¿Tiene España una estrategia de seguridad para los próximos diez años?

Confieso que llevo días dándole vueltas a una contradicción que nadie, ni el Gobierno ni sus adversarios, tiene demasiado interés en resolver. El Departamento de Seguridad Nacional reconoció en 2024 que la sensación de inseguridad había crecido por la violencia de los grupos organizados en el sur, y en el mismo informe hizo un «balance muy positivo» del plan desplegado desde 2018. Las dos cosas son ciertas a la vez, y esa simultaneidad me parece más reveladora que cualquier polémica: mide la distancia entre la lógica del Estado, que cuenta operaciones, y la experiencia del territorio, que cuenta muertos.

El Campo de Gibraltar lleva décadas siendo el laboratorio donde se comprueba si el Estado manda de verdad. El plan de 2018 ha tenido que extenderse a todas las provincias costeras de Andalucía porque la presión policial no eliminó el problema, lo desplazó. La narcolancha que ya no atraca en La Línea atraca ahora en Huelva, en Almería, en la costa granadina. En 2024 hubo más de doce mil operaciones, un cuarenta y tres por ciento más, casi seis mil detenidos. Son cifras que cualquier ministro enseñaría con orgullo. Pero no cuentan que en ese mismo periodo varios guardias civiles murieron, y que eso, en cualquier democracia europea seria, habría abierto un debate sostenido sobre medios y doctrina. Aquí produjo comunicados y la foto del ministro presidiendo una reunión.

Hay una escena que me persigue. El 1 de mayo de 2026, al sur de Canarias, Vigilancia Aduanera abordó el Arconian, un carguero con bandera de Comoras que llevaba treinta toneladas de cocaína, más de ochocientos millones de euros. El mayor alijo de la historia de España. Y me detengo en un detalle que dice más que mil informes: no lo intervino la Guardia Civil ni la Policía Nacional, sino un cuerpo de Hacienda, el que menos medios navales tiene de todos. Que el organismo con menos recursos protagonice la incautación más grande no es una proeza, es un síntoma de cómo el Estado dispersa lo que debería concentrar.

Marbella se ha convertido en la mayor concentración de crimen organizado de Europa occidental: ciento trece organizaciones de cincuenta y nueve nacionalidades

Si el Campo de Gibraltar es el muelle, la Costa del Sol es la sala de máquinas, donde se blanquea, se decide y se mata. Marbella, ciento cincuenta mil habitantes, se ha convertido en la mayor concentración de crimen organizado de Europa occidental: ciento trece organizaciones de cincuenta y nueve nacionalidades, según el propio Ministerio del Interior. La Camorra lava dinero en Puerto Banús. La Mocro Maffia ha hecho de la ciudad su segunda capital. Y han aparecido, esto cuesta escribirlo, bandas de sicariato infantil traídas desde Suecia, niños contratados para matar por encargo porque salen más baratos y arriesgan menos pena. En septiembre de 2024 la policía detuvo a uno de esos menores, autor del asesinato a tiros de un hombre en Fuengirola. Y los capos que la usan ni siquiera viven allí: dirigen desde Dubái, desde jurisdicciones que no extraditan, y dejan la Costa del Sol como mercado.

Lo que se construye ahí, con la complicidad de un urbanismo permisivo y un sistema antiblanqueo desbordado, es una especie de Zúrich criminal con palmeras incrustado en territorio español. Y trae dentro una bomba de relojería que apenas nombramos: España vive del turismo más del doce por ciento de su PIB, y la Costa del Sol es uno de sus tres motores. Acapulco tardó menos de veinte años en pasar de joya a sinónimo de narco. El paralelismo no es mecánico, pero la advertencia merece tomarse en serio antes de que el deterioro tenga inercia propia.

Bajo todo esto late un defecto que no es solo de medios. El crimen planifica a diez años, los planes del Interior duran dieciocho meses. Esa asimetría temporal no es administrativa, es una ventaja estructural que le regalamos al delincuente.

Y aquí llego a la parte que me incomoda escribir, precisamente porque sé cómo va a usarse. En el hueco entre el problema real y la respuesta del Estado, la derecha nacionalista encuentra su mejor combustible, y señala a la inmigración. En su formulación máxima la afirmación es discutible: España no es más peligrosa que hace veinte años, su tasa de criminalidad es inferior a la de 2005. Pero instalarse en la negación simétrica sería deshonesto. España ha pasado de un millón escaso de nacidos en el extranjero a más de diez millones, uno de cada cinco residentes,. La inmensa mayoría vino a trabajar, a cuidar mayores, a recoger fresas, a sostener un país que sin ellos ya habría entrado en colapso demográfico, y son honestos en la misma proporción que los españoles. Ese es el punto de partida no negociable.

No hay pacto de Estado, hay competición electoral. Los narcos, mientras tanto, planifican, abren rutas atlánticas, blanquean en Banús, importan menores sicarios

Pero no agota el debate. La Ertzaintza, en un País Vasco con apenas un diez por ciento de población extranjera, informó de que en 2025 el sesenta y uno por ciento de los detenidos eran extranjeros, con porcentajes aún mayores en algunos delitos graves. Los datos no prueban que la inmigración cause delincuencia, la criminología lo descarta cuando se controla por edad, renta y educación, y pesan factores como la prisión provisional sistemática contra quien carece de arraigo. Pero sí señalan una concentración que creció desde 2020 y que el oficialismo, por miedo a alimentar al populismo, prefiere no nombrar. Y el silencio, lo he comprobado, no desactiva el miedo: lo entrega entero a quien ofrece un culpable simple.

Porque el populismo no prospera porque la gente sea irracional. Prospera porque existe una brecha verdadera entre la narrativa oficial y lo que se vive en ciertos barrios, y alguien la llena. La polarización no es el precio de la democracia, es el síntoma de una democracia que no resuelve sus problemas de fondo.

Queda sin formular la única pregunta que importa: ¿Tiene España una estrategia de seguridad para los próximos diez años, o solo planes que se renuevan cuando el anterior expira? La respuesta honesta es que no. No hay pacto de Estado, hay competición electoral. Los narcos, mientras tanto, planifican, abren rutas atlánticas, blanquean en Banús, importan menores sicarios. Y el Estado gestiona la urgencia sin construir la estrategia. Lo confieso con cierta desolación: tenemos el diagnóstico encima de la mesa. Lo que todavía no tenemos es la voluntad de leerlo en serio.