El juez imputa a Zarrías, Cerdán y la gerente del PSOE mientras la UCO entra en Ferraz y en la sede de la Guardia Civil

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido este miércoles a la sede del PSOE en la calle Ferraz por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en el marco de la causa que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por una presunta trama dirigida a desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al partido y al Gobierno, tal y como ha adelantado El Confidencial y ha confirmando El Independiente.

Fuentes conocedoras del caso han precisado además a este periódico que el juez ha imputado en el procedimiento al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán; a la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco; al exconsejero andaluz y exdirigente socialista Gaspar Zarrías; al empresario Javier Pérez Dolset; y al abogado Ismael Oliver. La investigación se dirige contra ellos por presuntos delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad documental mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delitos contra las instituciones del Estado.

Según las mismas fuentes, los agentes buscan especialmente documentación relacionada con supuestos pagos del PSOE a Leire Díez —la ya conocida como 'fontanera'— para recabar información sensible o intervenir en causas judiciales vinculadas al entorno socialista. Paralelamente, la Guardia Civil también ha realizado actuaciones en dependencias de la Benemérita en la madrileña calle de Guzmán el Bueno para tomar declaración y recopilar información relacionada con el procedimiento.

El juez Pedraz sostiene en sus resoluciones que existen indicios de una estructura organizada para interferir en investigaciones judiciales y maniobrar sobre procedimientos considerados sensibles para el PSOE o miembros del Ejecutivo. En uno de los autos notificados este miércoles, el magistrado atribuye a Ana María Fuentes una "indiciaria responsabilidad" en los hechos investigados, al menos como cómplice de varios de los delitos analizados y, en todo caso, como presunta autora de falsedad en documento mercantil por la supuesta emisión de “facturas mendaces”.

También imputado el abogado Jacobo Teijelo

La causa también alcanza al abogado Jacobo Teijelo Casanova y a un guardia civil, investigados por delitos de revelación de secretos, cohecho y actuaciones contra las instituciones del Estado. Además, el magistrado menciona la posible colaboración puntual del que fuera presidente de la sociedad estatal Correos, Juan Manuel Serrano Quintana, y el socialista Juan Francisco Serrano Martínez en "concretos y aislados actos" relacionados con el supuesto plan ilícito, aunque deja para una fase posterior concretar su eventual responsabilidad penal.

Pedraz justifica las diligencias acordadas por la "gravedad" de los hechos investigados, tanto por las penas asociadas a los delitos como por el elevado volumen económico de las operaciones bajo sospecha. Por ello, ha ordenado requerimientos inmediatos a personas físicas, empresas y organismos públicos y privados para que entreguen documentación, correos electrónicos, archivos digitales y cualquier otra información relevante para el avance de la investigación.

Los correos de Cerdán

No es la primera vez que la UCO entra en Ferraz. El pasado 20 de junio, los agentes entraron por orden del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa vinculada al denominado ‘caso Koldo’. La diligencia tenía como objetivo realizar el clonado del correo electrónico corporativo del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, después de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordara investigar su posible participación en una presunta trama de adjudicaciones irregulares de obra pública.

Aquella vez la actuación de la UCO no consistió en un registro general de la sede del partido, sino en un requerimiento judicial concreto para acceder y copiar el contenido de varias cuentas de correo utilizadas de forma exclusiva por Cerdán. Según detallaron distintas informaciones publicadas aquel día, los agentes acudieron acompañados del departamento técnico correspondiente para extraer la información almacenada en los servidores, incluidos posibles mensajes eliminados y documentos adjuntos. La operación se prolongó durante varias horas y se desarrolló también de forma paralela en el Ministerio de Transportes, Adif y la Dirección General de Carreteras.

La entrada de la UCO en Ferraz se produjo el mismo día en que el Tribunal Supremo imputó formalmente a Santos Cerdán y ordenó nuevas diligencias patrimoniales sobre su entorno económico. El juez consideró necesario preservar y analizar el contenido de las comunicaciones corporativas del exdirigente socialista dentro de la investigación sobre presuntas comisiones vinculadas a contratos públicos.

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