Calama espera al informe sobre las joyas de Zapatero para decidir si pregunta a Arabia Saudí por el regalo

El juez José Luis Calama esperará a conocer el resultado del informe definitivo sobre las joyas halladas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero para decidir si solicita ayuda a Arabia Saudí para comprobar si, tal y como argumenta la defensa del expresidente del Gobierno, las piezas fueron un regalo que el rey Abdalá le entregó en Madrid en 2007. Según apuntan fuentes conocedoras de la investigación a El Independiente, el magistrado quiere contar primero con las conclusiones de la nueva pericial, que deberá determinar, entre otros extremos, el origen y el valor de las alhajas.

El informe corre a cargo de la joyería Yanes, que recibió este lunes el ajuar que los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional hallaron en mayo durante el registro del despacho del exdirigente socialista, ubicado en la madrileña calle de Ferraz. La tasación preliminar se encargó a Ansorena, joyería vinculada a la Casa Real y cuyos peritos cifraron el conjunto en 1,3 millones de euros. Según las citadas fuentes, la elección de esta casa respondió a la urgencia de contar con una tasación antes de que Zapatero declarase en la Audiencia Nacional, cita agendada para el 17 de junio. El encargo se realizó el 3 de junio y Ansorena remitió su valoración al juez apenas una semana más tarde.

Ahora, y ya con el tiempo a favor, Calama decidió encargar a Yanes una pericial gemológica y joyera completa, después de valorar "diversas opciones" y decantarse por esta firma, según explicó el propio magistrado en el auto en el que acordó la diligencia, consultado por este periódico. Los expertos no solo tendrán que determinar el valor de las piezas, sino también describir cada una de ellas, identificar los metales y piedras preciosas que las componen, analizar sus marcas y determinar, en la medida de lo técnicamente posible, su origen geográfico y antigüedad.

La defensa de Zapatero —ejercida por el penalista Víctor Moreno Catena— recurrió el encargo al considerar que el juez ya disponía de informes suficientes y que el trabajo de Yanes reproducía en lo esencial las valoraciones anteriores. También cuestionó la imparcialidad de la firma por las declaraciones que su director general, Juan Yanes López, realizó públicamente en mayo sobre las mismas joyas, cuando afirmó que algunas de las piezas podían tener un valor de "un par de millones" de euros.

Sin embargo, Calama rechazó las pretensiones de la representación del expresidente socialista y mantuvo el encargo a Yanes. El magistrado considera que la existencia de informes anteriores no impide solicitar una nueva valoración, y sostiene que la pericial ahora acordada tiene un alcance distinto, ya que pretende profundizar en otros aspectos que no se habían determinado en la preliminar. Además, el instructor del 'caso Plus Ultra' señaló a la defensa de Zapatero que entonces ni se habían identificado siquiera a los profesionales concretos que iban a realizar el informe.

Pedir ayuda a un país que no colabora con España

Aunque el expresidente del Gobierno está siendo investigado en la Audiencia Nacional por presunto blanqueo y tráfico de influencias por las gestiones que habría realizado para favorecer el rescate público de la aerolínea Plus Ultra, el juez Calama acordó en junio abrir una pieza separada por las joyas. En concreto, se le acusa de un supuesto delito contra la Hacienda Pública y otro de contrabando. El día que compareció como investigado ante el instructor, Zapatero rechazó declarar sobre las joyas —acogiéndose a su derecho a no hacerlo— y prometió dar explicaciones "en una semana o diez días".

No fue hasta noventa y nueve días después que el exdirigente socialista ofreció su versión sobre el origen de las piezas. Tal y como informó en su momento este periódico, su defensa aseguró en un escrito que las joyas fueron un regalo "estrictamente personal" del entonces monarca de Arabia Saudí con motivo de su viaje oficial a España en junio de 2007. Sin embargo, esta explicación no llegó acompañada de ningún documento que acreditase la entrega de las joyas, más allá de varias noticias sobre la visita del rey Abdalá a Madrid y dos cartas remitidas por Zapatero a la Casa Real saudí.

Y es que el exdirigente, para acreditar su versión, había intentado obtener una confirmación de la propia Casa Real saudí a través de dos misivas. La primera, del 16 de junio —un día antes de que el expresidente compareciera ante el juez—; y la segunda, del pasado 12 de agosto. Ninguna de las dos obtuvo respuesta, por lo que la defensa planteó al magistrado que el propio juzgado se dirigiera a las autoridades saudíes mediante una comisión rogatoria para tratar de confirmar el origen de las piezas.

Pero concurre la circunstancia de que España no tiene un tratado bilateral de asistencia judicial penal con Arabia Saudí y, según fuentes jurídicas consultadas por El Independiente, no consta ningún precedente de que el reino saudí haya colaborado con la Justicia española. Tal y como explicó entonces este periódico, este extremo es algo que la propia defensa de Zapatero asume en su escrito indirectamente al invocar el principio de reciprocidad, un mecanismo al que pueden recurrir los tribunales cuando necesitan solicitar una diligencia a un país con el que no existe un convenio judicial. 

Lo que se traduce en que la comisión rogatoria puede cursarse, pero su ejecución depende en última instancia de la voluntad de las autoridades del país requerido. Y, teniendo en cuenta que no existen precedentes conocidos de que Arabia Saudí haya cooperado con la Justicia española, la colaboración que plantea la defensa puede dilatar el procedimiento, según vaticinan las citadas fuentes.

La nueva pericial puede aportar precisamente elementos que permitan al magistrado valorar esa versión. El informe de Yanes deberá pronunciarse sobre la antigüedad y el posible origen geográfico de las piezas, aunque no podrá acreditar por sí mismo que fueran entregadas por el monarca saudí. Esa cuestión requeriría una confirmación externa, como la que pretende obtener la defensa mediante la comisión rogatoria.

Por eso, según las fuentes de la investigación consultadas, Calama quiere esperar primero a conocer las conclusiones de los expertos para comunicar formalmente si da curso a esta petición. El juez tendrá entonces que valorar si los datos que aporte la pericial justifican intentar una vía de cooperación judicial que, ante la falta de precedentes de colaboración entre Arabia Saudí y la Justicia española, podría además prolongar la investigación.