La alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar —hermana de Gertrudis, secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero—, se sentará el miércoles de la semana que viene en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid acusada de un presunto delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental por supuestamente permitir durante años la celebración irregular de bodas y fiestas en un restaurante del municipio pese a las reiteradas denuncias vecinales.
La Fiscalía sostiene que Alcázar, junto al técnico de Urbanismo del Ayuntamiento, Fernando Rodríguez, y dos concejales del equipo de Gobierno, omitieron "de forma deliberada" sus obligaciones en materia de disciplina urbanística y protección ambiental frente a las actividades del restaurante El Casón de la Quinta de San Antonio, situado en la calle María Zambrano de la localidad madrileña.
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso El Independiente, el establecimiento contaba con licencia para actividad de restaurante, pero carecía de autorización para utilizar las zonas exteriores donde, presuntamente, se celebraban bodas, bautizos, comuniones y fiestas privadas con música de alta potencia, pirotecnia y eventos que se prolongaban hasta las cinco o seis de la madrugada.
Años de quejas vecinales
La causa pone el foco en la supuesta inacción municipal ante años de quejas vecinales. El Ministerio Fiscal enumera más de una decena de denuncias registradas entre 2019 y 2025, además de múltiples intervenciones de la Policía Local por ruidos y molestias. Sin embargo, sostiene que el Ayuntamiento apenas incoó cuatro expedientes sancionadores y que ninguno de ellos llegó a resolverse.
El Ministerio Público considera que los acusados "desoyeron" de forma reiterada las reclamaciones de los vecinos y no adoptaron medidas cautelares para frenar la actividad ni restablecer la legalidad urbanística, pese a ser los responsables directos de inspección y disciplina urbanística en el municipio.
Los principales perjudicados son varias familias que residían junto al restaurante y que, según la Fiscalía, sufrieron durante años "graves molestias", especialmente en primavera y verano, cuando aumentaba el número de celebraciones y necesitaban mantener abiertas las ventanas de sus viviendas.
La acusación subraya además que el local incumplía de manera habitual el horario de cierre previsto para este tipo de establecimientos en la Comunidad de Madrid. Aunque la normativa fijaba el cierre entre las dos y las dos y media de la madrugada, los eventos se extendían supuestamente hasta el amanecer, una circunstancia que, según el escrito, conocían los responsables municipales a través de las denuncias y de las actas policiales.
Por estos hechos, la Fiscalía solicita para la alcaldesa y el resto de acusados tres años de prisión, veinte meses de multa e inhabilitación especial durante doce años para ejercer cargos públicos relacionados con urbanismo y medio ambiente. También reclama que indemnicen conjuntamente a tres vecinos afectados con 4.000 euros por los perjuicios sufridos.
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