La Fiscalía General del Estado tiene ya en su mesa el expediente gubernativo abierto por la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, contra las dos fiscales mencionadas en el sumario del 'caso Plus Ultra': Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial de Madrid en el momento de los hechos, y María Luisa Llop, que defendió el archivo de la primera investigación sobre el rescate de la aerolínea. Ahora, según precisan fuentes jurídicas a El Independiente, le corresponde la decisión de si se incoa un expediente gubernativo propio, un trámite administrativo que, remarcan, todavía se encuentra en una fase muy inicial.
El proceso es, por ahora, burocrático. Las citadas fuentes explican que el trámite sigue el cauce previsto en el artículo 163 del Reglamento del Ministerio Fiscal, que obliga a remitir a la Inspección toda denuncia relativa a la actuación de miembros del Ministerio Público. La Inspección deberá valorar posteriormente si procede abrir diligencias o archivar la cuestión. Antes de llegar a ese punto, dichas fuentes apuntan que se estudiará si los hechos están sub judice, en cuyo caso lo habitual sería suspender el procedimiento administrativo hasta la resolución del procedimiento penal.
El expediente tiene su origen en una denuncia de la asociación de acusación popular Iustitia Europa y en las conversaciones intervenidas a investigados de la trama que han sido incorporadas al sumario del 'caso Plus Ultra', que analiza el rescate público de la aerolínea concedido por el Gobierno en 2021. En concreto, la UDEF recogió en uno de sus atestados un intercambio de mensajes de mayo de aquel año entre el abogado Miguel Palomero —detenido el pasado diciembre y ahora investigado por blanqueo y organización criminal— y Rodolfo Reyes, entonces accionista mayoritario de la compañía aérea.
En esa conversación, Palomero trasladó a Reyes que al día siguiente preguntaría "de la juez del 15, cómo es", en referencia a Esperanza Collazos, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid que acababa de acordar diligencias para investigar el rescate. "La instrucción es muy importante", añadió el abogado, antes de deslizar que la jueza no era la única vía de acceso a las pesquisas: "La fiscal jefa es amiga". Un mensaje que se podría interpretar como una referencia a Pilar Rodríguez, por aquel entonces fiscal jefe provincial de Madrid. "Hay que cortar esto", concluyó Palomero, a lo que Reyes respondió "absolutamente" y le instó a hablar con el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola.
No obstante, el mensaje también podría referirse a la fiscal María Luisa Llop, que representó al Ministerio Público en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y defendió en febrero de 2023 el sobreseimiento de las actuaciones. En su escrito, Llop concluía que no existían indicios racionales de malversación, prevaricación, cohecho ni tráfico de influencias en la concesión del rescate, y sostenía que Plus Ultra cumplía los requisitos de la normativa aprobada durante la pandemia apoyándose en informes de Deloitte y DC Advisory.
Argumentó además que la resolución no podía calificarse de arbitraria porque se dictó con base en esos dictámenes y que el Tribunal de Cuentas había archivado sus actuaciones al considerar que la ayuda tenía naturaleza de préstamo y no originó perjuicio a las arcas públicas. Un año después de ese archivo, el entonces fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ascendió a Llop y la destinó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde precisamente se investiga ahora el rescate tras la reapertura del caso.
Por su parte, Lastra adoptó la decisión de iniciar este expediente gubernativo en sus últimas semanas como fiscal superior de Madrid, después de que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, no la renovara en el cargo el pasado 30 de abril. Esta decisión, para un sector del Ministerio Público, se interpretó como represalia por el testimonio de Lastra en el juicio contra el García Ortiz, cuya declaración contribuyó a la condena de este por revelación de secretos.
Pilar Rodríguez, por su parte, acaba de ser ascendida por Peramato a la Sección Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Rodríguez había estado previamente imputada durante la investigación por la filtración de datos del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque resultó exonerada.
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