Barcelona atraviesa semanas marcadas por un alarmante repunte de tiroteos en sus calles. Detrás de muchas de las armas que circulan por la capital catalana aparece un nombre: Marsella. La ciudad francesa se habría convertido en uno de los principales puntos de entrada de armas que llegan por carretera a la Ciudad Condal. El incremento en la presencia de estas armas coincide con el aumento de episodios de violencia protagonizados, precisamente, por armas de fuego: los Mossos d'Esquadra contabilizaron un total de 93 tiroteos en Cataluña durante 2025, lo que supondría un 35% más que el año anterior. La tendencia se mantiene en 2026, ya que solo en el primer trimestre del año se registraron en Barcelona siete homicidios consumados y 54 tentativas.
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La incautación de una docena de fusiles de asalto por parte de los Mossos el pasado 12 de mayo dibuja una preocupante realidad. Ocultas en un vehículo de alta gama, las armas intervenidas incluían varios AK-74 —una evolución del soviético Kaláshnikov desarrollado en los años setenta— más ligeros y con un retroceso inferior que el del AK-47 gracias al uso de munición de menor calibre. Al final, de lo que estamos hablando es de armamento de uso militar. Por otro lado, se confirma el decomiso de ejemplares del tradicional AK-47, el modelo más extendido de la familia Kaláshnikov, utilizado durante décadas por ejércitos, grupos insurgentes y organizaciones terroristas de todo el mundo. Figuras como Saddam Hussein en Irak, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o el líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, recurrieron a este tipo de armamento para enfrentar sus operaciones militares y la presencia en diferentes conflictos y ataques.

Uno de los principales problemas que plantea el uso de armas de guerra entre las redes criminales es la vulnerabilidad derivada de la falta de protección de los agentes encargados de hacer frente a este tipo de delincuencia. El equipamiento utilizado por los Mossos d'Esquadra y otros cuerpos de seguridad no está diseñado para resistir el impacto de la munición disparada por fusiles de asalto.

A ello se suma la presunta falta de continuidad en la formación de los Mossos d'Esquadra que, según la regulación vigente, tendrían obligación de realizar prácticas de tiro una vez al año. Fuentes policiales consultadas por El Independiente aseguran que este requisito no siempre se estaría cumpliendo. Según estos mismos testimonios algunos efectivos llevarían años sin disparar: "30 o 40 cartuchos al año no es suficiente, también es importante dotar a las brigadas móviles y al Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO, una unidad táctica de los Mossos) de escudos y cascos balísticos suficientes para hacer frente a este tipo de ataques".

Además, entre el material intervenido figuran armas largas, algunos fusiles cuyo uso estaría autorizado para titulares de licencias tipo C, reservadas, según información de la Guardia Civil, a personal de seguridad privada, como vigilantes y escoltas. En cualquier caso, la mayoría del material incautado procede del mercado negro, lo que dificulta su trazabilidad al presentar los números de serie limados. Este tipo de armas son conocidas en el argot policial como 'ghost guns' o armas fantasma.

Origen de las armas

Acostumbrados a intervenir en incidentes protagonizados por armas blancas —navajas, cuchillos o machetes—, los Mossos d’Esquadra se enfrentan a una nueva realidad que compromete su seguridad día tras día. Detrás de este novedoso escenario convergen diferentes factores como los conflictos armados, el tráfico ilícito o las redes de contrabando que alimentan el mercado negro de armas en Europa.

Aunque la guerra entre Rusia y Ucrania suele señalarse como uno de los focos actuales para el posible desvío de armas, la realidad es que las rutas clandestinas por las que circula todo este material también tienen su origen en conflictos anteriores: por ejemplo, las guerras yugoslavas, libradas entre 1991 y 2001, cuya herencia armamentística continúa alimentando el mercado negro, así como diversos países de Europa del Este que también figurarían como puntos de partida del material que acaba en las redes de tráfico ilegal de armas.

Atraviesan el continente y llegan a España por Marsella. La ciudad francesa se ha convertido en uno de los principales puntos de tránsito de estas rutas, que, según datos de Numbeo, figura entre los lugares con mayores niveles de criminalidad de Europa.

La relevancia de Marsella en esta situación se explica, en parte, por el auge de las redes criminales vinculadas al narcotráfico. En los últimos años, la ciudad ha experimentado un notable incremento de la violencia asociada a las bandas organizadas y al control de los puntos de venta de droga. Diversos informes apuntan a la existencia de decenas de lugares dedicados al tráfico de drogas, recientemente objeto de operativos policiales, además de importantes estructuras criminales que implicarían, de forma directa o indirecta, a miles de personas. Todo ello en el contexto de un mercado nacional de la droga valorado en alrededor de 7.000 millones de euros anuales.

Además, las redes criminales recurren cada vez más a menores de edad —desde los 14 años— a quienes captan con promesas de "trabajo" y remuneraciones de entre 200 y 500 euros diarios. Sin embargo, los Mossos d'Esquadra advierten de que la realidad dista mucho de esas expectativas: "A menudo se trata de situaciones de esclavitud moderna, marcadas por la violencia, los abusos sexuales y las amenazas contra sus familias".

Traslado armamentístico

Unos 500 km separan a Marsella de Barcelona, un recorrido que comienza en la autopista francesa (A9) y atraviesa Montpellier y Narbona. Cruzando la frontera por La Jonquera, y tras tomar la AP-7 —donde fueron incautados los 12 fusiles de asalto hace unas semanas— se llega a Barcelona. Allí se reparten por todo el territorio catalán, aunque, según informa Albert Palacio, portavoz del Sindicato Independiente de los Mossos (USPAC), dependiendo del tipo de acto ilícito cometido, se instalan en un lugar u otro: la delincuencia convencional está especialmente presente en el Barrio Gótico, El Raval u Hospitalet; mientras tanto, el crimen organizado, mafias y bandas, se distribuye por cualquier parte de la ciudad.

Auge de las bandas

Cuando El Independiente preguntó al portavoz de USPAC cuál era el perfil con el que se estaban encontrando, negó la existencia de un fenómeno homogéneo. Según explicó, aunque se ha producido un incremento del crimen organizado, sería un error reducir el problema exclusivamente a organizaciones estructuradas, a la inmigración o a grandes mafias, aunque tampoco pueden descartarse.

Hospitalet estaría registrando un aumento de la criminalidad que, según distintas fuentes, se podría vincular con la actividad de bandas como Barrio18, los autodenominados ‘Demons de Ciudad Meridiana’ (LDCM) —desmantelados por los Mossos d’Esquadra en colaboración con la Guardia Urbana en la operación ‘Hellcat-Warriors’, acusados, entre otros delitos, de tenencia ilícita de armas—, así como los Dominican Don’t Play (DDP). En el centro de Barcelona operan grupos como los Trinitarios, los Latin Kings y los Ñetas.

Desde Marsella también habrían llegado miembros de la ‘DZ Mafia’, una organización asentada inicialmente en París y Lyon que fue extendiéndose progresivamente por la ciudad francesa y que, según fuentes policiales, "es la organización criminal más relevante para la policía francesa debido a su implicación en delitos graves, especialmente tráfico de drogas, armas y episodios de violencia urbana". La ciudad focea es, además, punto de origen o tránsito de mafias marroquíes que terminan operando en distintos puntos de la Península.

Los clanes balcánicos ‘Kavac’ y ‘Skaljari’ también protagonizan una importante expansión de la violencia en la zona. De hecho, el último tiroteo registrado en la calle Balmes (Barcelona) estaría presuntamente relacionado con un ajuste de cuentas entre estas bandas montenegrinas.

Muchas de estas redes siguen, según Europol, los parámetros del 'clan-based crime', un tipo de estructura criminal organizada en torno a "lazos de sangre que aseguran la lealtad de sus miembros y dificultan la intervención policial por su relación familiar".

Situación crítica

El 16 de mayo, un hombre recibió un disparo en el barrio de la Marina, en el distrito de Sants-Montjuïc. Dos semanas después, un tiroteo en el barrio de Sant Roc, en Badalona, dejó herida de forma colateral a una niña de 10 años, que recibió el impacto de una bala en el brazo. Apenas una semana más tarde, la calle Mineria volvió a convertirse en escenario de la violencia armada: un hombre de 40 años murió tras recibir un disparo en la cabeza, en el segundo homicidio con arma de fuego registrado en la zona en menos de un mes. Tan solo unos días después, las alarmas volvieron a saltar cuando otro hombre perdió la vida tras ser tiroteado en la calle Balmes. El presunto autor huyó a pie por la calle Granada del Penedès y, por el momento, no ha sido detenido.

Todos estos episodios han reavivado las advertencias de USPAC sobre el aumento de la violencia armada y la necesidad de reforzar la protección de los agentes. Pese a los numerosos escritos y reuniones mantenidas por el sindicato, que incluso ha llegado a plantear acciones judiciales si no se adoptan medidas para garantizar la seguridad de los Mossos d'Esquadra, sus representantes consideran que la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. A su juicio, el incremento de la delincuencia evidencia que aún queda margen tanto para reforzar el marco normativo como para aplicar con mayor contundencia las herramientas que ya contempla el Código Penal.