La controversia generada por las joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros que se hallaron al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en su despacho ha reabierto el debate sobre los límites que deben existir en torno a los regalos que reciben los cargos públicos. A raíz de este caso, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) han reclamado una reforma legislativa para fijar de forma objetiva qué obsequios pueden aceptar políticos, jueces, funcionarios y otros responsables públicos.
En un comunicado al que ha tenido acceso El Independiente, la organización considera que la normativa actual deja un amplio margen de interpretación al apoyarse en conceptos como los "usos habituales, sociales y de cortesía", una redacción que, a su juicio, genera inseguridad jurídica y dificulta la aplicación homogénea de los criterios de transparencia.
Por ello, GESTHA propone establecer legalmente un umbral máximo de 150 euros para los regalos que puedan recibir los responsables públicos. La cifra se inspira en el Código de Conducta de las Cortes Generales, aprobado en 2020, que prohíbe a diputados y personal institucional aceptar "obsequios, regalos, favores, invitaciones o viajes" por un valor superior a esa cantidad.
Una "laguna informativa"
Los técnicos sostienen que la investigación que afecta al expresidente socialista ha puesto de manifiesto una "laguna normativa" que convendría corregir. Según argumentan, un regalo considerado protocolario o habitual en determinados entornos internacionales puede alcanzar un valor económico muy elevado desde la perspectiva española, lo que dificulta determinar cuándo existe un riesgo para la integridad institucional o la apariencia de independencia de quien lo recibe.
"La transparencia no puede descansar exclusivamente sobre conceptos abiertos o valoraciones subjetivas", afirman desde la organización. En su opinión, "la mejor garantía" para proteger la integridad institucional es "establecer reglas claras, objetivas y verificables" que permitan a los ciudadanos conocer con exactitud "qué regalos reciben sus representantes y cuál es el destino final de los mismos".
Regalos al patrimonio público
La principal propuesta de GESTHA pasa por modificar la Ley de Transparencia y Buen Gobierno para introducir un límite económico expreso. De acuerdo con la reforma planteada, cualquier regalo, obsequio o cortesía recibido por un cargo público que supere los 150 euros debería incorporarse automáticamente al patrimonio de la administración correspondiente.
La medida se aplicaría con independencia de la procedencia del regalo o de las costumbres protocolarias del país de origen de quien lo entrega. El objetivo es evitar interpretaciones subjetivas y establecer un criterio uniforme para todos los responsables públicos.
Además, los técnicos reclaman que toda la información relativa a los obsequios recibidos sea pública y fácilmente accesible. Para ello proponen la creación de registros en las páginas web de las distintas instituciones estatales, autonómicas y locales donde se detalle la fecha de recepción, el valor estimado del regalo, la identidad de la persona o entidad que lo entrega y su destino final, ya sea personal o integrado en el patrimonio público.
Jueces y funcionarios
La propuesta no se limita a los representantes políticos. GESTHA plantea también modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para incorporar de forma expresa principios similares a los recogidos actualmente en el Código Ético para la Carrera Judicial.
En la actualidad, dicho código recomienda que jueces y magistrados no acepten regalos o atenciones que excedan las convenciones sociales o puedan comprometer su apariencia de imparcialidad. Sin embargo, los técnicos consideran que esas referencias deberían trasladarse al ámbito legal y complementarse con límites cuantificables.
Del mismo modo, reclaman reformar el Estatuto Básico del Empleado Público para fijar el mismo umbral de 150 euros en el caso de funcionarios y trabajadores de cualquier administración.
A juicio de la organización, el establecimiento de reglas comunes para políticos, jueces y empleados públicos contribuiría a reforzar la confianza ciudadana en las instituciones y a prevenir posibles conflictos de interés.
La cuestión fiscal
GESTHA recuerda además que la recepción de regalos de elevado valor no plantea únicamente cuestiones éticas o de transparencia, sino también implicaciones tributarias. En esta línea, los técnicos señalan que los regalos relevantes deben incluirse en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones cuando procedan de personas sin vínculo de parentesco. La tributación puede alcanzar importes significativos dependiendo del valor económico del bien recibido y de la normativa aplicable en cada comunidad autónoma.
Asimismo, recuerdan que la obligación de declarar existe respecto de cada donante individual y que las administraciones tributarias autonómicas disponen de un plazo de cinco años para revisar y liquidar estas operaciones.
Más control sobre las relaciones de influencia
La propuesta se enmarca en una reivindicación más amplia de GESTHA para reforzar los mecanismos de integridad pública. Los técnicos vienen reclamando desde hace años una regulación más estricta de las actividades de representación de intereses y una mayor transparencia en las relaciones entre responsables públicos y grupos económicos.
Según sostienen, el problema no radica exclusivamente en la existencia de actividades de lobby, sino en la falta de información pública sobre determinadas relaciones y en la insuficiencia de los mecanismos de supervisión.
Por ello, defienden ampliar las obligaciones de transparencia, reforzar los órganos de control y mejorar los sistemas de fiscalización tanto internos como externos.
La polémica surgida a raíz de las informaciones sobre las joyas vinculadas al expresidente Zapatero ha servido así para reactivar un debate recurrente sobre la necesidad de fijar límites claros y verificables a los regalos que reciben quienes ejercen funciones públicas. Para GESTHA, la solución pasa por sustituir criterios interpretables por reglas concretas: un máximo de 150 euros y publicidad completa de cualquier obsequio recibido en el ejercicio del cargo.
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