El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha expresado este martes su "preocupación" por las manifestaciones realizadas en los últimos días por responsables del Gobierno que han cuestionado la independencia de determinadas actuaciones judiciales. En una declaración institucional aprobada por su Comisión Permanente, el órgano de gobierno de los jueces advierte de que este tipo de pronunciamientos contribuyen a "erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho".
El comunicado, al que ha tenido acceso El Independiente, llega después de que varios miembros del Ejecutivo reaccionaran públicamente a los últimos movimientos judiciales que afectan al entorno del PSOE. Entre ellos, la entrada de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede socialista de la calle Ferraz el pasado miércoles para recabar documentación en el marco del denominado 'caso Leire', así como la imputación del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y de la actual gerente del partido, Ana María Fuentes, acordada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
A ello se suma la investigación sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021, una causa en la que figura investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presunto blanqueo y tráfico de influencias, y que también se sigue en la Audiencia Nacional, pero en manos del magistrado José Luis Calama.
En este contexto, algunos miembros del Ejecutivo han denunciado la existencia de una estrategia para desgastar al Gobierno a través de los tribunales. El ministro de Transportes, Óscar Puente, llegó a afirmar que se está intentando "derribar" al Ejecutivo de Pedro Sánchez "con métodos nada democráticos".
Sin citar expresamente a ningún dirigente político, el CGPJ responde ahora a estas declaraciones recordando que "la defensa de los valores y principios constitucionales, la independencia judicial y el derecho de defensa son pilares sobre los que descansa el Estado de Derecho".
La Comisión Permanente sostiene que las manifestaciones realizadas por "cualificados responsables de altas instituciones del Estado" cuestionan "la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales" y advierte de que ello contribuye a deteriorar la confianza pública en las instituciones.
A juicio del CGPJ, un clima político en el que se producen este tipo de críticas "debilita los cimientos de una sociedad democrática avanzada" y puede llegar a poner en cuestión los fundamentos del Estado de Derecho cuando la actividad judicial es presentada como un instrumento al servicio de intereses ajenos a la aplicación de la ley. Insisten además en que el respeto a la independencia judicial resulta incompatible con la "descalificación" de los jueces o con la atribución a la función jurisdiccional de objetivos distintos a los que le corresponden en un sistema democrático.
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