricante y que el 18K haría referencia a la ley del metal.

El informe explica que la normativa de la Comunidad Económica Europea exige que las joyas incorporen un contraste de la ley del metal, un punzón y una marca del fabricante. A partir de las características observadas, las peritos consideran que podrían descartarse países con requisitos especialmente exigentes en esta materia, como los de la UE, Estados Unidos y los países árabes. En cambio, mencionan Tailandia, India, China, países de Asia central y Turquía como lugares donde la identificación de las piezas sería más permisiva. Yanes no atribuye las joyas a ninguno de esos territorios ni identifica al fabricante.

La investigación policial tratará de avanzar en esa identificación. El resultado podría tirar por tierra el relato de Zapatero, que sostiene que los tres juegos de joyería —con rubíes, esmeraldas y zafiros— fueron un regalo "estrictamente personal" del rey Abdalá de Arabia Saudí durante su visita oficial a España en junio de 2007. Pero la procedencia de las piezas no es la única cuestión que se examina en la Audiencia Nacional. Al margen de quién las entregara, la Fiscalía Anticorrupción considera que, por las circunstancias en que el expresidente afirma haberlas recibido y por su valor, debieron incorporarse al patrimonio público.

Pendiente de decidir si le investiga por malversación

El Ministerio Público ha situado precisamente en esa cuestión el núcleo de su petición para ampliar la investigación por un posible delito de malversación. En un escrito entregado el pasado 21 de octubre, al que ha tenido acceso El Independiente, la fiscal Elena Lorente explica que el propio expresidente reconoció haber recibido las piezas durante el ejercicio de su cargo y que, por su "muy significativo valor", debió entregarlas al Estado, "como sí hizo con otros regalos al finalizar su presidencia". La tesis de Anticorrupción es que no bastaría con que Zapatero considerase personales esos obsequios.

El argumento fiscal se apoya en el Código de Buen Gobierno aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2005, durante el mandato de Zapatero. Aquellas normas establecían que los obsequios institucionales de especial significación debían incorporarse al patrimonio público. Anticorrupción considera que las joyas, por su valor, excederían de los "usos habituales, sociales y de cortesía" que permitirían considerarlas un regalo personal. Así, recuerdan que el rey Abdalá sí regaló a Zapatero un reloj de sobremesa dorado con esmeraldas durante aquella visita de junio de 2007, y el obsequio figura en el acta de recepción en el Patrimonio de la Administración General del Estado y de afectación al Ministerio de la Presidencia. También constan otros regalos entregados por el monarca durante un viaje al año siguiente. Los tres juegos de joyería, en cambio, no aparecen en esa relación.

A partir de esa ausencia, la Fiscalía sitúa la posible apropiación en 2012, cuando Zapatero entregó al Estado los regalos recibidos durante sus dos legislaturas. Según el escrito de Anticorrupción, si las joyas debían formar parte del patrimonio público, su exclusión de aquella relación podría constituir un delito de malversación. La Fiscalía considera que los hechos podrían encajar en la modalidad agravada de malversación, castigada con penas de cuatro a ocho años de prisión y de diez a veinte años de inhabilitación absoluta, lo que situaría el plazo de prescripción en 15 años. Con ese cómputo, sostiene que el delito seguiría siendo perseguible. Se trata, en todo caso, de la interpretación de la Fiscalía, que el juez todavía no ha asumido en una resolución.

La petición de Anticorrupción llegó después de que Calama rechazara la comisión rogatoria a Arabia Saudí solicitada por la defensa del expresidente. Zapatero pretendía que la Corte Real saudí confirmase la entrega de las joyas y aseguró haber enviado dos cartas a las autoridades saudíes, en junio y agosto, para obtener esa acreditación. Sin embargo, no aportó documentación que demostrara que las misivas hubieran sido presentadas o remitidas. En un auto del 27 de octubre, al que ha tenido acceso este periódico, el instructor consideró que la diligencia carecía de una base fáctica mínima y que no podía utilizarse para construir desde cero el soporte probatorio de una afirmación unilateral. La visita oficial del rey Abdalá estaba acreditada, pero no la entrega de las joyas. El juez añadió que no existían elementos objetivos externos que corroborasen la versión del expresidente y destacó que las piezas no se habían encontrado en sus estuches originales ni acompañadas de certificados de autenticidad o documentación sobre su procedencia.

El rechazo de la rogatoria culminó así un mes en el que Calama fue descartando la vía de investigación planteada por la defensa. El pasado 9 de octubre, este periódico adelantó que el juez esperaría al informe de Yanes antes de decidir si solicitaba la colaboración de las autoridades saudíes. Una vez recibido el dictamen, el instructor optó por no cursar la petición. Anticorrupción había defendido, por su parte, que la investigación debía centrarse en España y en las circunstancias en que Zapatero recibió los regalos en la sede de la Presidencia del Gobierno, en lugar de tratar de obtener una confirmación de la Corte Real saudí.

Calama ha dejado para una resolución separada la petición de la Fiscalía de ampliar la investigación por malversación. Antes de decidir, el juez había requerido a la Dirección General de Patrimonio del Estado el acta de recepción de los obsequios institucionales durante las legislaturas 2004-2008 y 2008-2011, documentación que llegó al juzgado el 26 de octubre. Al día siguiente rechazó cursar la rogatoria. La decisión sobre si dirige formalmente la investigación contra Zapatero también por un posible delito de malversación continúa pendiente una semana después.