Zapatero confía su defensa sobre las joyas a un país que no colabora con la Justicia española

Noventa y nueve días después de prometer al juez que explicaría el origen de las joyas de su despacho, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha dado por fin su versión. Según ha explicado a la Audiencia Nacional en un escrito, fueron un regalo "estrictamente personal" del rey Abdalá de Arabia Saudí en 2007. Pero el exdirigente socialista no ha entregado al juez José Luis Calama ninguna prueba que acredite ese origen como tal, más allá de las cartas que envió a la Corte Real saudí pidiendo que confirme su versión. Esas misivas no han recibido respuesta, por lo que la defensa de Zapatero pide ahora al instructor del 'caso Plus Ultra' que curse una comisión rogatoria a Arabia Saudí para intentar obtener esa confirmación.

El problema es que España no tiene un tratado bilateral de asistencia judicial penal con Arabia Saudí y, según fuentes jurídicas consultadas por El Independiente, no consta ningún precedente de que el reino saudí haya colaborado con la Justicia española. Lo único que vincula a ambos países en materia de lucha contra el delito es un convenio de cooperación en materia de seguridad y delincuencia firmado en 2014, centrado fundamentalmente en el intercambio de información policial y cuya aplicación corresponde a los respectivos Ministerios del Interior, no a los órganos judiciales.

La propia defensa de Zapatero lo asume en su escrito —aunque de forma indirecta— al pedir al juez que solicite la asistencia de las autoridades saudíes, invocando expresamente el artículo 193 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los instrumentos internacionales "que pudieran resultar aplicables" y el principio de reciprocidad. Este último es el mecanismo al que pueden recurrir los tribunales cuando necesitan solicitar una diligencia a un país con el que no existe un convenio judicial. España puede formular la petición y confiar en que el Estado requerido actúe del mismo modo si en el futuro necesitara la colaboración de las autoridades españolas, pero no existe un tratado que establezca las mismas obligaciones, procedimientos y garantías que regirían entre dos países que sí cuentan con un acuerdo de asistencia judicial.

Es una vía que permite pedir cooperación sin necesidad de un tratado, pero sin plazo ni consecuencia jurídica si Arabia Saudí decide no responder. Lo que se traduce en que la comisión rogatoria puede cursarse, pero su ejecución depende en última instancia de la voluntad de las autoridades del país requerido. Y, teniendo en cuenta que no existen precedentes conocidos de que Arabia Saudí haya cooperado con la Justicia española, la colaboración que plantea la defensa puede dilatar el procedimiento, según vaticinan las citadas fuentes.

Las dos cartas que Zapatero envió a Arabia Saudí

El propio Zapatero ya se había dirigido a las autoridades saudíes por carta para tratar de obtener por su cuenta la confirmación que ahora reclama por vía judicial. La primera la remitió el 16 de junio —el día antes de declarar ante el juez Calama— al responsable de Protocolo de la Corte Real, pidiendo la confirmación de que el rey Abdalá le había entregado personalmente los tres juegos de joyas durante su visita oficial a España los días 18 y 19 de junio de 2007. La respuesta no llegó, por lo que el 12 de agosto Zapatero volvió a dirigirse a las autoridades saudíes por el mismo canal para informarles de que se solicitaría formalmente asistencia judicial internacional. Tampoco obtuvo contestación.

Ahora la defensa pide a Calama que formule oficialmente esa petición a Arabia Saudí si considera "insuficiente" su argumentación. La solicitud que plantea al juez reproduce, en esencia, los mismos hechos que Zapatero ya había trasladado a la Corte Real: que durante aquella visita oficial el rey Abdalá le entregó en Madrid un regalo personal formado por tres juegos de joyería, de rubíes, esmeraldas y zafiros. Fuentes jurídicas consultadas por El Independiente explican que no existe impedimento legal para que una defensa se dirija directamente a una autoridad extranjera antes de que el juez acuerde una comisión rogatoria, pero consideran "poco habitual" que haya sido Zapatero el que traslade previamente a Arabia Saudí la versión que pretendía acreditar.

A su juicio, podría entenderse como un intento de "preconfigurar" la respuesta extranjera, ya que son documentos de parte que buscan reflejar su versión. Por ello, Calama no está obligado a reproducir en la comisión rogatoria los términos planteados por la defensa. Si decide cursarla, será el juez quien determine qué hechos quiere comprobar, qué preguntas formula a las autoridades saudíes y qué documentación considera necesario solicitar.

La prescripción de los delitos

El juez Calama abrió esta pieza separada el pasado 12 de junio para investigar si los hechos podían ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y de otro de contrabando, después de que la procedencia de las joyas no quedara justificada. Si finalmente se acredita que la entrega se produjo en 2007, ambos delitos habrían prescrito, ya que el plazo máximo para perseguir un delito fiscal o de contrabando de esta naturaleza no supera los diez años, según el Código Penal, muy por debajo de los 19 que han transcurrido desde entonces.

En el escrito presentado este miércoles ante el juez, la defensa de Zapatero cuestiona además el valor El informe fijó un valor de reposición de 1,3 millones de euros calculado sobre el precio que tendría una joya equivalente en el mercado primario en junio de 2026, impuestos incluidos. Los abogados sostienen que ese criterio no permite determinar cuánto valían las piezas en junio de 2007.

Respecto al resto de objetos intervenidos en el registro, la defensa los desvincula de los tres juegos de joyería. Se trata, según su versión, de 67 piezas de procedencia y valor muy diferentes, entre ellas objetos familiares, recuerdos de antepasados y regalos recibidos a lo largo de los años. Once fueron consideradas sin valor y otras 25 ni siquiera alcanzan una estimación de 1.000 euros, por lo que el conjunto restante representa alrededor del 6,8% del valor total calculado por Ansorena.