La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, podría ser una de las próximas imputadas por el juez Santiago Pedraz. Esto sería en el marco de la investigación del 'caso Leire'. El magistrado llegaría a este punto si se demuestra que los expedientes de información reservada que abrió a varios agentes de la UCO se tramitaron por mandato de Leire Díez para intentar inferir en las investigaciones de los agentes de la Benemérita.
En el auto del magistrado, al que ha tenido acceso El Independiente, se desprende que Leire Díez en conjunto con Santos Cerdán, Pérez Dolset y la periodista Patricia López, intentaron impulsar "la sospecha sobre las actuaciones" de la UCO ante Mereces González. La directora habría abierto "sendos expedientes" de información reservada a algunos agentes. La cuestión es si esos agentes son los que estarían investigando los distintos casos que lleva la Audiencia Nacional y que ponen en el punto de mira al PSOE y a Pedro Sánchez.
Este diario ha podido saber que Pedraz podría tomar la decisión de imputar a la directora de la Guardia Civil. Esto se daría si se encuentran registros de conversaciones entre ella y Leire Díez que concuerden en espacio y tiempo con la apertura de los expedientes a los agentes. Un supuesto que agentes de la propia UCO no descartan.
Una relación espacio temporal
La clave de esa posible imputación reside en el contenido de los dispositivos y comunicaciones que están siendo analizados por los investigadores. Según las fuentes consultadas por El Independiente, la directora general sólo podría verse afectada penalmente si aparecieran conversaciones concretas. En ellas, Leire Díez trasladaría instrucciones o peticiones dirigidas a actuar contra determinados miembros de la Unidad Central Operativa. Además, dichas comunicaciones deberían guardar una relación temporal con la apertura de las informaciones reservadas para acreditar una eventual conexión entre ambas actuaciones.
La resolución del magistrado describe una estrategia por parte de la trama encaminada a desacreditar el trabajo de agentes, fiscales y jueces. Todos ellos vinculados a procedimientos especialmente delicados. En lo que respecta a la Guardia Civil, el auto apunta a una actuación dirigida a erosionar la credibilidad de la UCO mediante denuncias, filtraciones e iniciativas destinadas a cuestionar su labor investigadora.
En ese contexto se sitúan las informaciones reservadas abiertas contra varios miembros de la unidad. Tal y como adelantó El Independiente en diciembre del pasado año, la Dirección General de la Guardia Civil había puesto en marcha investigaciones internas contra agentes de la UCO por supuestas filtraciones. Entonces, diversas fuentes interpretaron aquellas actuaciones como una medida que podía terminar teniendo un efecto intimidatorio sobre los investigadores.
Una inquietud en la UCO
Según ha podido saber este periódico, la apertura de esos expedientes generó una profunda inquietud dentro de la unidad. Entre los agentes más directamente vinculados a las investigaciones que afectan al entorno del poder político se instaló una sensación de preocupación ante la posibilidad de convertirse ellos mismos en objeto de escrutinio interno. En otros sectores de la UCO predominó el malestar por considerar que la institución no estaba respaldando de forma clara el trabajo que desarrollaban por orden judicial.
Las críticas más contundentes llegaron desde las asociaciones profesionales. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) recordó recientemente que ya denunció en junio de 2025 los movimientos que, a su juicio, buscaban desacreditar a la UCO y a algunos de sus mandos. La organización acudió entonces a los tribunales para denunciar las actuaciones de Leire Díez. A ella le atribuían intentos de obtener información comprometedora sobre responsables de la unidad para perjudicar su imagen pública.
Tras conocerse el contenido de las últimas resoluciones judiciales, la AUGC emitió un comunicado. En el que alertó de la gravedad que tendría la utilización de mecanismos internos de la Guardia Civil para generar presión sobre los agentes. La asociación defendió que la UCO debe poder desarrollar su trabajo con "independencia absoluta". Adem advirtió de que el uso de informaciones reservadas contra investigadores encargados de causas sensibles podría comprometer la confianza en la institución.
La organización también reprochó el silencio mantenido por la Dirección General durante los últimos meses. Según manifestó públicamente, la ausencia de explicaciones y de un respaldo explícito a los agentes afectados ha generado inquietud entre numerosos guardias civiles. La asociación considera que la dirección del cuerpo debería haber aclarado los motivos que justificaron la apertura de las investigaciones internas.
Balas y Corbí
Según el auto judicial, la organización investigada, tenía entre sus objetivos la desestabilización de causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. Una de las líneas de acción de la trama era "atacar la correcta dirección de las investigaciones" de la UCO. Esto lo hacían buscando información comprometida sobre sus mandos para lograr su neutralización.
El auto detalla que Leire Díez mantuvo reuniones con el Comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba. A quien se le ofreció "recuperar la trayectoria profesional que llevaba y [ser] colocad[o] en puestos de máxima responsabilidad tras la purga que harían". A cambio, se le solicitaba "pasar[le] cuanta información tuviera del Fiscal Grinda así como de mandos de la UCO (concretamente Tecol Balas y Bonilas) y de la JI incluido el actual DAO y el Tecol Basilio Luis Sánchez Portillo involucrado en la OP Cataluña". La intención de Leire, según una anotación de Villalba, era que el CNP le tomara declaración como testigo protegido "para declarar contra la GC y concretamente contra la UCO, sus mandos y otros de la JI así como el Coronel Corbi y Tecol Basileo".
Además, la trama impulsó la sospecha sobre las actuaciones de la UCO ante la Directora General de la Guardia Civil, lo que motivó la apertura de expedientes de información reservada. También se dedicaron a recopilar "datos e información personal y reservada (secreta por Ley) de los mandos que intervinieron en las investigaciones ya referidas a fin de buscar información comprometida sobre los mismos que pudiera llevar a su neutralización".
Análisis de documentación
Mientras tanto, la investigación judicial continúa avanzando. La entrada y registro practicada en la sede federal del PSOE y el análisis de la documentación y de los dispositivos intervenidos podrían resultar determinantes. Principalmente para aclarar el alcance de las actuaciones investigadas. Entre los elementos que centran ahora la atención de los investigadores figuran las comunicaciones mantenidas entre los distintos protagonistas de la trama y la posible existencia de contactos con responsables institucionales.
Por el momento, Mercedes González no está investigada en la causa. Sin embargo, las fuentes consultadas explican que el escenario podría cambiar. Esto sería si aparecieran conversaciones que acreditaran que la apertura de las informaciones reservadas respondió a peticiones concretas realizadas por Leire Díez o por alguno de los integrantes de su entorno. La existencia de esos contactos y su coincidencia temporal con las decisiones adoptadas dentro de la Guardia Civil constituyen uno de los aspectos que los investigadores tratan ahora de esclarecer.
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